El registrador Alexander Vega enciende las alarmas: “No queremos volver al 2002, donde se suspendían elecciones por orden público”

SEMANA: Procuraduría, Registraduría y gobernadores hicieron una declaración que generó alerta porque dijeron que las elecciones estaban en riesgo. ¿Por qué?

ALEXANDER VEGA: Por las denuncias hechas por los gobernadores en la Asamblea Nacional de Departamentos. Allí se recogieron denuncias de los gobernadores y de organismos de inteligencia, donde informaban que a raíz del deterioro que se está presentando en materia de orden público, podría verse afectado directamente el certamen electoral por las bandas criminales como el Clan del Golfo y otros grupos al margen de la ley. Razón por la cual tanto la Procuraduría como la Registraduría solicitamos al señor presidente Gustavo Petro activar de manera inmediata la Comisión Nacional de Orden Público que se celebró en Armenia. De acuerdo con la información de los gobernadores, sí hay peligro de que las elecciones estén en riesgo por materia de orden público.

SEMANA: ¿Esas denuncias en qué departamentos se concentran?

A.V.: Primero en el departamento del Cauca, que tiene un problema muy grave de orden público, donde el gobernador denunció la intromisión directamente de candidatos de estas bandas criminales. En el departamento del Meta, el gobernador denunció empadronamiento y carnetización de la gente; además, un llamado a posibles candidatos a las alcaldías por parte de las disidencias de Farc. Igualmente, hay problemas en Norte de Santander, Santander, Nariño, Antioquia y Chocó. Con base en estas denuncias fue que se le solicitó al Gobierno nacional activar el Plan Democracia y el Plan Ayacucho en la Comisión Nacional de Orden Público.

SEMANA: En esa comunicación dicen que se podría vivir una situación similar a la de 2002. ¿Así de grave es la situación?

A.V.: Así de grave sería si no se tienen en cuenta los requerimientos de los gobernadores, las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y el mapa de riesgo electoral. Si no se toman por parte del Gobierno nacional las decisiones para que la fuerza pública actúe de manera inmediata, podríamos tener sucesos como los de 2002; es decir, suspensión de elecciones por orden público en municipios y constreñimiento a candidatos y a la ciudadanía. Todo esto es con base en las denuncias de los gobernadores, ese es el espejo que teníamos en el año 2002 y nadie quiere repetir esa situación. Ya el Gobierno nacional dijo que iba a implementar todas las medidas para evitar cualquier atentado a la democracia.

SEMANA: ¿A qué acuerdos llegaron con el presidente Petro?

A.V.: Lo primero es exaltar que una vez enviamos la comunicación, de manera inmediata el señor presidente de la república, el ministro del Interior, todo el Estado mayor de las Fuerzas Militares, el director de la Policía, el director de la UNP y las centrales de inteligencia acudieron de manera inmediata a la asamblea de gobernadores. El presidente Petro dijo que independiente del proceso de paz total que se está implementando en el país con estos grupos al margen de la ley, no se va a permitir que se afecten las elecciones. El presidente Petro utilizó el término claro y contundente: va a utilizar la fuerza pública y a ocupar los territorios en los municipios donde se pueda alterar el orden público en materia electoral.

SEMANA: ¿Entonces, por ahora, hay tranquilidad?

A.V.: Claro que sí, porque la gran preocupación de los gobernadores y, especialmente, de la Procuraduría y la Registraduría, es que las alarmas están encendidas porque todo este problema de orden público podría afectar el certamen. El compromiso del señor presidente es acudir a la fuerza pública y activarla de manera directa en los territorios donde haya riesgo electoral. Creemos que el Gobierno y las Fuerzas Militares van a hacer eso de manera positiva para evitar cualquier tema de inseguridad; pero, sobre todo, de aplazamiento o de constreñimiento al elector.

SEMANA: ¿Cuáles son las garantías que se necesitan para hacer las elecciones?

A.V.: La operación coordinada y armónica entre las Fuerzas Militares, Policía y Fiscalía para poder llevar no solo los puestos de votación, las mesas, sino la garantía a los candidatos y ciudadanos. Por eso, el Plan Democracia y el Plan Ayacucho deben estar funcionando en el día de las elecciones y durante todos estos meses para evitar que se altere el orden público en Colombia. En 2022 no hubo necesidad de trasladar ningún puesto de votación ni aplazar ninguna elección en ningún municipio. Aspiramos que, como en 2022, se mantengan las mismas elecciones tranquilas y con garantías.

