El exministro de Justicia Wilson Ruiz demandó ante el Consejo de Estado el decreto que le pagará a jóvenes para que no maten; pidió suspensión provisional

El exministro de Justicia Wilson Ruiz demandó ante el Consejo de Estado el decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro que pretende pagarles a algunos jóvenes colombianos para que no “maten.”

SEMANA conoció que se trata de una demanda que persigue la nulidad del Decreto 1649 del 12 de octubre de 2023, “por medio del cual se reglamenta el Artículo 348 de la ley 2294 de este año que crea el Programa Nacional Jóvenes en Paz”.

Los argumentos que expuso Ruiz son varios, entre ellos, la violación al principio de igualdad sobre los jóvenes que se ubican en área urbana y por conceder la transferencia económica solo a quienes sean beneficiarios del componente educativo y de trabajo comunitario, excluyendo a los beneficiarios de componentes de emprendimiento y salud mental.

“El Decreto demandado entró en vigor el pasado 12 de octubre de 2023 y desde su entrada en vigencia impacta de forma negativa en el ordenamiento jurídico al (i) generar una discriminación negativa respecto de los jóvenes de las zonas urbanas, donde la misma memoria justificativa indica que la mayoría de jóvenes del país, se ubican en dicha zona, asimismo, se detecta una desigualdad de trato en cuanto a los jóvenes destinatarios de los componentes de salud y emprendimiento, quienes no podrían disfrutar de la transferencia económica recibiendo un trato desigual respecto de aquellos destinatarios de los componentes de trabajo comunitario y educación”, se lee en la demanda.

Además, porque en el decreto del Ministerio de la Igualdad no se incluyó la metodología y la focalización de los potenciales beneficiarios.

Y por ser el estímulo económico ―según el exministro― “una perversa finalidad y por desviar la finalidad de transferencia económica cuyo fin es exclusivo de pagar la dedicación a las actividades y suplir las carencias alimentarias de los participantes y no estimular la participación que es lo que pretende el decreto demandado”.

SEMANA conoció que Wilson Ruiz se fue con toda contra el Gobierno.

De un lado, radicó la demanda del decreto y del otro pidió al Consejo de Estado como medida cautelar la suspensión provisional del decreto. En otras palabras, que se congelen, al menos por ahora, los pagos que el Ministerio de la Igualdad contempla realizar a los beneficiarios.

“Se reitera la necesidad y urgencia en que se adopte una medida suspensiva de la Resolución acusada con miras a efectivizar las posibles consecuencias del juicio de legalidad dado que, pasado el tiempo previsto en la duración del trámite ordinario de nulidad, muy seguramente se agraven o sean ya daños consumados e irreparables”, se lee en el documento.

El Gobierno dejó claros los requisitos para que, al menos, 100.000 jóvenes accedan al beneficio:

1. Estar en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios.

2. Tener residencia habitual en zonas rurales.

3. Ser, haber sido o tener riesgo de ser víctima de explotación sexual.

4. Estar o tener riesgo de estar vinculado o vinculada a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado.

5. Estar en vulnerabilidad por tener residencia habitual en territorios afectados por la violencia o el conflicto armado.

Los beneficiarios podrían recibir el dinero durante 18 meses.