El cumpleaños de las dudas sobre la financiación del referendo

Este jueves, 3 de septiembre, se cumplió un año desde que el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, le pidió al Consejo Nacional Electoral que investigara las cuentas del dinero con el que se financió el proceso de recolección de firmas que respaldan el referendo reeleccionista. 

Sin embargo, el CNE todavía no ha tomado una decisión de fondo. En la mayoría de los casos, a la semana siguiente de que se radica una ponencia en este tribunal, conformado por nueve magistrados, la sala toma una decisión. Sinembargo, el próximo 9 de septiembre se cumplirán dos meses desde que el magistrado José Joaquín Vives radicó la ponencia de la investigación.

Sigue sin resolverse la pregunta de la justicia electoral sobre si los promotores del referendo reeleccionista violaron la Ley que establece los topes de financiación para las consultas.

La ponencia de Vives impone sanciones contra los promotores del referendo, pues en su criterio sí se violaron los topes de la financiación. Pero la mayoría de los magistrados han evitado todo este tiempo dar su veredicto, pese a que en medios de comunicación se han publicado los documentos que indican que sí hubo violación de los topes de la financiación.

La estrategia de dilación de la mayoría de los magistrados del CNE ha incluido excusas como que uno de los magistrados se fue de vacaciones, otro fue al médico con su esposa, entre otras. Además el CNE también ha recibido las demandas de los promotores de la iniciativa que argumentan que la ponencia de Vives viola su derecho a la presunción de inocencia. En varias ocasiones la sala se ha reunido a resolver esas demandas, pero tampoco han tomado una decisión.

Las cuentas del referendo fueron motivo de un álgido debate entre los defensores de la iniciativa, opositores al gobierno y uribistas no reeleccionistas. La razón fue que las cuentas que presentaron los promotores del referendo no fueron claras desde el principio.

Historia de una dilación anunciada

Luego de que el Registrador pidió al CNE que investigara, el primero en asumir el caso la financiación del referendo fue el magistrado Héctor Osorio (hermano del ex embajador en México Luis Camilo Osorio). Pero después de un largo lapso de tiempo, formuló una ponencia que decía que el CNE no era competente para investigar esas cuentas. Esa ponencia fue derrotada por 8 votos contra 1.

Después, por tener el apellido siguiente en la lista de magistrados en orden alfabético Vives asumió el caso. En marzo de este año, el magistrado Vives presentó una ponencia que ordenaba la imputación de cargos a los promotores del referendo, por violación a los topes de financiación establecidos por la Ley. Sin embargo, la sala negó la imputación y solo ordenó la apertura formal de investigación. Es decir, el CNE decidió que se investigara más, y amplió el plazo para el veredicto a otros tres meses.

Sin embargo, otros casos que apenas acabaron de radicarse la semana pasada ya son objeto de discusión. Por ejemplo, el del Partido Conservador que decidió no participar en la consulta interna del 27 de septiembre, fallo impugnado por Andrés Felipe Arias porque en su criterio viola los estatutos del partido. La pregunta es: ¿por qué los magistrados se negaron tanto tiempo a tomar una decisión sobre un tema tan importante?

La estrategia de dilación del CNE tenía como objetivo evitar un conflicto con los reeleccionistas del Congreso. Los magistrados saben que de su decisión dependen muchas otras decisiones y que será motivo de un gran debate. Por ejemplo, su veredicto será tenido en cuenta por la Corte Constitucional en la revisión que esta hará del referendo.

Si los magistrados hubieran decidido condenar a los promotores del referendo le habrían dado argumentos al Congreso para votar en contra de la iniciativa. Pero los magistrados, cuya mayoría pertenece a los partidos políticos uribistas, prefirieron no pronunciarse en un momento en el que se discutía el proyecto de referendo en el Congreso.

“La semana entrante es muy probable que sí se vote la ponencia del magistrado Vives”, dijo a Semana.com uno de los magistrados del CNE que integran la sala. Es decir, la dilación dio resultado. Una vez el referendo fue aprobado por la Cámara, el CNE se siente con más libertad para votar la ponencia.

