¿El Congreso del cambio? Representantes a la Cámara ahora podrán gastarse $10.800 millones en tiquetes aéreos

A pesar de que una de las promesas de algunos de los nuevos congresistas era llegar al Legislativo para reducir los amplios privilegios de los que gozan, hasta el momento es poco lo que se ha hecho.

No solo se trata de su generoso salario, que supera los 35 millones de pesos, sino el hecho de tener tiquetes aéreos para viajar a sus regiones, oficinas equipadas y robustos esquemas de seguridad.

A pesar de los anuncios, la realidad poco ha cambiado y los congresistas continúan con sus privilegios a pesar de la indignación de la ciudadanía que no comprende cómo, por ejemplo, los colombianos tienen que seguirse metiendo la mano al bolsillo para costear los tiquetes aéreos de los congresistas.

Por lo menos así seguirá ocurriendo por los próximos 15 meses, según indica el contrato de comisión CC_2413_2022 firmado por la comisionista Correagro S.A y la Cámara de Representantes, con el que se busca garantizar que los representantes a la Cámara tengan asegurados sus tiquetes aéreos hasta el 31 de diciembre de 2023.

Según el documento, conocido por SEMANA, el presupuesto oficial definido para garantizarles los tiquetes a los congresistas de esta corporación será de 10 mil 812 millones de pesos, de los cuales 1.826 millones podrán ser gastados en los que resta de este año y se comprometieron vigencias futuras por 8.896 millones de pesos para este mismos propósito durante el próximo año.

Según el contrato, la empresa prestadora del servicio tendrá que tener disponibilidad las 24 horas para atender cualquier inconveniente que tengan los parlamentarios con sus tiquetes.

“Atender y tramitar durante las 24 horas en forma inmediata y efectiva cualquier modificación, conexión, cancelación, confirmación o cambio que se presente en la reserva o los tiquetes previamente expedidos que solicite el supervisor del servicio”, indica una de las condiciones señaladas en el documento.

Estos tiquetes tendrán que ser en clase económica, “salvo casos de fuerza mayor”.

La negativa a reducir los privilegios de los parlamentarios no se da solo en la Cámara; a finales de agosto, el Senado renovó el convenio, por 15.000 millones de pesos, para brindarles esquemas de protección con camionetas de lujo a sus congresistas.

SEMANA conoció el más reciente convenio interadministrativo, firmado este 25 de agosto entre la Unidad Nacional de Protección y el Senado de la República, con el que se renuevan los esquemas de seguridad de los congresistas que forman parte de esta corporación.

El convenio número 925 de 2022 tendrá un costo de 15 mil millones de pesos, de los cuales el Senado de la República aportará 9.376 millones de pesos, los cuales estarán destinados al pago por la asignación de vehículos blindados para los congresistas; la Unidad Nacional de Protección pondrá a disposición todo el equipo técnico humano y logístico, que tendrá un costo de 5.678 millones de pesos.

A pesar de la millonaria cifra que saldrá de los bolsillos del Estado, pues tanto el Senado como la Unidad Nacional de Protección se manejan con recursos públicos, este contrato apenas cubre los costos de protección para los senadores por tres meses, es decir, del 27 de agosto al 30 de noviembre, luego de lo cual seguramente será necesaria la realización de un nuevo convenio.

La magnitud de la seguridad que tiene cada senador depende del riesgo que cada uno corra, pero existe un llamado “kit básico” que proporciona dos camionetas, una en Bogotá y otra en territorio, dos hombres de la Policía y un escolta de la UNP que conduce el vehículo.

Mientras tanto, tal como ocurría en años anteriores, se han vuelto costumbre las denuncias por ausentismo en los debates, lo que ha llevado en varias ocasiones a levantar las sesiones. Por ejemplo, esta semana la senadora Paloma Valencia puso en evidencia que apenas 26 de los 108 senadores se quedaron hasta el final del debate de control político que había sido citado para analizar la situación por las inundaciones en La Mojana.

Un hecho similar ocurrió la semana pasada en la Comisión Primera de la Cámara, citada para debatir el proyecto para reglamentar la eutanasia. En el momento de la votación para aprobar el orden del día solo había 16 representantes presentes de los 39 que componen esta célula legislativa. Se tuvo que levantar la sesión. Esto se debe en buena medida a que para los congresistas se ha vuelto normal no llegar a la hora fijada.

SEMANA tuvo acceso a las actas de la Secretaría General de la Cámara y se encontró con un hecho indignante: más del 30 % de los parlamentarios llega una y hasta dos horas tarde a las sesiones. Por ejemplo, a la sesión plenaria del 13 de septiembre de este año, 54 de los 181 representantes llegaron más de una hora tarde.

Este tipo de hechos llaman la atención, si se tiene en cuenta que tanto el Senado como la Cámara están presididos por miembros del Pacto Histórico, fuerza política que llegó bajo el lema del cambio.

Si bien es cierto que, tal como argumentan desde el petrismo, no se pueden cambiar décadas de problemas que envejecieron mal en apenas cuatro meses que lleva este Congreso, los colombianos esperan que los congresistas empiecen, por lo menos, a disminuir algunos de sus privilegios de manera voluntaria, especialmente cuando ellos mismos tramitan una reforma tributaria que tiene preocupados a miles de colombianos.