El juicio contra Álvaro Uribe: lo que viene en un caso con repercusiones históricas. ¿Persecución política o proceso justo? El expresidente es un ‘trofeo’ de guerra

Para unos, fue coincidencia, para otros, algo intencional. Justo el 9 de abril, cuando en Colombia se conmemoraba el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, y antes de que se vencieran los términos, la Fiscalía dio a conocer su decisión de llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal. Esta es la primera decisión de alto impacto en la era de la fiscal Luz Adriana Camargo, ternada por el presidente Gustavo Petro. Si bien ella no ha querido referirse personalmente a este caso, los más suspicaces incluso han llegado a sugerir que la acusación contra el expresidente habría formado parte de sus compromisos con algunos magistrados de la Corte, a cambio de ser elegida. En todo caso, la oposición está en alerta ante el temor de que en el país haya iniciado una persecución política y judicial contra los opositores al Gobierno Petro.

Mientras los enemigos políticos de Uribe celebraron, en otros sectores se dispararon las alarmas ante la posibilidad de estar frente a la materialización de un plan de persecución contra el expresidente más popular hoy en el país. El mismo que acorraló a las Farc, cuyos comandantes, en una paradoja de la historia, están hoy en el Congreso, libres, protegidos por el mismo Estado, sin condena alguna y sin haber reparado a sus víctimas, tras ocho años de la firma del acuerdo de La Habana, en el Gobierno Santos. La consigna de los exjefes de las Farc ha sido ver a Uribe respondiendo en los estrados y condenado. El expresidente, para ellos, es un trofeo de guerra. El país ha sido testigo de que este caso ha sido impulsado por el senador Iván Cepeda, quien se ha declarado víctima.

Lo que Colombia y la comunidad internacional presenciarán de aquí en adelante, y de nuevo, estará ligado a las elecciones presidenciales de 2026, ya que para las de 2018 a Uribe lo llamaron a interrogatorio, justo cuando Iván Duque, su candidato, iba punteando en las encuestas. Ya con el caso en la Fiscalía, en 2022, Uribe prácticamente tuvo que marginarse de apoyar a un candidato presidencial. La discusión en ese momento era si Uribe sería imputado o no. En 2025, cuando inicie en firme la campaña presidencial y al Congreso, Uribe estará sentado en un juicio. Lo más seguro es que, en ese momento, no habrá una decisión definitiva en contra o a favor del expresidente. Los tiempos son cortos. Pero, sin lugar a dudas, sus contradictores políticos tratarán de utilizar su situación jurídica en la plaza pública para obtener réditos. Sin embargo, abogados de todas las vertientes aseguran que el caso prescribirá en octubre del próximo año. Si es así, en 2026, cuando los colombianos vayan a las urnas a elegir al sucesor de Petro, probablemente Uribe podría estar más fuerte que nunca después de haberse sometido a la justicia y podría influir a tal punto que algunos dicen que los colombianos elegirían de nuevo “al que diga Uribe”.

Pero sus enemigos no se van a quedar quietos y, desde ya, tienen planes con los cuales tratarían de mantener enredado jurídicamente a Uribe, garantizando que quede por fuera del juego electoral, en el que ha sido el mayor elector en la historia reciente (gobernó por ocho años y fue decisivo en los triunfos de Santos y Duque).

No cabe duda de que, tras la decisión de la fiscal Camargo, todos los ojos estarán puestos en el ente acusador. Entre las decisiones pendientes, que quedaron cuando concluyó el periodo de Francisco Barbosa, hay varias que afectan directamente al presidente Petro, a su hijo Nicolás, su campaña y su entorno político más cercano. El país quiere saber qué pasará con la anunciada nueva imputación contra Nicolás Petro y en qué parará el juicio en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Por ahora, todo indica que el fiscal Mario Burgos, quien ha liderado las investigaciones, continuará a cargo de las mismas.

Otro expediente crucial es el de la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Petro. En este caso, el exjefe de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Jaimes, antes de ser trasladado, tenía lista la imputación contra tres personajes clave: el presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña, Ricardo Roa; Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos y expresidente de Colombia Humana, y un alto directivo de Fecode. También se había tomado la decisión de compulsar copias contra el presidente Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara. ¿La fiscal Camargo dará luz verde para que sus fiscales materialicen estas decisiones? La situación jurídica de Laura Sarabia, la mujer más poderosa del Gobierno y mano derecha de Petro, también está por definirse en las investigaciones por el escándalo del polígrafo en un sótano al frente de Palacio a su exniñera Marelbys Meza. Este expediente dio origen a otro por las macabras chuzadas contra la humilde mujer y, por lo menos, otras tres personas. Todo nació en la pérdida de un dinero de Sarabia. Hay otros casos que enredan al comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina; a la exministra Irene Vélez y al exsenador Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama.

