El extorsionista de los famosos: así opera el falso exfuncionario de la Unidad Nacional de Protección que ha buscado lucrarse engañando a líderes políticos del país

Todo empieza por un mensaje de WhatsApp de un supuesto exfuncionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que se le ha presentado a varias figuras políticas del país ofreciéndoles información de sus detractores a cambio de dinero. El sujeto se hace llamar Brayan Zapata y comienza la interacción con sus víctimas enviándoles fotografías y videos en mensajes de una sola visualización en los que les muestra que tiene acceso a presuntas conversaciones que a ellos podrían interesarles.

Así fue que este hombre abordó a la directora del Dapre, Laura Sarabia, al magistrado del CNE César Lorduy y a la representante a la Cámara Íngrid Aguirre, prometiéndoles tener en su poder material que podría servirles en sus causas políticas. Zapata asegura haber integrado el esquema de seguridad de un importante senador y sostiene que la información que tiene en las manos llegó a él cuando otras figuras influyentes descuidaron sus teléfonos celulares en medio de eventos públicos en los que él estaba trabajando como escolta.

Hay poca claridad sobre quién es realmente él. La UNP confirmó a SEMANA que no hay ningún funcionario que tenga ese nombre y este medio conoció las denuncias de sus víctimas con pantallazos en los que el número de teléfono que los contacta y la fotografía del perfil de quien les escribe es la misma.

El intento de extorsión a Lorduy comenzó con un mensaje de una supuesta funcionaria del Dapre que se presentó como Martha Lucía Uribe y le indicó contactarse con Zapata. “Esto es una comunicación off the record (sic). Lo va a contactar un funcionario de la UNP, su nombre es Brayan Zapata”, le escribió la mujer asegurándole que debía poner atención a ese mensaje porque él tenía información que podía servirle. SEMANA intentó comunicarse con ese número de teléfono, pero la línea desde la que inició ese contacto ya no está disponible.

En ese momento entra en acción el falso agente de la UNP. Le escribe y le muestra chats de la representante Íngrid Aguirre con Patricia Caicedo, quien para el momento del intento de extorsión estaba a punto de perder su candidatura a la Alcaldía de Santa Marta por el partido Fuerza Ciudadana, en los que ellas hablan de manejos políticos en el Magdalena.

Para corroborar la veracidad de esas conversaciones, Zapata envía también los números de los interlocutores de esos mensajes. Lo particular del extorsionista de las figuras influyentes es que él parece ser una persona con relativo acceso al poder, pues los números de teléfono que comparte, así como las fotos de perfil de esas líneas, sí son las mismas que han tenido en sus cuentas de WhatsApp quienes fueron blanco de sus intentos de robo.

Lorduy no accedió a pagar dinero a cambio de las conversaciones que le ofrecían y su caso fue denunciado ante el Gaula de la Policía y la Fiscalía, así como el de la congresista Íngrid Aguirre, a quien contactó el mismo sujeto mostrándole capturas de pantalla de lo que serían mensajes enviados por Lorduy a un interlocutor desconocido en los que hablaban de un presunto plan para atacarla. El magistrado le aclaró a SEMANA que él jamás pensó en dañar la integridad física de la representante del partido Fuerza Ciudadana.

Brayan Zapata fue quien contactó directamente a la congresista y le presentó un video de dos minutos con 17 segundos en el que le mostraba ese supuesto diálogo de Lorduy con la excusa de que este había descuidado su celular en un evento social y él podría entregárselo a cambio de una suma de dinero que debía darle en efectivo en un punto de encuentro en Bogotá. Cuando se iba a concretar la cita, el delincuente cambió el lugar de la reunión para un municipio a las afueras de la ciudad, pero ella no accedió porque ya el caso estaba en manos del Gaula.

La otra víctima fue la directora del Dapre, Laura Sarabia, a quien Zapata contactó diciéndole que había trabajado en el Congreso y le dijo tener información de un plan que querían efectuar dos representantes para atacarla con una campaña de desinformación en su contra. Pero para obtener ese material, le dijo Zapata, tenía que pagar.

Ella no accedió a sus pretensiones y presentó la denuncia ante la Fiscalía en un caso en el que recientemente fue citada a ampliar su declaración porque la funcionaria del Gobierno aseveró que, además de ser víctima de extorsión, estaba siendo blanco de un plan orquestado para sacarla del Gobierno.

SEMANA se comunicó al número del extorsionista y en la línea respondieron que ese teléfono ya estaba en manos de una persona llamada Catalina, quien recientemente había adquirido el teléfono. Cuando este medio quiso indagar más detalles sobre desde cuándo el tutor de la línea había cambiado, no hubo más respuestas, pero llama la atención que el perfil de WhatsApp aparece asociado a una empresa y no a una persona natural.

Con ese mismo modus operandi de extorsión fueron blancos el excanciller Álvaro Leyva, la magistrada Cristina Lombana, un importante dirigente gremial del país y un senador de un partido de oposición. A Lombana quien la contactó fue un sujeto que se presentó como Edward Soto, que afirmó estar vinculado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y tener información “de suma relevancia” sobre un supuesto escándalo que orquestarían en su contra Armando Benedetti y Alexánder López Maya, director del DNP.

Lo particular de esa comunicación es que el contenido de los mensajes estuvo acompañado de una página web que sí llevaba al dominio del DNI (según verificaron para entonces los agentes de seguridad), dando cuenta de que entre los estafadores pueden estar hackers que intentan usurpar las conexiones web del Estado.

Esos ofrecimientos llegaron en mensajes de una sola visualización que la magistrada abrió en compañía de su equipo para poder guardar imágenes que documentaran su contenido, material que luego fue utilizado para presentar la denuncia ante la Unidad de Delitos Informáticos de la Fiscalía.

“Él tiene el teléfono de todos. Es como si alguien que tuviera acceso a altos funcionarios del Estado usara nuestras líneas y se aprovechara de circunstancias particulares para ganarse la confianza de sus víctimas”, contó una de las personas que fue blanco de los intentos de extorsión de quienes se presentan como supuestos exfuncionarios públicos.

El excanciller Leyva contó en su momento que sí cayó en las redes del extorsionista y terminó pagando la suma de 30 millones de pesos a cambio de supuesta información sobre el proceso de pasaportes con Thomas Greg & Sons. El extorsionista de los poderosos aprovecha sus batallas políticas o judiciales para intimidarlos.

Al magistrado Lorduy, por ejemplo, la representante Aguirre lo señaló por presunto acoso, y la magistrada Lombana ha llevado casos sobre Benedetti, mientras que el excanciller Leyva estuvo en la puja del Gobierno con Thomas Greg & Sons. A pesar de estar en diferentes sectores, todos terminaron siendo blancos del extorsionista, pero queda un interrogante, ¿cómo accedieron Zapata y Soto a esos números telefónicos?