Departamento de Estado de Estados Unidos menciona a Nicolás Petro en un capítulo sobre lucha contra la corrupción en informe sobre Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, presentó oficialmente un informe sobre prácticas de derechos humanos en distintos países en 2023, entre ellos Colombia. En el apartado sobre “Corrupción en el Gobierno”, se refirió a las investigaciones que se adelantan en contra del “presidente de la República”.

“La ley establecía sanciones penales por corrupción de funcionarios y, en general, el Gobierno implementó estas leyes de manera efectiva, aunque en ocasiones los funcionarios incurrieron en prácticas corruptas sin castigo. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, particularmente a nivel local y en relación con la implementación de los fondos del acuerdo de paz. Había corrupción dentro del sistema de justicia. Los ingresos procedentes de la delincuencia organizada transnacional, incluidos el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, exacerbaron la corrupción”, dice el informe presentado por la Casa Blanca.

Y agrega: “Corrupción: la Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro. La corrupción administrativa en los puertos facilitó el tránsito de drogas ilícitas. Los periodistas que informaban sobre corrupción se enfrentaban periódicamente a amenazas”.

Por otro lado, en el apartado sobre corrupción, el informe menciona que la justicia también ha investigado a congresistas y altos funcionarios del Gobierno. Y que tienen el reporte de que desde enero iniciaron 12 nuevas investigaciones contra 9 exsenadores, 3 exrepresentantes de la Cámara, que se adelantan 36 investigaciones a 39 exgobernadores, hay 94 investigaciones a 25 gobernadores y 4 investigaciones a exalcaldes.

El informe del gobierno de Joe Biden también hace referencia a temas relacionados con derechos humanos y las investigaciones que se adelantan en ese sentido, entre ellas violaciones cometidas por algunos miembros del Estado. Esto, basado en informaciones de oenegés.

Igualmente, cuestiona el accionar de algunos grupos armados en el territorio, especialmente de comunidades indígenas y políticos de esas comunidades. “Según la Fiscalía General, en casos relacionados con los más de 1.000 asesinatos de defensores de derechos humanos entre enero de 2016 y agosto de 2023, el Gobierno había obtenido 166 condenas. Los motivos de los asesinatos variaban y, a menudo, era difícil determinar el motivo principal en casos individuales”, reza el informe.

En materia de orden público, también se refiere al proceso de paz con las Farc en 2016 y reconoce que muchos disidentes no participaron de ese acuerdo. En ese sentido, también se refiere a un cese al fuego que se firmó con las disidencias de las Farc, pero que hoy está suspendido.

“Un porcentaje significativo de disidentes de las Farc eran miembros desarmados de redes de apoyo que facilitaban economías ilícitas. El 16 de octubre, el Gobierno firmó un acuerdo de alto el fuego de tres meses con el grupo disidente de las Farc Estado Mayor Central”, dice el informe del Gobierno de Estados Unidos.

Por otra parte, menciona los crímenes que cometió el ELN en 2023, a pesar de que ese año estaban ya sentados negociando con el Gobierno. “El Ejército de Liberación Nacional (ELN) cometió crímenes y actos de terror en todo el país, incluidos atentados con bombas, violencia contra la población civil y ataques violentos contra instalaciones militares y policiales. El Gobierno inició un alto el fuego de seis meses con el ELN el 3 de agosto, que fue supervisado por la Misión de Verificación de la ONU. Grupos armados ilegales y bandas de narcotraficantes, como el Clan del Golfo, cometieron abusos”.

En el informe también se señala que estos grupos armados, especialmente el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, “cometieron homicidios ilegítimos” en zonas en las que se desarrollan actividades económicas ilícitas sin una “fuerte presencia gubernamental”.