Los votos

Los magistrados que integran el CNE son: Ciro José Muñóz Oñate, de Alas Equipo Colombia; Marco Emilio Hincapié Ramírez y José Joaquín Víves, del Partido Liberal; Adelina Covo Guerrero y Carlos Ardila Ballesteros, de Cambio Radical; Juan Pablo Cepero, Pablo Guillermo Gil de la Oz y Héctor Osorio, del Partido Conservador; y, Oscar Giraldo Jiménez, del Partido de la U.

El magistrado Osorio insiste en que el CNE no es competente, por lo cual votará contra la ponencia. Giraldo y Cepero han dicho que tienen algunas observaciones a la ponencia. Es probablemente que voten, junto a Gil y a Osorio contra la ponencia. Los otros cinco por el contrario podrían votar a favor de la ponencia. Es decir, al final la votación sería 5 a favor y 4 en contra.

Pero en este tribunal la mayoría la conforman las dos terceras partes de la sala. Es decir, seis magistrados. Como no hay mayoría en la decisión, la sala deberá nombrar tres conjueces. En ese caso, dos de los tres conjueces, serán los que darán su veredicto definitivo a la ponencia.

Es una probabilidad que a pesar de las evidencias de la violación de los topes de financiación, los jueces terminen por absolver a los promotores del referendo votando contra la ponencia. De ser así, este sería un lunar más en la historia de la justicia electoral.

¿Qué pasa con las cuentas?

A pesar de que Semana.com solicitó a Luis Guillermo Giraldo, ex secretario del Partido de la U y representante de los promotores, revelar los nombres de los financiadores, como el artículo 95 de la ley 134 de 1994 lo permite, él se negó a hacerlo.

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Este hecho fue el comienzo de una actitud velada que buscaba ocultar quienes financiaron la recolección de firmas y cuánto dinero sumaba sus aportes.
El número de firmas y su validez fueron certificadas por el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez. No obstante, la financiación no, porque en su criterio habían varias inconsistencias.

En el transcurso de los debates en el Congreso salió a la luz quiénes fueron los financiadores de la polémica iniciativa. Entre ellos están los nombres de varias empresas contratistas del Estado y de sectores que han recibido un gran apoyo de este gobierno.

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Pero, lo que más generó dudas es que los aportes individuales al proyecto sobrepasan el tope que fija el CNE cada año, a través de una resolución. Esta norma dice que el monto total de una financiación no podrá superar los 335 millones de pesos, y que el aporte individual no podrá superar el uno por ciento de esa financiación.

Lea la resolución aquí

No obstante, la cuentas que presentó Giraldo y los promotores del referendo incluyen fondos por más de 2 mil millones de pesos. Además, dentro de los 109 donantes hay un aporte de 150 millones de pesos –que supera en 40 veces el tope legal- que lo hizo la firma Consultores del Desarrollo firma vinculada a la familia Name, reconocida por su cacicazgo electoral en la Costa Caribe y que hace parte de los contratistas del Estado.

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Sin embargo, pese a estas cuentas los promotores de la iniciativa del referendo (que también son investigados penalmente por la Fiscalía por el delito de fraude procesal) justificaron las cuentas del proyecto diciendo que se trató de un préstamo que les hizo la Asociación Colombia Primero, que es integrada por varios de los mismos promotores.

Pero, un alto ejecutivo de una de las empresas que más aportó dinero a la campaña y que aparece en la contabilidad, consultado por Semana.com, explicó que la organización Colombia Primero no pidió en calidad de préstamo el dinero, sino en calidad de donación. “Para actividades relacionadas con el referendo y otras”, dijo la fuente que pidió su reserva. Por esta razón, para muchos analistas se trató de una triangulación en la que el dinero salió de un bolsillo de los promotores y pasó a otro de ellos mismos.

Lo que puede pasar en caso de que el CNE falle definitivamente contra los promotores del referendo es que el Registrador no certifique la financiación de la consulta. Durante los debates en el Congreso en tres ocasiones el Registrador dijo que este certificado era necesario para aprobar la iniciativa. La oposición argumentó que eran “requisitos de procedimiento”, es decir, que hasta que no se cumplieran no se podría votar el referendo en el Congreso. Pero las mayorías no hicieron caso de esos argumentos.

Si el CNE decide condenar a los promotores, la decisión podría servir de argumento a los magistrados de la Corte Constitucional para decir que el proyecto no tiene los requisitos constitucionales.