Elecciones bajo fuego: estos son los dramáticos testimonios de candidatos que no pueden hacer campaña por la arremetida de los grupos criminales en diferentes regiones

Bajo fuego. Así se han visto obligados a hacer campaña los candidatos en diferentes regiones en medio de una grave crisis de orden público que tiene bajo amenaza la jornada electoral del próximo 29 de octubre. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtió que 380 municipios están en riesgo alto, y extremo, departamentos como Arauca, Caquetá, Guaviare, Nariño y Chocó. El registrador Alexánder Vega, de hecho, no descarta aplazar las elecciones en varias zonas del Cauca, donde los enfrentamientos entre disidencias y otros grupos narcotraficantes por las rutas de la coca tienen en jaque la vida de los aspirantes.

“O salvamos entre todos las elecciones territoriales o existe el peligro de aplazarlas o, peor aún, repetirlas. Se puede perder todo menos la democracia y las elecciones”, señaló Vega. Él le pidió a la guardia indígena, que presta seguridad en el Cauca, ayudar a blindar las elecciones. Lo dicho por Vega desató una fuerte controversia con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien dijo que el Gobierno buscará garantizar la seguridad y le pidió a Vega ocuparse de sus tareas. “Que no se le pierdan 500.000 votos”, afirmó.

Según el Ministerio del Interior, la Registraduría tendrá habilitados, hasta el momento, 12.917 puestos de votación, con seguridad garantizada por la Policía, el Ejército y la Armada, según un informe enviado al Congreso.

Aunque Velasco señaló que se han realizado 47 reuniones de cara a las elecciones, en las regiones consideradas como zonas rojas el escenario está pasando de castaño a oscuro para los candidatos, en especial para los del Centro Democrático y los de partidos opositores al Gobierno.

“Tanto el Centro Democrático como los demás partidos hemos visto una reducción drástica a las listas de concejos, juntas de acción comunal, asambleas y alcaldías, atribuible principalmente a los problemas de seguridad que se vienen presentando en estas zonas de Colombia”, dijo a SEMANA Nubia Stella Martínez, directora del partido.

Las cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE) confirman que en 61 municipios donde el ELN ejerce control social y económico, el uribismo no inscribió candidatos propios. Y en 67 ciudades donde opera el Clan del Golfo tampoco se inscribieron candidatos propios a alcaldías del Pacto Histórico. El defensor del Pueblo dijo en la Organización de Estados Americanos (OEA) que 92 candidatos en 22 departamentos están vetados por los grupos armados ilegales.

Casos dramáticos

Manuel Pérez, candidato a la Gobernación de Arauca, es uno de ellos. No puede desplazarse por tierra en su departamento porque el ELN, en un cese al fuego con el Gobierno Petro, lo tiene sentenciado a muerte. Cada dos semanas, cuando viaja desde el municipio de Arauca a Tame, prefiere tomar una avioneta hasta el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Luego, en otra aeronave, desde la capital del país, viaja a Tame. Entre ambos municipios, por carretera, hay dos horas de distancia, pero Pérez, un abogado araucano, opta por atravesar medio país por aire para evitar que hombres armados lo sorprendan en la carretera y lo asesinen. Entre Arauca y Tame no hay transporte aéreo.

Desde septiembre de 2022, cuando Pérez inició sus desplazamientos aéreos, paga de su bolsillo los tiquetes, que valen entre 700.000 y 900.000 (por trayecto), un enorme gasto que no puede sortear periódicamente. A él le gustaría viajar por tierra, como hacen otros competidores por la gobernación que tienen ideología de izquierda y no han tenido mayor problema con los grupos armados. Por eso, el Centro Democrático le enviará una carta al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para que le pregunte al ELN si hay garantías para todos los competidores con el fin de hacer campaña en Arauca. “Si nos dicen que nos respetarán la vida, me echo la bendición y a viajar por tierra”, le dijo Pérez a SEMANA. El candidato no quiere exponer su vida, la de su secretaria, un fotógrafo y su reducido esquema de protección.

En Saravena, Fortul y Arauquita nadie puede poner un afiche publicitario en su casa o negocio con el rostro de Manuel Pérez porque eso significa ponerse una lápida. Sus reuniones son clandestinas y nadie acepta las fotos. Los electores temen quedar matriculados en la derecha por los grupos armados ilegales.

Juan Pablo Jiménez, otro candidato a la Gobernación de Arauca, por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, vive su propio calvario. No tiene esquema de seguridad y lo cuida un solo hombre al que le paga de su bolsillo y anda en una camioneta de su propiedad. “No hay acompañamiento de la Policía ni las Fuerzas Militares”, le dijo a SEMANA.

