El golpe fallido contra César Gaviria y el Partido Liberal en el Consejo Nacional Electoral: ¿qué pasó?

El grueso de magistrados del Consejo Nacional Electoral frenaron a la jurista Fabiola Márquez en su intento de sancionar al Partido Liberal y convocar a una convención antes de las elecciones de octubre para tumbar a César Gaviria. SEMANA revela cómo se cocinó el fallido golpe al trapo rojo.

Hace dos semanas, Márquez desempolvó una investigación en contra del Partido Liberal porque no realiza su convención nacional hace más de dos años, presentó una ponencia en contra de la colectividad y buscó su aprobación a pupitrazo. Pretendía sancionar al partido con 25 millones de pesos y, además, le otorgó un plazo hasta el 23 de junio para realizar su convención nacional, es decir, un mes después.

Los magistrados quedaron perplejos, entre otras razones, porque la ponencia de Márquez llegó a la sala sin ni siquiera estar en el orden del día y se dio días después de la insistencia de César Gaviria por oponerse a las reformas laboral, pensional y de salud de Petro.

El monto económico de la sanción no fue sorpresa porque está claro para el CNE que el Partido Liberal incumplió a la hora de realizar su convención y debe pagar una suma de dinero, tal como ha ocurrido con otros partidos políticos.

El veneno de la ponencia radica en que la magistrada Márquez fijó fecha de la convención, cuando casi nunca ocurre. Y menos, ad portas de unas elecciones regionales. La magistrada dijo que si el Partido Liberal no adelantaba el encuentro, las decisiones que adopte durante el período electoral -entre ellas el otorgamiento de avales- serían ilegales.

La ponencia de Márquez se interpretó como un ajuste de cuentas desde la Casa de Nariño a César Gaviria porque, según las cuentas en voz baja del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, si hoy se hiciera una convención nacional y se eligiera a un nuevo director, el expresidente difícilmente se sostendría.

SEMANA conoció que el ambiente en la sala del CNE fue tenso porque Márquez no ocultó la urgencia por aprobar su ponencia. Tampoco su disgusto al no lograr su propósito.

Los magistrados se preguntaron por qué si la investigación estaba desde el 21 de junio de 2022, se pretendía aprobar su ponencia sin agendarse previamente. Asimismo, ¿por qué si otros partidos tampoco han realizado su convención no son investigados actualmente?

Otro de los temas que inquietó es por qué mientras el CNE le otorgó 60 días de plazo a la Liga de Gobernantes Anticorrupción para su convención, Márquez le dio plazo al liberalismo hasta el 21 de junio.

El tema llevó al magistrado Benjamín Ortiz, cercano al liberalismo, a exigir su derecho a la rotación de la ponencia y el proceso terminó en sus manos. Actualmente estudia su contenido y no tiene un plazo para pronunciarse.

Aunque podría avalar, modificar o tumbar la ponencia de Fabiola Márquez hasta después de las elecciones de octubre, atravesarse al Gobierno y de paso garantizar que César Gaviria se sostenga en la dirección del Partido Liberal y pueda otorgar avales en las elecciones regionales, el magistrado fijará su postura en cuestión de semanas.

Lo más probable, según le dijo una fuente a SEMANA, es que la ponencia mantenga o aumente la sanción económica al Partido Liberal porque desde luego no ha hecho su convención desde hace dos años. Incluso, podría fijar un plazo para la convención, pero no en breve tiempo, como quiere Márquez.

Al fin y al cabo, el Polo Democrático fue sancionado por los mismos hechos el 24 de julio de 2020 y le ordenaron una multa de 35 millones de pesos, pero no se le exigió adelantar la convención. La misma historia ocurrió con el Partido de la U, sancionado el 4 de mayo de 2022 con 15 millones y no se habló de fechas para la asamblea.

Además del tiempo con el que cuenta Ortiz para estudiar la ponencia, hay otro factor en favor de César Gaviria. Hoy, el CNE necesita mayoría calificada de seis votos de los ocho magistrados. Recordemos que Altus Vaquero fue suspendido por el Consejo de Estado por falta de experiencia.

Como están las cosas, las mayorías no están garantizadas. Y a Ortiz lo respaldan los magistrados César Lorduy, Maritza Martínez, entre otros.