El polémico proyecto de ley que busca regular el ‘alquiler de vientres’ está listo para ser radicado en el Congreso

El proyecto de ley que buscará regular el ‘alquiler de vientres’ en Colombia está listo para ser radicado en el Congreso de la República y posteriormente debatido. El objetivo es que se mitigue el negocio clandestino que tiene actualmente.

La legislación colombiana tiene vacíos y no mucha claridad en materia de reglamentación de alquiler de vientres. Por la normatividad no presente, esta actividad ha desembocado en una situación compleja de salud pública, en la que las mujeres ponen en riesgo su vida.

Al ingresar en redes sociales, las ofertas de vientres se abundan. Hay agencias que arman los paquetes o mujeres que caminan solas en la turbulenta negociación. El precio se fija con base en las exigencias del cliente frente a la apariencia de la madre: edad, peso, color de piel y experiencia. En el Congreso se ha intentado regular esta situación a través de varios proyectos de ley, pero ninguno ha salido a flote.

Por esta situación, la Corte Constitucional le indicó al Gobierno nacional que imponga una serie de reglas claras. Por lo tanto, le dio un ultimátum para esto. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se puso manos a la obra con esta normativa y hoy anunció que el proyecto está listo para ser entregado en el Congreso.

“El propósito es acabar con ese mercado negro y establecer una regulación detallada al ver que está permitido, pero que no es negocio”, expresó el ministro. Este proyecto está destinado para parejas que no pueden tener un hijo de forma natural y que no quieren conseguirlo mediante la alternativa de la adopción.

Si se aprueba la medida, el alquiler de vientres pasará a llamarse así a denominarse “subrogación uterina para la gestación” y quienes contraten este servicio serán catalogados bajo la denominación de “comitentes”. Cabe indicar que las personas interesadas tendrán cumplir con una serie de condiciones, tales como estar entre los 25 y los 45 años y, en caso de ser una pareja conformada por un hombre y una mujer, haber agotado las vías médicas para concebir.

Los ciudadanos que podrán hacer parte de esta medida serán los solteros, las parejas conformadas por personas del mismo sexo y las parejas heterosexuales imposibilitadas de para engendrar de manera natural. “La simple decisión de evitar el embarazo que se podría tener porque se considera molesto, o por razones estéticas, no va a valer”, puntualizó Osuna.

Por otro lado, el documento explica que la subrogación uterina se practicará bajo un contrato formalizado por el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF). El jefe de cartera manifestó que “Antes del contrato, el Bienestar Familiar tendrá que ofrecerle a la mujer que quiere acceder a la gestación subrogada una información suficiente sobre todo lo que previsiblemente va a ocurrir, sus obligaciones, sus derechos, lo que derivaría del contrato. Después de celebrado el contrato, pero antes de la implantación del embrión, también el Bienestar Familiar revisaría las cláusulas de ese contrato para revisar”.

Esta medida ha despertado varias opiniones, tanto de quienes la consideran apta para mitigar la problemática de salud pública que implica esta medida como quienes aseguras que el proyecto va en contra de las libertades y derechos de las mujeres.

Daniel Alejandro Monroy, abogado y docente con énfasis en Derecho de comportamiento, economía, de contratos y del consumidor, explicó a SEMANA que un proyecto de ley que regulara el alquiler de vientres era necesario hace varios años, debido a que le garantizaría a la madre que alquila su vientre y al neonato que está por nacer las garantías suficientes. Sin embargo, considera que la eliminación de lucrarse bajo este sistema y limitar las razones para solicitar el alquiler no le hace frente al mercado negro y clandestino que hay actualmente.

Por otro lado, la también abogada especializada en Derecho Constitucional y Magíster de Justicia, Karola Enríquez Arias, se manifestó en contra del proyecto, calificando de inaceptable una medida proveniente del Gobierno que busque regular esta práctica y no prohibirla, la cual considera que, sea como la denominen, es en realidad una venta de niños y alquiler de mujeres.

SEMANA contactó a la ONG Valientes Colombia, la cual analizó el panorama de esta situación. En primer lugar, afirmó que la clandestinidad del alquiler de vientres “puede funcionar como la Trata de personas, mujeres que atraviesan esta situación al creer que firmaron un contrato o aceptaron este “negocio” se ven impedidas a comunicar su situación e incluso en muchos casos culpables por haber aceptado, así que no es fácil saber la dimensión de una situación que no es declarada un delito”.

En correlación, explicó que es una problemática de salud pública, debido a que al tratarse de afectaciones a nivel físico, psicológico y social hacía las mujeres, se convierte en motivo de estudio y solución en la sociedad.

“La trata de personas es el tercer negocio ilícito más rentable en el mundo después de las drogas y las armas, la venta y alquiler de seres humanos con múltiples fines como el alquiler de vientres es rentable, así que pese a que en muchos países es prohibido se siguen presentando casos de mujeres que son captadas con estos fines. Así que, como muchos otros delitos, la regulación no impedirá que esto siga sucediendo. “, señaló la organización.

Por otro lado, señaló que el proyecto de ley no debe contemplar únicamente los derechos de la familia contratante y el nacido, también debe velar por los derechos de la mujer gestante, saber si es apta física, psicológica y socialmente para alquilar su vientre, y si luego de entregar el bebé ella no está afectada en las dimensiones anteriormente nombradas.

Frente a esta situación, la ONG sostuvo que “Muchas de las mujeres que alquilan su vientre ven las consecuencias posteriores al hecho, mujeres que sufren enfermedades a causa del embarazo y estas no serán costeadas por la familia contratante o el mismo estado, postpartos difíciles que terminan generando o involucrando a la mujer en otros problemas de salud pública, y ahora bien, si la mujer no quiere entregar a su bebé será obligada y esto le traerá múltiples problemas sicológicos. Lo anterior sin contemplar si esta mujer tiene más hijos, es cabeza de hogar, entre otras situaciones que se presentan.”

Finalmente, indicaron que el mensaje para el ministro sería que también debe escuchar el otro lado del alquiler de vientres para que el proyecto de ley no vulnere los derechos de ninguna de las tres partes, escuchar y comprender el lado oscuro de esta actividad que se relaciona con la trata de personas, la vulneración de derechos de las gestantes y los nacidos vivos. Asimismo, es importante resaltar que en otras situaciones legales hay trata de personas: en la prostitución, en la pornografía, en los matrimonios con mayores de 14 años, así que legal o no hay que perseguir a quienes se aprovechan de las personas, en este caso las mujeres para utilizarlas como mercancía.