El Gobierno Petro ahora va por los servicios públicos. SEMANA revela detalles del texto que meterá en cintura a las empresas prestadoras

Una de las primeras tareas que el presidente Petro le encomendó al superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, fue estructurar un proyecto de ley que reforme los servicios públicos. Quiroga recogió información de ministerios y sectores, y la compiló en un documento con recomendaciones que apuntan a reformar la Ley 142.

Hoy, la pelota está en manos del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien ya tiene el proyecto que se radicará en el Congreso en el segundo semestre del año. El texto, en los próximos días, llegará al despacho de Petro, quien le dará el visto bueno.

SEMANA conoció las líneas gruesas de la iniciativa. Entre ellas, hay un artículo para fortalecer la vigilancia y el control del Estado a las empresas que prestan los servicios públicos en Colombia. A juicio de Quiroga, la superintendencia no ha ejercido de forma eficaz sus funciones de vigilancia porque no tiene las herramientas para hacerlo. Hoy, esa entidad solo cuenta con personal en siete ciudades capitales.

Además, el proyecto buscará acelerar los tiempos de los procesos sancionatorios contra las empresas prestadoras de servicios, lo que ha despertado preocupación por una posible persecución al sector privado por parte de la Casa de Nariño.

En la superintendencia hay investigaciones que completan hasta dos años y no se resuelven. Con la reforma se pretende que al final de dos o tres audiencias, que tardarían hasta cuatro meses, se produzcan decisiones.

En medio del fortalecimiento de la superintendencia, se busca que el Congreso legisle sobre las sanciones estipuladas contra las empresas prestadoras de servicios que, a juicio de la entidad, son laxas.

El proyecto busca ser concertado con los prestadores de los servicios públicos. Asimismo, tendrá un artículo que promoverá la revisión del modelo tarifario, “porque se está pensando más en la regulación del negocio y el mercado que en el usuario”, aseguró Quiroga. “Se está olvidando que los servicios públicos son esenciales y que debe darse prelación a los usuarios, mirar un equilibrio entre la rentabilidad de las empresas y la tarifa que pagan los ciudadanos”, explicó.

Por ejemplo, el nuevo proyecto contemplaría facilidades para que los usuarios puedan pagar sus obligaciones en materia de servicios públicos. En el texto se hablará de la garantía del mínimo vital a los colombianos, los derechos de los usuarios y el derecho al debido proceso.

En la Superservicios señalan que se debe poner en cintura a las empresas que cambian los medidores sorpresivamente y sin consentimiento del usuario. “No puede hacerse a las malas, debe haber un procedimiento”, explicó Quiroga.

El mínimo vital contempla que no se les pueda suspender el servicio a familias que no tengan los medios económicos para pagar sus recibos. Se habla de personas en pobreza extrema, desempleados, pobladores de zonas periféricas y rurales que están desprotegidos.

¿Incentivo al no pago?

Aunque para algunos sectores el proyecto promovería un incentivo al no pago de los servicios, el superintendente Quiroga cree lo contrario. No se descarta que el Estado destine un pequeño subsidio para financiar. “El mínimo vital es para las personas que estén en estado de debilidad manifiesta”, explicó.

Los servicios los seguirán prestando empresas públicas, privadas y comunidades, tal como ocurre hoy y está consagrado en la Constitución. Es decir, no habrá estatización, le dijo Quiroga a SEMANA. “El Estado ha sido ineficiente en garantizar la calidad y la eficacia de los servicios públicos. Una gran parte del país no tiene servicios con calidad, eficiencia y continuidad”, agregó.

Según cifras del director de Planeación, Alexánder López, hay 12,8 millones de personas sin acceso a acueducto, de las cuales 3,2 millones no cuentan con agua potable. Como si fuera poco, 818.000 viviendas (cerca de 4 millones de personas) no cuentan con energía eléctrica.

Quiroga le dijo a SEMANA que el Congreso tiene que legislar para que haya más “democratización” de los servicios. “En algunos casos, como en la energía y el aseo, los servicios están convertidos en monopolios y oligopolios y hay que democratizar para que haya más competencia”.

El superintendente afirmó que la generación de energía está en manos de “oligopolios”. “Como hoy se está hablando de la energía solar, hay que buscar mecanismos para que haya más participación en la prestación de los servicios por parte de las comunidades, de otros sectores económicos, que las comunidades puedan autogestionar. Se sabe que los monopolios imponen condiciones, y tenemos que pensar que los usuarios son el centro de atención de los servicios públicos”.

En otras palabras, “cuando hay un monopolio u oligopolio es muy difícil que haya una competencia porque cuando todo está monopolizado se dificulta que ingresen al mercado en la prestación de servicios nuevas empresas o prestadores. Se trata de democratizar, ampliar un poco el espectro de prestadores de servicios”.

Ese será uno de los puntos de controversia. El exsuperintendente Emilio José Archila dijo: “Para orgullo de nuestros empresarios de servicios públicos, la Corte Constitucional revisó el modelo de libre competencia y libertad de empresa, que sustenta las leyes 142 y 143, y confirmó que ese modelo, de libre competencia económica, es el que mejor garantiza los derechos de los usuarios de servicios públicos, los precios y las tarifas equitativas, la eficiencia en la prestación de los servicios y la cobertura que todos queremos para los colombianos”.

SEMANA consultó al experto Carlos Alberto Atehortúa, quien dijo: “Si llegan más empresas, no se puede afectar la competencia, esta ley no afecta la competencia, no restringe el acceso al mercado”. Explicó que el Grupo Energía Bogotá, el Acueducto de la capital y Empresas Públicas de Medellín, entre otras, “no tendrán afectación y podrán prestar los servicios”.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, el gremio que agrupa a las empresas de servicios públicos, sostuvo que la reforma es necesaria. “¿Qué nos preocupa? Que vayan a tratar de imponer un articulado para bajar tarifas, porque las leyes no son para bajar tarifas, sino para tener una política a largo plazo”, expresó.

“Hablar de que lo privado tiene que desaparecer y que lo público es lo único que funciona son dogmatismos que la ciencia ha demostrado que no son ciertos. Queremos que sea concertada, que no se improvise, que no cambiemos lo que funciona, que actualicemos lo que haya que actualizar, pero que no nos equivoquemos tratando de hacer populismo”, señaló Sánchez.

El proyecto, seguramente, será objeto de revisión en los próximos días. Aún se desconoce si se tramitará por vía ordinaria o estatutaria. Desde la superintendencia insisten en que no se trata de una estatización de los servicios públicos. No obstante, solo el día en que se conozca el articulado el país sabrá con exactitud cuál es el verdadero objetivo del Gobierno Petro con esta reforma.