Política
“El poder constituyente ha sido convocado”, presidente Petro responde a comunicado de Colfecar rechazando la polémica propuesta
El mandatario salió en defensa, nuevamente, de la propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente.
La posibilidad de la realización de una asamblea nacional constituyente ha provocado todo tipo de reacciones en el sector político, tanto a favor como en contra de la polémica propuesta hecha por el presidente, Gustavo Petro.
Sin embargo, el mandatario colombiano le ha salido al paso a las críticas y ha respondido constantemente a quienes la rechazan.
Recientemente, a través de su cuenta de X, el presidente Petro respondió a un comunicado emitido por la Federación de Transportes de Carga, Colfecar, quienes rechazaron la propuesta de la constituyente.
“El poder constituyente ha sido convocado y ese no tiene costo, acaba con los costos de la corrupción”, publicó el presidente en su cuenta de X.
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La extrema derecha se lanza en contra de la constituyente porque saben que el pueblo no va a retroceder a la sangre y el terror de las noches. A la sierra eléctrica.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 9, 2024
El poder constituyente ha sido convocado y ese no tiene costo, acaba con los costos de la corrupción https://t.co/htxVC1rwwJ
Además, siguió culpando a la que llama “la extrema derecha” del país de atacar la constituyente. “La extrema derecha se lanza en contra de la constituyente porque saben que el pueblo no va a retroceder a la sangre y el terror de las noches. A la sierra eléctrica”. dijo el presidente.
En el comunicado de Colfecar, titulado ¿Asamblea Nacional Constituyente, es necesario?, el gremio asegura que las consecuencias de una constituyente serían más negativas que positivas para la democracia colombiana en un momento en que hay que priorizar otros temas como la seguridad.
“Proponer una asamblea constituyente en este momento implicaría un aumento de los costos económicos para el Estado colombiano, en una instancia en la que se requiere priorizar la inversión en áreas como seguridad y reactivación económica”, escribió Colfecar en la misiva.
A renglón seguido, resaltó los logros de la Constitución de 1991 como la protección de los derechos fundamentales, la formación de las instituciones democráticas, la creación del derecho a la tutela y la protección de libertades dentro del Estado Social de Derecho. Incluso, constitucionalistas han resaltado que la Carta magna que está vigente en Colombia es una Constitución garantista.
“Muchos de los cambios que requiere el gobierno nacional no necesitan ser realizados a través de una asamblea nacional constituyente, sino desde los mecanismos idóneos que contiene la misma Constitución para el desarrollo de estos, respetando cada una de las instituciones del poder público en Colombia”, detalló el gremio de transportadores.
En la misiva la Federación llamó la atención sobre la importancia de crear un ambiente de confianza en el país detallando que “es imperativo resaltar que la constituyente tendría más consecuencias negativas que positivas para nuestra democracia y para la estabilidad jurídica de este país. Insistir en esta convocatoria generaría un ambiente de desconfianza frente a todas las instituciones que ejercen la democracia y protegen el Estado Social de Derecho de la Nación”.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó la intención de la Casa de Nariño de modificar la Constitución, cambios que se aplicarían siguiendo los pasos que traza la misma carta magna para introducir reformas o, incluso, modificar por completo el texto.
El Gobierno presentará un proyecto de ley que persiga ese mismo fin en la tercera legislatura del Congreso que inicia este 20 de julio, texto que deberá estudiar el poder legislativo para definir si se convoca, o no, a una votación en la que se le consultaría a la ciudadanía si está de acuerdo con realizar una constituyente.
Así las cosas, en medio de un ambiente político en el que varios sectores están saliendo en rechazo de la idea del presidente Petro de cambiar la carta magna, la palabra final ahora está en manos del Congreso. En todo caso, el proceso promete extenderse hasta el próximo periodo presidencial.