Un caso polémico

La investigación, que incluso tuvo en detención domiciliaria al expresidente Uribe, y que ahora lo lleva a juicio, arrancó, paradójicamente, con una denuncia del exmandatario contra el hoy senador Iván Cepeda por supuesta persecución y manipulación de testigos en su contra. El proceso se convirtió en una verdadera novela político-judicial que está por cumplir seis años en los despachos, aunque arrancó hace más de diez. Cepeda terminó limpio y Uribe acusado. Denuncias, indagatorias e interrogatorios, interceptaciones ‘accidentales’, testigos, fiscales y magistrados cuestionados, filtraciones y una clara manipulación política forman parte del proceso que tiene a Uribe acusado por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

El caso estuvo en la Corte Suprema de Justicia y pasó a la Fiscalía cuando el expresidente renunció al Senado y a su fuero. Desde entonces, el proceso ha tenido cinco fiscales, ha pasado por las manos de varios jueces, un magistrado de la sala de instrucción y ha tenido dos solicitudes de preclusión y el reciente llamado a juicio.

El 16 de febrero de 2018, y con el radicado 52601, el expresidente Uribe se convirtió en indiciado. La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en su contra. El propio Uribe ha denunciado que la Corte les negó a sus abogados la existencia de una investigación en su contra y que jamás le recibieron su versión libre. “Conocí el proceso cuando me llamaron a indagatoria”, dijo el expresidente ahora que la Fiscalía lo cita para acusarlo. “Los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Alberto Castro Caballero, al adelantar la investigación en contra de mi persona, negaron a mis abogados la existencia del proceso”, añadió Uribe.

Una fuente le dijo a SEMANA: “Hay algo que me llama poderosamente la atención: me parece que están cambiando en cierta forma la teoría del caso, desde el punto de vista probatorio. Mientras en la imputación de la Sala Penal se pretendía una demostración de la calidad de autor de la conducta, únicamente mediante inferencias, en la acusación del fiscal, este se compromete a probar que sí existieron ‘instrucciones precisas’”.

La fuente agregó: “Entonces una de dos: o el fiscal es extremadamente torpe, comprometiéndose probatoriamente con algo que no puede demostrar sin prueba directa y que tampoco es indispensable para solicitar la condena, o confía en que puede llegar a tener la prueba directa. Adicional a ello, los testigos citados en el escrito únicamente serían testigos de referencia sobre esas supuestas instrucciones directas y no podrían ser tenidos en cuenta, según la ley 906”.

Cuando el proceso estuvo en la Corte, Uribe terminó siendo interceptado en medio de un supuesto “error”. Sus comunicaciones fueron escuchadas fraudulentamente en el proceso contra el entonces congresista Nilton Córdoba. Hasta hoy, nadie ha pagado por ello.

Las selectivas y editadas filtraciones, durante más de dos años, ambientaron en la opinión pública, de alguna manera, la culpabilidad del expresidente Uribe a tal punto que la fotografía de su reseña, cuando fue detenido, se convirtió en un trofeo para sus contradictores políticos y una especie de victoria parcial. Una juez levantó la orden de captura.

Otro punto clave fue cómo la magistrada Cristina Lombana, de la sala de instrucción, fue apartada del proceso por formar parte de las Fuerzas Militares, pero el magistrado César Reyes, de la misma sala, nunca fue impedido, aun cuando su esposa trabajó en el mismo lugar de la pareja del senador Cepeda, quien ha liderado esta denuncia contra Uribe. Tampoco valió que Reyes hubiese trabajado para el acuerdo de paz entre Santos y las Farc, combatidas ferozmente por Uribe.

“El magistrado ponente de mi encarcelamiento, César Reyes, el día de la indagatoria se jactaba haciendo entrar periodistas a la Corte, incluso fotógrafos a la sala donde sucedía la diligencia”, señaló el expresidente.

Este asunto ha sido tan polémico que incluso el entonces magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares reconoció que, en medio de una decisión trascendental en el alto tribunal sobre el caso Uribe, algunos magistrados recibieron llamadas del expresidente Juan Manuel Santos, el mayor enemigo político de Uribe.

Mientras tanto, tras la segunda solicitud de preclusión de la Fiscalía, el caso llegó al Tribunal de Bogotá. Allí pasó a manos del magistrado Carlos Andrés Guzmán, quien no advirtió que fue subalterno del exfiscal Eduardo Montealegre, este último hoy se presenta como supuesta víctima en el proceso contra Uribe.

Los testigos

Juan Guillermo Monsalve, un preso condenado a 40 años de cárcel por secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, se convirtió en el testigo estrella contra Uribe. Su declaración contra el expresidente, el 22 de febrero de 2018, ante la entonces magistrada auxiliar Sandra Lucía Yepes Arroyave, dejó muchos interrogantes. La togada generó polémica por la manera en que desarrolló la diligencia. Le sopló permanentemente, se escuchaban sus sonrisas en la grabación y hasta previno al preso ante la posibilidad de que fuera trasladado de cárcel como algo que podría ser horrible.

