POLÍTICA
El país está encendido: el orden público se complica en varias zonas del país y los mandatarios regionales están desesperados
Los grupos armados están alborotados, mientras que oficiales del Ejército renuncian masivamente. Los gobernadores se sienten desprotegidos y reclaman en voz baja acciones contundentes del Gobierno en materia de seguridad.
En Colombia, la situación de orden público pasó de castaño a oscuro. Las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo recrudecieron sus acciones violentas en algunas regiones. Los ciudadanos cada vez se sienten más desprotegidos, la fuerza pública está maniatada y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, parece desconectado de la zozobra que viven las regiones.
En los primeros siete meses del Gobierno, el país se ha convertido en un polvorín y el cese multilateral al fuego que decretó Gustavo Petro, como la génesis para negociar la ‘paz total’ con los grupos armados, no le ha funcionado.
Las fuerzas militares han cumplido su palabra y han hecho un alto al fuego, pero los delincuentes van en contravía y desafían a las autoridades. Como si fuera poco, oficiales del Ejército hablan en voz baja de la desmoralización de la tropa.
‘El gobierno de la vida’, una de las promesas de campaña de Petro, no parece dar frutos. Al 15 de marzo de 2023, grupos armados perpetraron 23 masacres y 27 líderes sociales fueron asesinados.
El Ministerio de Defensa reportó que el secuestro extorsivo se disparó en un 100 % en enero de 2023, mientras la extorsión subió un 33 %.
Febrero, por ejemplo, fue el mes en que el ELN protagonizó el mayor número de acciones violentas el último año, el doble del promedio, según el Cerac.
En 11 de los 18 eventos terroristas de ese mes hubo víctimas: un guerrillero murió, nueve personas resultaron heridas, cinco secuestradas y diez más amenazadas.
A eso se suma el paro de los mineros artesanales en el Bajo Cauca Antioqueño, infiltrado por el Clan del Golfo, que lleva más de 15 días y ya genera una crisis humanitaria sin precedentes.
Tarazá, Caucasia, Cáceres, entre otros municipios del nordeste, donde hay disputa por las minas de oro y las rutas de la coca, siguen en máxima tensión. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le pidió a Gustavo Petro examinar las eventuales negociaciones de paz con el Clan del Golfo.
El alcalde de Tarazá, Mario Eliécer Sierra, le confesó a SEMANA que se siente “muy abandonado y muy solo”. Desde septiembre de 2022 lleva denunciando amenazas de Los Caparros y pidiendo refuerzo de seguridad, pero la UNP no le responde.
Por su parte, el mandatario de Frontino, Antioquia, Jorge Hugo Elejalde, no se cansa de decir: “Me quieren matar”. No sale de su casa, su oficina y un complejo deportivo. “Yo no salgo ni a las periferias del área urbana. Es mejor evitar”, dijo a este medio.
El listado de hechos amargos es largo. Las disidencias de las Farc infiltraron la movilización campesina en Los Pozos, en San Vicente del Caguán, Caquetá.
Inteligencia militar habla de presiones de la guerrilla en medio del ataque a la petrolera Emerald Energy, cuya sede terminó en cenizas. 70 policías fueron secuestrados por la guardia indígena en la zona, una escena que, a juicio de expertos en seguridad, demostró la debilidad del Estado.
El gobernador Arnulfo Gasca habla de cinco grupos armados en su Caquetá. “Operan varios grupos, no sé si se cambian de nombre, en algunas partes son los Comandos de Frontera, disidencias de las Farc, Rodrigo Cadete o la Carolina Herrera, uno, en últimas, no sabe si son los mismos o no”, dijo. “La situación en mi departamento es tensa este año, mucho más que el año pasado”, reconoció.
En casi todos los departamentos, los grupos armados están alborotados. El registrador Alexander Vega ya habla del riesgo de un aplazamiento de las elecciones regionales de octubre por el nubarrón de inseguridad.
Los gobernantes no tienen claro el alcance y los límites de la ‘paz total’. Tampoco conocen qué papel tienen en medio del cese multilateral al fuego que decretó la Casa de Nariño. “El tal cese al fuego no existe”, advirtió el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, quien reconoció que está “desesperado” con el Clan del Golfo.
