POLÍTICA
El caso Petro en el Consejo Nacional Electoral y la presunta financiación irregular de su campaña: se avecinan cuatro meses de infarto
El tiempo empieza a correr. La defensa de Gustavo Petro y los demás investigados tienen claro que el proceso caduca en junio. Al interior del CNE, no descartan que se extienda unas semanas más.
Tal y como estaba previsto, la mayoría de magistrados de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral no aceptaron las nulidades que la defensa de Gustavo Petro y los directivos de su campaña presentaron contra los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada y decidieron seguir adelante con la investigación por la presunta financiación irregular de la primera y segunda vuelta presidencial estimada en 5.300 millones de pesos.
De nueve magistrados solo tres salvaron su voto en favor del gobierno, entre ellos, los togados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez, dos reconocidas abogadas cercanas a Petro, y Altus Baquero, del Partido Liberal.
Con esa decisión, empezará en firme la etapa probatoria.
SEMANA confirmó que los magistrados Ortiz y Prada— ponentes de la investigación contra el presidente— deberán decidir cuáles de las pruebas solicitadas por Gustavo Petro, Ricardo Roa— hoy presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial del Pacto Histórico—, la auditora, María Lucy Soto, y los partidos políticos a quienes se les elevó pliego de cargos.
La próxima semana, Ortiz y Prada decidirán qué pruebas aprobarán, pero lo más probable es que las acepten todas porque, de lo contrario, la defensa acudiría a la tutela y ganarían tiempo.
Entre ellas podría estar la que solicitó la auditoria María Lucy Soto, quien pretende que le otorguen dos meses para presentar un informe pericial donde está dispuesta a desvirtuar varias pruebas en su contra, como la supuesta omisión del Polo Democrático a la campaña, la factura de publicidad del Canal Caracol y las facturas emitidas por la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) frente a los vuelos aéreos del entonces candidato Gustavo Petro.
“El dictamen es pertinente toda vez que tiene relación directa con la supuesta omisión en el reporte de gastos que, en sentir del Consejo Nacional Electoral, no tuvo en cuenta la campaña Petro Presidente durante la primera y segunda vuelta presidencial”, se lee en los descargos de la auditora divulgados por SEMANA.
Este medio confirmó que la defensa de Petro, Roa y los partidos políticos tiene claro que la investigación caduca en junio de 2025. No obstante, al interior del Consejo Nacional Electoral consideran que podría extenderse unas semanas más.
El tiempo corre y el objetivo de los seis magistrados, que negaron las nulidades del presidente y su entonces gerente de la campaña, es que el CNE tome una decisión y se vote en derecho antes de junio.
Tal y como están las cosas, hasta finales de mayo de 2025 habrá tiempo para la práctica de pruebas porque la ley habla de 60 días hábiles y se tiene que tener en cuenta Semana Santa.
Si la etapa probatoria termina a finales de mayo, los magistrados tendrán un tiempo estrecho para tomar una decisión.
El problema es que el presidente Gustavo Petro podría terminar amasando más poder en el Consejo Nacional Electoral porque en marzo de 2025, el Senado y la Cámara aceptarán la renuncia del magistrado César Lorduy y se elegiría a su reemplazo. El gobierno se moverá para que sea del Pacto Histórico o un abogado con afinidad a la izquierda.
Si eso ocurre, el caso Petro estaría perdido.
Hoy, por ejemplo, hay mayorías en contra de Gustavo Petro en el CNE (6-3) porque el magistrado César Lorduy —cercano a Cambio Radical— sigue en el cargo, pero si el petrismo consigue otro voto, el escenario quedaría (5-4) y no habría mayorías calificadas para tomar una decisión en contra o en favor del primer mandatario. Entonces, la decisión recaería en un conjuez y el tiempo jugaría en favor del presidente.