Monsalve asegura que trataron de presionarlo para que cambiara su testimonio contra Uribe. Mientras tanto, el expresidente afirma que recibió una alerta de que, supuestamente, Monsalve quería confesar que había sido presionado para declarar contra él. Y que, por eso, le pidió a su abogado Diego Cadena (también en juicio por estos hechos) que hiciera las indagaciones del caso. Monsalve terminó grabando con un reloj a Diego Cadena, en la cárcel. Todo lo hizo con su entonces pareja, la médica Deyanira Gómez, de quien 15 informes de inteligencia militar aseguran que perteneció a las Farc y en la organización criminal la llamaban la Chiqui. Hoy ella está fuera del país y es supuestamente una víctima en el caso.

En abril de 2021, SEMANA destapó las pruebas contra Monsalve que demostraban cómo extrañamente, y bajo lo que parecía la complicidad de algunas autoridades, disfrutaba de privilegios mientras permanecía preso en La Picota. A tal punto que le permitían ingresar mujeres y costosos licores para sus bacanales. A pesar de las denuncias, Monsalve siempre ha tenido un blindaje y sigue gozando de condiciones especiales en su lugar de detención.

Sobre la compulsa de copias del fiscal Gabriel Jaimes para que se investigara la supuesta manipulación de pruebas por parte de los testigos, en el caso contra Uribe, tres años después no se sabe nada. En cambio, la Fiscalía acaba de anunciar imputaciones contra los testigos de la defensa de Uribe. Se trata de Enrique Pardo Hasche y el abogado Samuel Arturo Sánchez.

Por otra parte, Uribe y su defensa han denunciado que testimonios gravísimos como el que entregó la exfiscal Hilda Niño fueron desestimados. La exfuncionaria aseguró que le ordenaron buscar declaraciones que enredaran a Uribe y a su hermano con grupos paramilitares. El exparamilitar conocido como el Tuso Sierra también reveló las reuniones en las que le indagaban por el expresidente y con nombre propio advirtió quiénes eran los protagonistas. En la mitad quedan las visitas a las cárceles de varios congresistas, entre ellos Iván Cepeda y la fallecida Piedad Córdoba, en las que buscaban supuestamente pruebas para involucrar a Uribe. Esas visitas no han sido investigadas.

La acusación

El pasado 10 de abril, solo unas horas después de haber sido llamado a juicio, Uribe reaccionó ante la decisión de la Fiscalía e hizo un recuento de todas las irregularidades que, según él y sus abogados, ha habido en el proceso. Su mensaje terminó con una lacónica frase: “Me abren las puertas de la cárcel sin pruebas”.

El escrito de acusación contra el expresidente es completamente opuesto a los dos anteriores en los que la Fiscalía pedía la preclusión del caso. El fiscal Gilberto Villarreal no dejó espacio para la duda. Afirmó que el expresidente Uribe actuó como “determinador”, es decir, como supuesto responsable de llevar a otros a cometer un acto criminal.

“El doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la república, contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos y/u otros medios probatorios que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente cierto(a)s o que no correspondían a la realidad y que les sirviera para falsear o colocar en duda versiones que contra él y su hermano Santiago habían rendido y reiterado los señores Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda, entre otros, particularmente con ocasión de la investigación previa referida atrás o por actuaciones penales distintas y que se ventilaban ante la Corte Suprema de Justicia o ante otras autoridades”, dijo la Fiscalía.

Mientras se supone que en la Fiscalía deberían avanzar las investigaciones contra los testigos que, según la primera solicitud de preclusión, manipularon los elementos de prueba en esta acusación, lo dicho por esos testigos, Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda, goza de plena credibilidad.

SEMANA tuvo acceso a un anexo que presentó la Fiscalía en el escrito de acusación. Se trata de un documento en el que se enumeran los testigos, las pruebas, las inspecciones y los informes de policía judicial que acompañarán el juicio contra Uribe.

La Fiscalía advierte que serán citados 34 testigos, entre denunciantes, investigadores, abogados, presos, senadores, exfiscales y hasta magistrados del Consejo Nacional Electoral, como Álvaro Hernán Prada, también investigado en este caso.

El listado de testigos lo encabezan el senador Cepeda y los presos que insisten en que fueron sobornados por el abogado Diego Cadena, que también aparece en el puesto seis de llamados a declarar en el juicio. Igualmente, están el exfiscal Eduardo Montealegre, su exvicefiscal escudero Jorge Perdomo y hasta el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Adicionalmente, se incluyen 40 elementos de prueba con documentos, recibos, audios, grabaciones y conversaciones que se completan con 243 informes de policía judicial y anexos con los que la Fiscalía pretende demostrar la supuesta responsabilidad del expresidente en este caso.

Es claro que Uribe no está por encima de la ley. Pero también es importante dejar presente que el expresidente tiene derecho a un proceso justo y con todas las garantías, como cualquier colombiano de a pie. Para ello, la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda tendrá que ser imparcial, ajustar sus decisiones a derecho y tener oídos sordos ante los notables intereses políticos que rodean este caso con inmensas repercusiones.

A Uribe solo se le podrá condenar con pruebas. De lo contrario, la historia contará que, paradójicamente, al hombre que combatió como pocos la criminalidad, terminaron llevándolo a la cárcel para vengarse de él, y la justicia lo permitió.