Gobierno Petro no protege a firmantes de la paz: “Quisiéramos quedarnos, pero no hay garantías”. Hablan desterrados de Miravalle

A las cinco de la mañana se escucharon los primeros disparos. Por el ruido de las armas que lanzaban tiros desde algún lugar del monte, los firmantes de la paz que residen en Miravalle sabían que los enfrentamientos que se escuchaban no eran muy lejanos de ese espacio territorial de capacitación y reincorporación (ETCR), donde viven desde que se acogieron al acuerdo de paz, en 2016.

Era tan temprano que el sol no había salido, pero ese filo de montaña ubicado en una vereda de San Vicente del Caguán quedó sitiado por las confrontaciones entre las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), comandadas por alias Calarcá, y las de la Segunda Marquetalia, en medio de una disputa entre los dos bandos por ese territorio, epicentro del conflicto armado en Colombia.

En la mitad de tales combates quedaron los 82 residentes del ETCR de Miravalle, que llevan casi un año conviviendo con el recrudecimiento de la violencia en la zona y que ya no aguantan más, porque alias Calarcá les dio un ultimátum para que se vayan de ese espacio. Ellos, los exguerrilleros rasos que fueron protagonistas de la guerra, ahora son desplazados por ella.

Ese despertar en medio de hostilidades lo narró un firmante de la paz que habló con SEMANA desde el ETCR con el compromiso de no publicar su nombre, pues los exguerrilleros temen que atenten contra sus vidas por denunciar una cruzada en la que, aseguran, quieren ser neutrales.

“Hubo otro combate que duró seis horas durante la noche. No lo recuerdo bien, porque han sido tantos los casos que uno no los memoriza todos. ¡Uno piensa tantas cosas en ese momento! Tratamos de ayudar y tuvimos que gestionar una ambulancia para evacuar a campesinos heridos”, relató.

De tantas hostilidades que escuchan desde la vereda, ellos ya tienen un protocolo de acción para cuando comienzan los combates: no se exponen, ni siquiera salen de su espacio para mirar qué está pasando y se resguardan hasta que los fusiles se apaguen. Tienen miedo y por eso solo se alejan lo necesario cuando consiguen trabajo como jornaleros en alguna finca aledaña. Su salida definitiva será el 25 de julio cuando se desplacen a otra geografía, porque alias Calarcá, el disidente enfrentado con Iván Mordisco, les dio un ultimátum para irse.

“Cuando escucho los enfrentamientos, piensa uno de todo. Que no vaya a llegar donde está uno, porque si nosotros firmamos los acuerdos fue para alejarnos de todo tipo de confrontación, y las confrontaciones han sido muy cerca”. Ellos se fueron de la guerra y esta los persigue.

Uno de los protagonistas de esos combates, el EMC, les dio 40 días para desplazarse. Pero ellos eligieron irse en el día 35 de ese aviso para tener un tiempo extra a fin de instalarse en una nueva zona, a la espera de terminar todos los protocolos con el Estado colombiano, reportarles a las instituciones que se están yendo del lugar, no porque hayan dejado de creer en la paz, sino porque la falta de garantías para ella los desterró.

Es más, esta semana hubo una reunión en la que delegaciones del Gobierno les sugirieron quedarse con el compromiso de que dentro de la paz total que el presidente Gustavo Petro está intentando con esos dos grupos armados (cada uno con mesas de conversación aparte) habría una oportunidad de que cesen las hostilidades. Esa palabra no fue suficiente, pues ellos ya no confían en que las fuerzas del Estado puedan brindarles seguridad en Miravalle.

Vivir al filo de la guerra

La vereda está ubicada en una arista en la que colindan las montañas de Caquetá. Es una zona recta de casas blancas con techo color ladrillo y desde donde se ven los cultivos en los que trabajan, algunos ubicados dentro del mismo ETCR, y otros, en las haciendas aledañas en las que labran los campos, pues la renta básica que les da el Estado no es suficiente para vivir. En esas tierras cultivan arracacha, plátano, hay cerdos y peces.“Quisiéramos quedarnos, pero no hay garantías. ¿Cómo vamos a evitar que estos grupos armados atenten contra uno de nosotros? Es una guerra de guerrillas móviles enfrentadas entre ellas”, lamentó el firmante de la paz.