SEMANA: ¿Qué es el Plan Democracia?

A.V.: Es el plan en el cual el señor presidente de la república, con el ministro del Interior, trabajan de manera armónica con Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, todos los establecimientos del Estado y los partidos políticos. Se reúnen para ir revisando cada mes el calendario electoral frente a la inscripción de candidatos, de cédulas, de testigos electorales y, obviamente, para analizar el orden público. Es una instancia fundamental para que todo funcione correctamente en elecciones y allí se resuelven problemas.

SEMANA: ¿Y el Plan Ayacucho?

A.V.: Es el plan que activan las Fuerzas Militares y de Policía para garantizar que el orden público no se altere en ninguna etapa del proceso electoral. Esos son los dos planes que el Gobierno tiene que sacar adelante en concurso con la Registraduría.

SEMANA: Hace años no se habla de estos problemas de orden público en unas elecciones, y si estos grupos armados siguen delinquiendo no habría elecciones porque no se podrían instalar puestos de votación y nadie querría ser jurado…

A.V.: Claro, es que la violencia o la alteración del orden público no es solo alterar las mesas de votación o impedir que los votantes lleguen a las mesas. Otra forma de alteración al orden público es el constreñimiento a candidatos o el constreñimiento al electorado para que voten por una persona o prohibir que se inscriban candidatos. Y las denuncias iban a ese nivel, aspiramos evitar que eso ocurra tras la reunión que tuvimos con el presidente y la Fuerzas Militares.

SEMANA: ¿Quedó tranquilo?

A.V.: Tranquilo y es el deber del presidente garantizar el orden público, y confío plenamente en las Fuerzas Militares y de Policía que van a trabajar para garantizar la democracia en las elecciones territoriales.

SEMANA: ¿Qué fue lo que más lo alarmó de las denuncias de los gobernadores?

A.V.: La incidencia directa de las bandas criminales sobre el electorado en varias zonas del país. Llamando a los posibles candidatos a rendir cuentas, carnetizando gente para empadronarse y un tema muy delicado, que es la presencia libre en varios territorios de estas bandas criminales sin que hayan sido capturadas. Estos grupos armados se están aprovechando de la paz total para hacer hostigamientos a la población y al certamen electoral.

SEMANA: ¿Qué otros compromisos se adquirieron con el Gobierno Petro?

A.V.: Nos comprometimos a reuniones quincenales para ir evaluando el orden público y hacer el mapa de riesgo electoral, de acuerdo con las denuncias que se hagan por parte de la ciudadanía. Los gobernadores van a quedar incluidos en la elaboración de los planes de riesgo electoral.

SEMANA: Si estos grupos siguen delinquiendo, ¿cabe la posibilidad de que se suspenda el proceso?

A.V.: Aspiramos que no. No queremos volver al 2002, donde se suspendían elecciones por orden público. El compromiso de las Fuerzas Militares y el presidente Petro fue claro: de acuerdo con el mapa de riesgo electoral que se vaya elaborando y los comités que vamos haciendo, si estas bandas delinquen, la fuerza pública llegará a esos territorios de inmediato.

SEMANA: El calendario electoral está en marcha, pero en materia logística en qué está el proceso…

A.V.: Estamos en periodo de inscripción de cédulas o cambio de puesto de votación y el segundo es la inscripción de los comités promotores por firmas, que ha aumentado significativamente.

SEMANA: ¿Cuántos puestos de votación habría?

A.V.: El total son 12.800 puestos y vamos a llegar a 120.000 mesas en el país, es una cantidad muy grande. Vamos a tener 30.000 mesas con biometría para evitar la suplantación y la alteración de la identidad de las personas que están vendiendo la cédula.

SEMANA: ¿Habrá depuración de cédulas?

A.V.: Sí, claro. Ya llevamos cerca de 400.000 muertos que dejarán de votar porque estaban en el censo electoral y habilitados para votar. Estamos reduciendo el número casi al mínimo.

SEMANA: Estas serán sus últimas elecciones…

A.V.: Terminaremos el periodo al finalizar el año, hicimos una transformación muy grande con la identificación en línea y actualizamos todo el proceso electoral. Igualmente, vamos con el Código Electoral, aspiramos a sacarlo en este último periodo de sesiones del Congreso y ya hay ponencia favorable en la Comisión Primera.

SEMANA: ¿Y ha pensado que hará desde 2024?

A.V.: En la docencia, el mejor escenario es la docencia.