Él siente que hace campaña a escondidas porque no puede estar en todos los municipios, al menos, mientras le mejoran su seguridad. Las redes sociales, los mensajes en WhatsApp, los de datos y las entrevistas en radio son su única alternativa. “No le hagan campaña a ese hombre porque él no tiene permiso”, les dice el ELN a algunos de sus electores, según denuncia el candidato. Jiménez sigue firme con su campaña en un departamento que ya dejó a dos gobernadores presos por presuntos nexos con los elenos: Ricardo Alvarado y Facundo Castillo.

En Chocó el escenario es complejo. SEMANA conoció que los candidatos a la Alcaldía de Quibdó y a la Gobernación del departamento hacen campaña exclusivamente en la zona céntrica y pocos se atreven a recorrer los barrios El Futuro, Reposo, Samper, Los Álamos, Mis Esfuerzos, Obrero, entre otros. Tampoco se desplazan por el bajo, medio y el litoral de San Juan, Nóvita, entre otras zonas del Pacífico.

El Ministerio de Defensa confirmó que en Quibdó hay tres grupos delincuenciales con 188 hombres aproximados llamados los Kennedy, los Palmeños y los Mexicanos. También hacen presencia en el departamento el frente de Guerra Occidental, al mando de alias Santiago, quien comanda seis frentes rurales. Tienen más de 364 hombres y 531 que forman parte de las redes de apoyo.

El problema es que los hombres armados son quienes dan permiso para hacer política. La campaña está centrada en los medios de comunicación y las redes sociales. A algunos les da temor el contacto físico con los electores. “En la actualidad, el ELN hace presencia en el 87 por ciento de los municipios”, se lee en un informe del MinDefensa conocido por esta revista.

Coincidencialmente, el ELN, al mando de alias la Abuela y Bladimir, lidera un paro armado en Chocó, en medio del cese al fuego con el Gobierno Petro. En Quibdó, los pobladores dicen que el bloque Occidental no copia las órdenes del Comando Central del ELN (Coce).

En el Caquetá, el escenario es alarmante. Este jueves, las campañas conocieron un audio que circuló por WhatsApp en el que se advierte que Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, ordenó un plan pistola contra escoltas, empresas de seguridad, militares y policías. Ofrece 10 millones por la muerte de un soldado, 7 por la de un policía, 5 por un escolta y 3 por la cabeza de un vigilante.

En el departamento, hay regiones donde las Farc ya enviaron un mensaje contundente, dicen ciudadanos consultados por SEMANA: “No puede aparecer un solo voto por los candidatos del Centro Democrático”.

La amenaza ha hecho efecto. En Florencia había 17 candidatos al Concejo por el uribismo, pero a la hora de la inscripción todos se retiraron por advertencias de las disidencias. En San Vicente del Caguán, de 12 aspirantes quedaron tres y tuvieron que cerrar la lista; en Doncello solo aspiran cuatro aspirantes, pese a que nueve habían mostrado interés; en el municipio de Montañita había lista, pero todos desistieron al final; en Valparaíso se armó una lista en coalición, pero quedó sin competidores. La misma historia ocurrió en San José del Fragua, Puerto Rico, Albania, entre otros municipios. “No hay garantías electorales”, le resumió a SEMANA John Vargas, coordinador del Centro Democrático en Caquetá.

Humberto Sánchez, candidato a la Alcaldía de San Vicente, se inscribió por un movimiento independiente, pero está matriculado por los grupos armados como un candidato de derecha. Él, por ejemplo, se desplaza por tierra a algunas veredas, pero no adelanta reuniones durante más de dos horas y tampoco en horario nocturno. Ha aplazado varias citas por el ruido de la presencia de las Farc.

Mientras tanto, Wilder López, candidato a la Alcaldía de Florencia, no puede salir a las veredas El Pará y La Esperanza, del corregimiento de Orteguaza. Tampoco al corregimiento de Santo Domingo y su vereda Vista Hermosa. “Estamos vetados en algunas zonas. Nos amenazan por medio de panfletos, mensajes, llamadas. Siempre dicen ‘no más Centro Democrático’”, le dijo el candidato a SEMANA.

En el sur del Meta, el escenario es igual. En Puerto Concordia, Puerto Rico, Puerto Lleras, La Uribe, La Macarena, Mesas, Mapiripán, entre otros, hacer política se convirtió en un suicidio para los candidatos de la derecha. En varios de esos municipios, el Centro Democrático no tiene aspirantes. El listado es largo y cobija a otros partidos. Sin embargo, pocos hablan por temor.