El Centro Democrático tuteló al Ministerio de Hacienda y al CNE porque no ha podido hacer oposición en medios nacionales como ordena la ley

El Centro Democrático, el partido de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, acudió a la acción de tutela como mecanismo legal para que no le vulneren el derecho a las réplicas por televisión nacional a las que tienen derecho y que están consagradas en el Estatuto de Oposición.

La molestia del partido del expresidente Álvaro Uribe radica en que en los tres primeros meses del actual gobierno la bancada no ha podido acudir a los espacios de televisión y radio nacional a manifestar sus posiciones.

SEMANA conoció el documento de tutela que la colectividad radicó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá donde piden “tutelar los derechos fundamentales a la igualdad y a la oposición, vulnerados por el Ministerio de Hacienda, en cabeza del ministro José Antonio Ocampo y el Consejo Nacional Electoral (CNE), en cabeza de la magistrada Fabiola Márquez, su presidenta, quienes al no asignar los espacios institucionales en televisión y radio para la divulgación política, vulneran nuestros derechos fundamentales a la oposición y que fueron reconocidos con la Ley 1909 de 2018, conocida como el estatuto de la oposición”.

La segunda pretensión busca ordenar al Ministerio de Hacienda el costo de los espacios (en los medios), que será asumido en el Presupuesto General de la Nación, “para lo cual se apropiarán anualmente las partidas necesarias y se realice de manera inmediata la designación de la partida presupuestal para que el CNE ejecute la distribución de espacios en televisión nacional y radio a los que tenemos derechos las organizaciones políticas declaradas en oposición”.

Por último, pidieron a la justicia que ordene al Consejo Nacional Electoral “que dentro de las 48 horas siguientes al fallo realice la asignación en cada canal de televisión y emisora, de aquellos espacios a los que tenemos derechos las organizaciones políticas declaradas en oposición” .

En el documento, el partido uribista recordó que en la actualidad esa fuerza política cuenta con 13 senadores y 15 representantes a la Cámara por diferentes circunscripciones territoriales.

Además, informó que el 8 de agosto de 2022 radicó ante el Consejo Nacional Electoral un oficio en el cual comunicó su papel de oposición al gobierno de Petro.

SEMANA conoció que la tutela fue asignada al Juzgado 23 Laboral y deberá ser resuelta en menos de 48 horas.

El congresista del Centro Democrático, Juan Espinal, recordó que la oposición, según la ley, tiene derecho, entre otras, a 30 minutos mensuales de televisión y radio a nivel nacional, pero no han podido disponer del espacio.

Varios sectores del uribismo han advertido que así la justicia falle la tutela a su favor, el momento para presentar sus posiciones frente al gobierno de Petro ya pasó. Es decir que la oposición se quedó sin manifestar sus posturas durante los tres primeros meses del gobierno, en los cuales el Gobierno avanzó en el Congreso en reformas como la tributaria y la política.

“A la fecha las organizaciones políticas declaradas en oposición no hemos tenido acceso a medios de comunicación en radio y televisión, vulnerándosenos con esto nuestros derechos fundamentales a ejercer libremente la función crítica frente al gobierno del presidente Petro, así como de plantear y desarrollar alternativas políticas diferentes a las expuestas o implementadas por este”, se lee en la tutela.

Este reclamo se suma a lo ocurrido el pasado fin de semana con el senador del Centro Democrático, José Vicente Carreño, a quien la Presidencia no dejó ingresar a un consejo de seguridad en Arauca. “Me dijeron ‘no, qué pena, pero para usted no hay ingreso y este es el protocolo de Presidencia”, contó en SEMANA.

Lo mismo que el episodio que sucedió con las senadoras Paloma Valencia y Paola Holguín, quienes buscaron que la réplica al discurso de posesión de Gustavo Petro se transmitiera en el Canal Institucional y en el Congreso, pero no lo consiguieron, según ellas, porque el presidente del Congreso, Roy Barreras, se opuso.