Las elecciones atípicas para escoger gobernador de Putumayo están un enredo que tiene involucrado al Gobierno nacional y a la Registraduría. La elección de Carlos Marroquín fue anulada por el Consejo de Estado por haber incurrido en doble militancia.
La fecha programada para realizar esos comicios, nuevamente, era el próximo 9 de febrero. Sin embargo, estarían en riesgo de aplazarse por falta de recursos. Así lo expresó la Registraduría a través de una carta, conocida por SEMANA, en la que le expresan al gobernador encargado, José Alfonso Granados, el aplazamiento de esa votación.
“Me permito comunicarle que la Registraduría Nacional del Estado Civil se encuentra en imposibilidad material de realizar el evento electoral el 9 de febrero de 2025, dado que a la fecha no cuenta con la asignación presupuestal para la contratación de los bienes y servicios requeridos para su organización”, aseguró Jaime Hernando Suárez, registrador delegado en lo electoral.
El tema es que esta elección y su posible aplazamiento generó un rifirrafe político entre el Gobierno y la Registraduría. Al conocerse la posibilidad de correr esos comicios, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, cuestionó que pueda haber intereses políticos en esa decisión.
Desde la Registraduría respondieron que no tienen ningún interés político o electoral y que simplemente cumplen con convocar a las elecciones, según lo estipule el mismo Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, que fue quien citó para ese día. Desde el órgano electoral insisten en que desde el Ministerio de Hacienda no les han girado los recursos.
“Por ley el que convoca elecciones y fija la fecha es el Gobierno nacional, debe hacer el rechazo al ministro y al presidente, no a la Registraduría. Código electoral, artículo 129″, dijeron. Además, que la Registraduría tiene todo dispuesto para llevar a cabo las elecciones, pero que “el Ministerio de Hacienda aún no gira los recursos”.
El decreto al que hace referencia la Registraduría es uno firmado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el pasado 10 de diciembre, en el que se convoca a esas elecciones el 9 de febrero.
De hecho, desde el mismo Pacto Histórico le pidieron al Gobierno que gire los recursos para poder llevar a cabo esas elecciones y que no sean aplazadas. “Este territorio no puede seguir hundido en la crisis institucional y democrática que implica mantener una gobernación en encargo. Prolongar esta situación es un golpe directo contra la democracia y una afrenta a las instituciones que sustentan nuestro sistema en este departamento históricamente saqueado y empobrecido”, aseguró el representante Andrés Cancimance, del Pacto Histórico.
A todo ese panorama se le suma la violencia política que se ha registrado en el departamento por la presencia de grupos armados, que ha dejado como saldo el asesinato del exalcalde de Mocoa, Élver Cerón, el pasado 4 de enero.
SEMANA consultó al Ministerio de Hacienda por la falta de giro de recursos, sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta.