“El magistrado criminal”: el presidente Petro reacciona a la captura de Jorge Pretelt, expresidente de la Corte Constitucional

El presidente Gustavo Petro se refirió este domingo 7 de mayo a la captura del exmagistrado Jorge Pretelt, expresidente de la Corte Constitucional.

A través de Twitter, el mandatario publicó una extensa reflexión en la que aseguró que la “justicia decente” capturó a un “magistrado criminal”.

Según Petro, la detención del exfuncionario judicial, al que señaló que representa a “la extrema derecha dentro de la justicia”, muestra “la cooptación de sectores del Estado y la justicia por el crimen”.

“La justicia decente ha capturado al exmagistrado Pretelt, representante de la extrema derecha dentro de la justicia, pero también criminal por su accionar. El magistrado criminal que supuestamente acaparó ilegalmente tierras, abaratadas por el paramilitarismo, nos muestra de frente un tema central de nuestro país: la cooptación de sectores de la justicia y del Estado por el crimen, y la impunidad como eje central del fortalecimiento del delito”, dijo Petro.

En su publicación, el mandatario recordó los debates que como congresista adelantó en contra de la Fiscalía liderada por exfiscal general Luis Camilo Osorio.

“Inicié mis debates parlamentarios precisamente demostrando la cooptación de la cúpula de la Fiscalía de Luis Camilo Osorio por el paramilitarismo. Allí encontré cómo funcionaba esa maquinaria entre los ejércitos del narcotráfico y su protección y uso por sectores del poder político y del Estado”, señaló.

De igual manera, manifestó: “La amplificación del crimen y del genocidio en el país tiene como origen la articulación entre organizaciones criminales y parte del Estado y la política. Tenemos criminales con poder político. El efecto de un régimen así son los altos niveles de impunidad que hacen descreer de la justicia y expanden en el tiempo una violencia sin límites”.

Finalmente, Petro señaló que su Gobierno debe tener como “prioridad” la “derrota de la impunidad”. En ese sentido, aseguró que convocará el Consejo Nacional de Política Criminal.

“La paz pasa entonces por la verdad y por la derrota de la impunidad. Este Gobierno debe colocar como prioridad de su ejercicio transformador la derrota de la impunidad. Para eso convocaremos el Consejo Nacional de Política Criminal. La corrupción y su hermana gemela, la impunidad, deben ser derrotados en Colombia”, sostuvo.

La captura de Pretelt

Pretelt fue capturado luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su aprehensión como responsable del delito de concusión, y dejara en firme la condena de seis años y medio de prisión en su contra por el escandaloso caso de sobornos por parte de Fidupetrol, caso por el que fue condenado el 18 de diciembre de 2019, por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión de su captura, la de ratificar su condena, fue adoptada por unanimidad, con la participación de cuatro conjueces. Ahora Pretelt deberá ir a centro carcelario, pero fue modificada la pena de multa, fijándola en el equivalente a 56,25 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ocurrencia de los hechos.

Asimismo, la Corte indicó que se redujo su inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en el término de 64 meses y 15 días.

“La Corte Suprema ratifica condena y ordena captura contra exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt... Al ordenar su captura como responsable del delito de concusión, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 6 años y medio de prisión”, dice el documento de la Corte conocido por SEMANA.

Para la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, en el expediente quedó probado que el 18 de octubre de 2013, el entonces magistrado solicitó al abogado Víctor Arturo Pacheco Restrepo, apoderado de Fidupetrol, la suma de $500.000.000, con el fin de adelantar gestiones al interior de la Corte Constitucional.

En ese momento se pretendía sacar una acción de tutela promovida por la firma Fidupetrol contra un fallo dictado en su contra por la Sala de Casación Penal, que le obligaba a pagar, a favor de la Gobernación del Casanare, $22.500.000.000 más intereses del 10,5 % anual. Según la Corte, el encuentro para esa “negociación” se realizó en el apartamento del magistrado en la ciudad de Bogotá, antes de asistir a una reunión en el Club El Nogal organizada por Pretelt, a la cual estaba invitado Pacheco.

De acuerdo con la sentencia, se demostró que con el propósito de “echar por tierra” la millonaria condena impuesta por la Sala de Casación Penal en contra de Fidupetrol, Pretelt le presentó a Pacheco una fórmula u hoja de ruta para el éxito de la gestión, que incluía que Fidupetrol contratara los servicios profesionales del exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Alonso Escobar Gil, para que continuara el trámite de la acción de tutela y además entregarían prebendas a personas que integraban el núcleo familiar del magistrado a cargo del asunto.

En el documento de la Corte se argumenta que hubo influencias de Fidupetrol para la selección de la tutela por parte de la Corte Constitucional, en la que tuvieron participación activa algunos directivos de la fiduciaria y el abogado asesor Víctor Arturo Pacheco, quienes aceptaron ya su responsabilidad por el delito de tráfico de influencias de particular y fueron condenados.

Adicionalmente, aseguran que hubo en segundo lugar una solicitud concusionaria, realizada inmediatamente después de la selección de la tutela para su revisión, con el fin de obtener un fallo favorable a los intereses de Fidupetrol, y fue allí donde intervino Pretelt por los $500.000.000 abusando de su cargo de magistrado de la Corte Constitucional.

“A juicio de la Corte, Pretelt Chaljub incurrió en el delito de concusión, puesto que, con abuso del cargo de magistrado de la Corte Constitucional, realizó solicitud indebida para viabilizar un resultado positivo en el trámite de revisión de la acción de tutela promovida por Fidupetrol, comportamiento que se identifica con la modalidad de concusión implícita, según la cual la petición se supone obligatoria para la víctima, por la posibilidad fundada de recibir un perjuicio en el evento de no acceder a lo pretendido, en razón al poder que el agente detenta”, dice la Corte.