En Sincelejo, la capital de Sucre, se duplicaron los homicidios en los primeros dos meses de 2023. “Extorsionan a todo el mundo, al que vende patilla, al que vende naranja, leche, carne, en los hospitales y esto se ha ido agravando... Al señor de la finca, al de la obra pública se la paran, le queman la máquina; tienen extorsionados a todos los alcaldes y con la intención en otras regiones de incidir en las elecciones”, detalló.
Los gobernadores no entienden cómo mientras Petro habla de paz, en las regiones, el ELN, las disidencias, el Clan del Golfo y otros grupos se burlan de la fuerza pública.
En la cumbre de gobernadores, los líderes quisieron estar solos el primer día del encuentro y no invitaron al Gobierno nacional. Ni siquiera al ministro de Defensa, Iván Velásquez, porque coinciden en que son los primeros responsables de la seguridad en los territorios, pero están representando un papel de espectadores en medio del recrudecimiento de los violentos.
El gobernador de Vichada, Álvaro León, se destapó en la reunión y confirmó que fue víctima de un retén ilegal de un grupo armado hace dos semanas. Seis hombres, cinco de ellos con fusil y uno con pistola, lo encañonaron y lo bajaron del auto. Se salvó porque sus escoltas llegaron, narró.
En Meta, las disidencias de las Farc están actuando “sin Dios ni ley”, denunció el gobernador, Juan Guillermo Zuluaga.
“Han vuelto a restablecer secuestros, están reclutando menores, obligan a campesinos y juntas de acción comunal a participar en las convocatorias que ellos hacen. En Meta hace muchísimo tiempo no se hablaba de minas antipersonas y la fuerza pública ha incautado muchísimo material para elaborar estos artefactos. Es decir, están enterrando nuevamente minas antipersonas. La extorsión se ha quintuplicado”, dijo.
De hecho, las Farc pretenden incidir en las elecciones regionales de 2023. Quien quiera aspirar a un cargo de elección popular en el sur del Meta, debe hablar con las Farc porque así lo está exigiendo el grupo armado.
Los gobernadores se sienten solos y desconectados de la Casa de Nariño. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, precisó que la situación en su departamento es una “bomba de tiempo”. Y el Gobierno “se ha hecho el de la vista gorda y el de los oídos sordos”, dijo.
Reveló que en el año 2021, en Barrancabermeja y Puerto Wilches, fueron asesinadas 51 personas entre jóvenes y líderes sociales, y que en el 2022 se incrementaron a 89 los asesinatos en esa región. Este año van 32.
“Si el Gobierno nacional nos deja solos, si no le presta atención, cada día los territorios serán ocupados por estos grupos al margen de la ley y se irán aumentando. En estos dos meses y medio, el incremento de las muertes en el Magdalena Medio ha sido del 170 %. Necesitamos enviar ese SOS al Gobierno Nacional”, añadió Aguilar.
El gobernador de Quindío y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Roberto Jairo Jaramillo, advirtió que “mientras el Gobierno nacional continúe desconociendo la legitimidad de las autoridades locales, no habrá éxito en la implementación de la política de paz”.
Le pidió al presidente Gustavo Petro “que defienda a nuestras instituciones, las Fuerzas Armadas y a los colombianos que son víctimas de la inclemente ola de violencia propiciada por las economías ilícitas”.
Su pedido se dio justo cuando Colombia conoció que 89 oficiales del Ejército han solicitado la baja en lo corrido de 2023, en su mayoría, por desmoralización en las filas.
SEMANA reveló este viernes que otros 23 tenientes coroneles pidieron el retiro de la institución, mientras el país se sumerge en medio de la escalada de violencia.
Al contrario, los mensajes confusos sobre las rebajas de penas a los delincuentes en el Proyecto de Humanización del Código Penal, la Ley de sometimiento y la ‘paz total’ parecen jugar en contra del jefe de Estado.
El incremento en los cultivos de coca y la decisión del Gobierno de reducir en más de un 50 % la meta de erradicación forzada de cultivos ilícitos de parte la Policía, el debilitamiento del accionar de las Fuerzas Militares, la desmoralización de la tropa, el incumplimiento en el cese multilateral al fuego y un ministro de Defensa que a juicio de la oposición está desaparecido y desconectado de la realidad del país, son otros ingredientes perfectos de un cóctel que agudiza aún más el ambiente de caos que perciben los colombianos.
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