Aterrador panorama: el inicio del 2023 ha sido el periodo con más masacres de los últimos cuatro años en Colombia

Los colombianos aún no habían terminado de desearse el feliz año cuando ocurrió la primera masacre de 2023. Dos sicarios llegaron en motocicleta, en pleno primero de enero, al establecimiento conocido como El Pentágono, ubicado entre los municipios de Río de Oro (Cesar) y Ocaña (Norte de Santander). Los hombres entraron al lugar, pidieron cervezas y se sentaron en una de las mesas como dos clientes más de la taberna. Minutos después, se levantaron y asesinaron con arma de fuego a dos hombres e hirieron con objeto cortopunzante a dos mujeres que estaban en el sitio.

Esta escena, con pequeñas variaciones de tiempo y lugar, se repite en Colombia, en promedio, cada 2,5 días. Así lo evidencian cifras de la organización Indepaz, que fueron recopiladas y analizadas por SEMANA.

A pesar de que, contrario a lo que ocurría en anteriores años, cuando había escándalo cada vez que se daba una masacre en Colombia, ahora estos episodios parecen sepultados por el silencio, pero ello no quiere decir que hayan dejado de ocurrir.

De hecho, este inicio de 2023 es en el que más masacres han ocurrido en los últimos cuatro años. Entre el primero de enero y el 28 de febrero de este año, el país presenció 21 masacres, 38% más que en este mismo lapso de 2022, cuando se presentaron 13 episodios. En 2021, la cifra fue de 14 y en 2020 fueron 10 casos.

Si se analiza por el número de víctimas, el panorama es aún mucho más aterrador. Entre enero y febrero de 2023 fueron asesinadas 67 personas en medio de masacres, una cifra muy superior al 2022, cuando murieron 40 colombianos, y al 2021, cuando se dio la muerte de 52 personas.

El preocupante aumento de este fenómeno se da justo cuando se empieza a hacer evidente la ausencia de una Política de Seguridad y Defensa que oriente la acción de la Fuerza Pública en el marco de la llamada paz total anunciada por el presidente Gustavo Petro.

No es coincidencia que el repunte de estos episodios criminales se haya dado justo después del anuncio de cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc hecho por el Gobierno nacional.

Los actores ilegales parecen estar aprovechando el espacio dejado por el Gobierno para asesinar líderes, masacrar y confinar comunidades enteras en medio del terror. Así lo demuestran los datos: el 25% de las masacres que se han presentado este año han sucedido en Antioquia, un departamento en el que se volvió costumbre ver a miembros de las disidencias de las Farc pasearse por las escuelas, con el fusil al hombro, adoctrinando niños.

Mientras tanto, en el municipio de Nariño, en este mismo departamento, los ciudadanos tienen temor de salir a la calle y los comercios permanecen cerrados, por cuenta de las amenazas y el hostigamiento del Clan de Oriente, grupo que ha hecho dos paros armados este año.

Antes, según recuerda el historiador Fernán González, la mayoría de las masacres sucedía en medio del conflicto armado entre los grupos paramilitares y las extintas Farc.

Sin embargo, hoy en día la fuente de las disputas es otra: se aleja del conflicto armado interno y se arraiga en los intereses de grupos de crimen organizado. Hay una relación entre las masacres y el registro de disputas territoriales entre grupos armados, que buscan controlar la explotación de rentas ilegales derivadas principalmente del narcotráfico y de la minería ilegal. Esta es la médula del asunto.

De hecho, no es gratuito que el 15% de las masacres están concentradas en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño, un corredor estratégico para sacar droga por el Pacífico.

“El miedo no permite ningún asomo de construcción de procesos sociales y perpetúa la siembra de coca como único recurso para subsistir. La guerra oculta problemas gravísimos del país como la corrupción y el saqueo de los recursos naturales de las comunidades y cuando los líderes nos oponemos nos encontramos con la resistencia de grupos armados”, aseguró un defensor de derechos humanos en el Pacífico y líder de la organización Afrodes.

Mientras se da este panorama, el fiscal Francisco Barbosa ha insistido en que se ha venido bajando la guardia en lucha contra el narcotráfico y la criminalidad.

“Usted no desmantela esto, si no es atacando las economías criminales. En el fondo, a la hora de la verdad, yo tampoco anticipo resultados positivos en ningún tema que tenga que ver con la ‘paz total’ si no hay una lucha frontal contra el narcotráfico en Colombia”, le dijo a SEMANA el fiscal general,.

De acuerdo con el jefe del ente acusador, el problema no es solo la menor incautación y erradicación, sino que no se están ejecutando las órdenes de captura.

“Tenemos 3.619 órdenes de captura sin ejecutar, 71 órdenes de captura por autoría de masacres sin ejecutar”, reveló Barbosa.

A esto se suma el hecho de que en el Gobierno parece haber algunos funcionarios con la intención de favorecer a toda costa a los narcotraficantes. Esta semana, el fiscal general destapó un mico en el proyecto de humanización del sistema carcelario, en el que se incluía un beneficio para los grandes narcos.

“Hace tres o dos semanas había dos proyectos de resolución en el Consejo Nacional de Estupefacientes, uno para beneficiar el tránsito libre del cemento hacia el sur del país y zonas donde básicamente no se va a utilizar para hacer carreteras, sino para la elaboración del clorhidrato de cocaína. Al mismo tiempo se quiere ampliar las unidades familiares para dejar que las familias puedan recoger cuatro cosechas al año de hoja de coca, la cual les produce 25 kilos al año, les deja 70 millones de pesos anuales. La situación es muy complicada”, manifestó Barbosa

Mientras las comunidades siguen presenciando masacres cada 2,5 días, desplazamiento y terror, llama la atención que los llamados sectores alternativos que hasta hace algunos meses, con todo el derecho, lanzaban alertas cada vez que ocurría un episodio de violencia, ahora que están en el poder han optado por no volver a mencionar el tema. ¿De la paz total al silencio total?