Un día en Miravalle comienza a las cinco de la mañana, a veces antes cuando los despiertan los enfrentamientos y en otras ocasiones cuando se levantan en silencio, en paz, a trabajar el campo. En ese mismo espacio entrenan rugby y tienen un proyecto de turismo ecológico en el río Pato que se verá frenado por el desplazamiento.El firmante que habló con SEMANA ya está empacando sus pertenencias (la nevera, un televisor y una cobija) para llevarlas consigo al ETCR de Doncello, que los recibirá de manera temporal porque aún no tienen una casa fija. En Miravalle la tierra era alquilada, pues ese espacio se encuentra en medio de procesos legales y están esperando que les digan a dónde podrán trasladarse cuando tengan que irse del otro ETCR.

Detrás del desplazamiento de los exguerrilleros está la disputa entre las disidencias del EMC y las de la Segunda Marquetalia; ambas los acusan de haberse aliado con el otro bando. “Varios excombatientes se han comprometido con los enemigos del pueblo y por ello se ha vuelto ese ETCR una zona más de conflicto”, sentencia el EMC señalándolos de ser “cómplices” de la Segunda Marquetalia. “En estas comunidades, integrantes del Estado Mayor Central también han sembrado miles de artefactos explosivos improvisados tipo minas antipersona, poniendo en riesgo a los habitantes de la región, afectando su movilidad y sus actividades agropecuarias. Incluso, ha habido casos de ganado mutilado por las explosiones”, sostiene la columna móvil Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia.

Ante el temor de los exguerrilleros, quienes hablan en su nombre son los representantes de los firmantes. “El día a día de ellos es que no salen. Antes tenían acciones comunitarias, y ya se abstienen de bajar del filo de la montaña para no exponer su seguridad. Moverse significa un trayecto de tres horas sin conexión de internet y teléfono, es un riesgo salir”, afirmó Laura Villa desde el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Ella, otra firmante de la paz, señala que están siendo estigmatizados por el conflicto y niega que estén tomando partido.

En Miravalle residen siete niñas, 17 niños, 14 mujeres y 44 hombres. El acta de desplazamiento fue firmada por 46 excombatientes, quienes pertenecen a ese grupo de personas, los que quedan de los casi 190 reincorporados que recibió ese espacio al momento de firmar la paz.

Pastor Alape, delegado de Comunes (el partido de los ex-Farc) ante el CNR, es claro: “Ellos están en estado de confinamiento, porque con la amenaza la gente no puede salir a desplazarse en los territorios. No les es posible moverse en total libertad por el territorio por el accionar de los actores armados, están en medio de un desplazamiento forzado porque el Estado no es capaz de garantizar la vida de los firmantes”.

Las cuatro personas cercanas a Miravalle que hablaron con SEMANA para este artículo negaron que los ex-Farc tomen bandos a favor de alguna de las dos disidencias. También rechazaron la hipótesis de que los estén presionando para retomar las armas, pero lo cierto es que los dos grupos armados acusaron a los exguerrilleros de aliarse con sus contendores.

Los firmantes de la paz están siendo intimidados por las dos disidencias, que siguen en hostilidades, pese a que están sentadas en mesas de diálogo con el Gobierno. Mientras esas instancias dan algún fruto, los exguerrilleros empiezan a vivir en carne propia el desplazamiento que los campesinos sufrieron durante décadas.

No obstante esa realidad, al menos quienes le hablaron a este medio aseguran que siguen en la ruta de la reincorporación. “La paz es un proceso muy difícil de alcanzar, pero si no trabajamos por ella nadie lo va a hacer. Nos toca entre todos aportar su granito de arena”.