“El Gobierno ha llevado a la fuerza pública a una especie de parada”: Humberto de la Calle. Dice que hay un descontrol territorial

El senador Humberto de la Calle está preocupado por el regular avance que ha tenido la implementación del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc. Por eso, citó a un debate de control político para hacerle seguimiento a las tareas que tiene el Gobierno de Gustavo Petro con ese proceso.

Y es que el mandatario llegó al poder con la promesa de implementar la paz, pero De la Calle sostiene que en la práctica se ha visto un retroceso institucional para cumplir ese prometido. Es más, si bien ya no hay conflicto con ese grupo armado, el senador hace una dura alerta: Colombia está viviendo una fase de descontrol territorial.

En esta conversación con SEMANA, Humberto de la Calle lanzó duras alertas sobre la situación de seguridad de Colombia: asegura que el cumplimiento de la paz se ha dado por debajo de sus expectativas, critica que el Gobierno Petro haya llevado a la fuerza pública a “una especie de parada” y pide que se replanteen las tareas del comisionado de paz, Danilo Rueda.

SEMANA: Usted convoca a un debate de control político sobre la implementación del acuerdo de paz. ¿Qué está faltando?

Humberto de la Calle (H.C.): Es un balance de luces y sombras. Hay cosas que se han venido cumpliendo, otras que no existen. Prácticamente, no hay implementación del acuerdo del Teatro Colón y en ese claroscuro queremos ir con los responsables del Gobierno punto por punto para que haya total claridad. Esto nos implicará mirar temas de reforma rural integral, donde hay algún grado de compromiso del Gobierno; los PDET y PNIS que son los programas de sustitución de cultivos ilícitos, algunos de los cuales prácticamente se han abandonado; el grave recrudecimiento de los temas de seguridad y el control territorial.

Es triste confrontar la retórica del Gobierno con la realidad. El presidente ha repetido que va a cumplir los acuerdos del Teatro Colón a rajatabla y la verdad es que ni desde el punto de vista presupuestal ni organizacional se ha visto lo que esperábamos.

SEMANA: Señala que prácticamente no hay implementación. ¿Qué puntos no se están implementando?

H.C.: Hay implementación parcial por debajo de lo que confiábamos que era el compromiso de este nuevo Gobierno. En la reforma rural integral se han reactivado las cifras de entrega de tierras a los campesinos, de ingreso de tierras al fondo, pero no en los niveles óptimos para cumplir las metas que se fijaron en el Acuerdo de La Habana. Es positivo que se plantee comprar las tierras y no expropiar, pero en el Acuerdo de La Habana dijimos que no era necesario comprarlas, sino recuperarlas de las manos de los corruptos.

En la reforma política no hay nada, pero eso es responsabilidad de los dos gobiernos y el Congreso. Los planes de desarrollo con enfoque territorial tienen una ejecución muy lenta y en cuanto a sustitución de cultivos estamos desbordados de áreas sembradas.

SEMANA: Usted ha reiterado que hay un descontrol territorial en el país…

H.C.: No voy a sostener que solo en este Gobierno se presentan problemas de seguridad, pero en 2016 con la firma del Acuerdo hubo un momento de remanso en muchas zonas de Colombia. Ahora están disparados el secuestro, la extorsión, hay descontrol territorial e incluso bombas. Algunas comunidades están pidiendo que se lleven a la Policía porque prefieren no tener uniformados y ese es un muy mal síntoma. Ya no estoy hablando solo de inseguridad, sino de un descontrol territorial que se ha revertido en el asesinato de líderes sociales y de firmantes del acuerdo. El panorama es complejo.

SEMANA: El Gobierno de Gustavo Petro, ¿en qué nivel ha logrado satisfacer sus expectativas en los temas de paz y de seguridad?

H.C.: El conflicto ha tenido cambios respecto a lo que sucedía en el 2016 después de la firma con las Farc. La presencia de bandas criminales se ha expandido, es una situación distinta porque no son grupos que estén contra el Estado, sino que tienen guerras entre sí donde el papel del Estado termina siendo o árbitro, como pasa en Arauca, o en cierto grado de desconcierto de la fuerza pública. Yo sí creo que es necesario ser mucho más explícito con la fuerza pública, no sostengo que Petro le haya dicho que haya una “operación Tortuga”, pero sí creo que los decretos del cese de fuego del 31 de diciembre generaron un espacio muy difícil para los comandantes. Han llevado a la fuerza pública, sobre todo en ciertos sitios, a una especie de parada.

SEMANA: Ese descontrol territorial del que usted habla se está sintiendo especialmente en los municipios priorizados en el Acuerdo. ¿Qué evidencias hay?

