Efraín Cepeda sale en defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por escándalo de la UNGRD: “Creo que va a salir airoso”

En medio de todo el escándalo que se vive en el país por cuenta de las revelaciones por la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se refirió a los señalamientos que hay en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

El funcionario del Gobierno Petro fue vinculado por la Fiscalía General de la Nación al caso de corrupción donde se habría presentado una presunta compra de votos en el Congreso para favorecer las reformas del Ejecutivo.

“Álvaro Gómez decía que a la gente hay que creerle. El ministro ha dicho que él no es ejecutor del gasto y hay que anteponer una presunción de inocencia. Conozco al ministro como un hombre serio, limpio y creo que va a salir airoso”, dijo Cepeda desde Cartagena.

Sin embargo, Cepeda resaltó el trabajo de las autoridades e indicó que en este escándalo se debe llegar al fondo de la red de corrupción para que se castigue a los implicados. “Hay que rodear y fortalecer la justicia colombiana. Creo en la justicia colombiana, en los jueces, en la Fiscalía. Lo que requerimos es que tomen decisiones y que sean decisiones rápidas”.

Olmedo López, exdirector de la UNGRD, la cual fue utilizada para la asignación de recursos públicos con los cuales se habría pagado la mermelada a los presidentes de las cámaras del Congreso y a otros integrantes del Legislativo, para que impulsaran la aprobación de las reformas de la administración de Gustavo Petro, ha mencionado de manera reiterada el nombre de Bonilla.

La Fiscalía reveló cuál fue el papel de cada uno, en particular de Olmedo López, y cómo junto con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hoy presidente encargado de Colombia, direccionaron los contratos que salieron de la UNGRD y que sirvieron para sacar los recursos destinados al pago de sobornos.

“Usted, señor Olmedo, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorro (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes”, señaló la Fiscalía.

En el relato de los hechos, la Fiscalía también explicó cuáles senadores, aparentemente, estaban interesados en los contratos que salieron de la UNGRD en determinados departamentos, no solo con los carrotanques, como inicio de este escándalo, sino de otras exigencias que surgieron de estudios, al parecer, manipulados con el único objetivo de firmar los contratos.

“En los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República, Julio Elías Chagüi, Wadith Alberto Manzur, Karen Astrid Manrique, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo Maya”, señaló la Fiscalía.

El ente acusador advirtió de qué manera salieron los recursos públicos de la UNGRD con destino al pago de sobornos de congresistas, principalmente al entonces presidente del Senado, Iván Name; de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, y por orden –aparentemente– del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González.

“Coordinó usted, señor Olmedo, con Sneyder Pinilla, la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, quien para la época de los hechos era la consejera para las Regiones de la Presidencia de la República. Y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas”, explicó la Fiscalía en la imputación.

Advirtió la Fiscalía, con contundencia, que fue por instrucción de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y a través de Sandra Ortiz, entonces consejera para las regiones, que se repartieron los sobornos entre los congresistas que aparecen vinculados y con una compulsa de copias del ente acusador.