H.C.: El porcentaje de homicidios en Colombia es de 14 por 100.000 habitantes, mientras que en las zonas PENIS y PDET es de 23: casi el doble de lo que está pasando en el resto del país. En ciertas zonas el aumento del secuestro ha sido del 82 %, además del asesinato de líderes. Hay más descontrol en los territorios. En el Cauca hay casi una guerra con las bombas, en Argelia alrededor de 10.000 personas se quedaron sin servicio de agua por acciones terroristas, hay alertas en Tibú y Jamundí. Hay incluso una vulnerabilidad de la Policía por el plan de estar matando policías, estamos viendo situaciones como el crecimiento de las masacres, que se habían disminuido. Yo no estoy diciendo que estábamos en paz, pero sí estoy diciendo que hay un incremento de ese descontrol territorial.

SEMANA: ¿Cómo califica la gestión del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda? ¿Qué le ha faltado?

H.C.: Le han atribuido demasiadas funciones: tiene las conversaciones con el ELN y el sometimiento de las bandas. Y cometieron el error que no han enmendado de agregarle al comisionado la responsabilidad por la implementación del acuerdo de La Habana, lo que es pordebajear el acuerdo. Aquí realmente hay una especie de degradación orgánica de esta responsabilidad que no se nos prometió corregirla. Necesitamos que el presupuesto para la paz se vigorice.

SEMANA: Esta semana, el presidente volvió a convocar a marchas para apoyar las reformas sociales. ¿El llamado a las calles deslegitima las tareas del Congreso?

H.C.: No voy a exagerar y acudir a la tesis de que aquí hay una especie de dictadura por parte del Gobierno. Que las manifestaciones públicas le lleguen al Congreso, que sea un mensaje también para el Congreso, me parece que es legítimo. Al Congreso lo presiona todo el mundo. El problema es si esto se degenera y empieza a convertirse, así sea de manera subrepticia, en una forma de amenaza. Un ejemplo es el desfile en la Plaza de Bolívar, con un cierto ritmo y una organización, llamémosla entre comillas militar, me parece que ya empieza a entrar en un terreno donde sí queda en la penumbra como la idea de una presión indebida sobre el Congreso. Para resumir, que la ciudadanía presione al Congreso pacíficamente y que se congregue para eso, me parece que es correcto, válido, y para eso estamos preparados, pero mucho cuidado con el comportamiento de esas manifestaciones.

SEMANA: Su nueva lucha legislativa es la muerte médicamente asistida. ¿Por qué está buscando que ese procedimiento sea un derecho?

H.C.: La muerte médicamente asistida, es decir, la muerte digna, se traduce en tres instrumentos: los cuidados paliativos, que lo que hace es mitigar los índices de dolor; la suspensión de los tratamientos, es decir, desconectar al paciente; y la muerte médicamente asistida. Es un derecho que se basa en dos cosas. Primero, que yo tengo un plan de vida digna y el derecho a que esa dignidad permanezca y, cuando desaparezca, tengo el derecho a anticipar mi muerte porque no estoy obligado a sufrir unas horrendas circunstancias de salud. Los elementos centrales son dignidad de la vida, libertad, consentimiento impecablemente pronunciado y regular los documentos de voluntad anticipada. También somos sumamente respetuosos de la objeción de conciencia, pero que no sea institucional porque esta discrimina a quienes trabajan en la clínica, si no de cada profesional de la salud.

SEMANA: En medio del debate ya hubo un cambio en el artículo sobre la muerte médicamente asistida en los niños…

H.C.: El problema de fondo es que los derechos fundamentales pertenecen a todas las personas. Pensar en la muerte médicamente asistida para un niño, al menos emocionalmente, es una tragedia. Pero, si hay un derecho, sería absurdo decir que un niño no lo tiene. Eso es una discriminación. Sin embargo, también hay que reconocer que el consentimiento de un niño es problemático. Nuestra primera posición era que hasta los 6 años no podía haber muerte asistida, solo cuidados paliativos o desconexión, pero ese límite cambió hasta los 14 años en medio del debate en la Comisión Primera. Nuestra premisa sigue siendo reivindicar la vida.

SEMANA: Su proyecto tiene mucha resistencia entre el sector más conservador del Congreso. ¿Cómo ve los apoyos en las plenarias?

H.C.: Hay que reconocer que no es fácil porque para muchos la muerte todavía pasa por concepciones religiosas y morales de vieja data. Seguramente va a haber una discusión aguda, lo cual hay que entender porque este tema es muy político, pero yo confío en que con una visión razonada y cuidadosa, como lo estamos haciendo, y respetuosa también de otras opiniones logremos obtener mayoría.