Elecciones en riesgo: al Ministro Luis Fernando Velasco no le gustó que la Registraduría pidiera garantías de seguridad para los colombianos

El ministro del Interior Luis Fernando Velasco sorprendió en las redes sociales con una destemplada respuesta a una petición que hizo la Registraduría Nacional al Gobierno Petro con la finalidad de adelantar un proceso electoral en paz en Colombia.

Sin embargo, al ministro Velasco no le gustó la petición y aunque no fue incluido entre los destinatarios de la carta de la Registraduría, usó su cuenta en Twitter para decirle de una u otra a Alexander Vega que no se metiera en temas de seguridad. “El señor @mindefensa, las @FuerzasMilCol, @PoliciaColombia y la UNP adelantan el plan democracia , eso es trabajo del gobierno estimado registrador”, dijo Velasco.

Lo extraño es que pese a esa respuesta del ministro Velasco, todos los días se tienen noticias de masacres, asesinatos, extorsiones, secuestros y presiones a los ciudadanos en varias regiones del país por parte de grupos criminales que supuestamente están en acercamientos con el Gobierno Petro para negociar.

En su desacertada respuesta el ministro dijo que “el gobierno confía en que autoridades electorales harán los correctivos para no tener los problemas de las últimas elecciones de Congreso con más de 500 mil votos que inicialmente no se reflejaron en los resultados que Colombia conoció… insisto, confiamos en la @Registraduria y no le señalamos su tarea, pues esa es una entidad profesional y lo conoce bien”.

Es curioso que el jefe de la cartera política y quien hace parte de la Comisión de Seguimiento Electoral que justamente revisa la situación de orden público en Colombia se moleste por un llamado para que las elecciones se puedan adelantar sin problema y no haya afectaciones por cuenta de los delincuentes que están apoderándose de varias regiones.

Además, el ministro Velasco quiere mostrar en su escrito que el Plan Democracia está funcionando a la perfección y lo cierto es que hay zonas del país donde las disidencias de Farc son las que están ordenando a qué candidato apoyar y en que regiones hacer campaña. Incluso la Misión de Observación Electoral (MOE) publicó su cuarto informe preelectoral de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, de cara a las elecciones locales de octubre de este año. El análisis tiene en cuenta los primeros siete meses del calendario electoral, con corte a 29 de mayo de 2023.

La principal conclusión de la organización es preocupante: “El periodo electoral de 2023 se ha mantenido como el más violento registrado en la historia reciente del país”.

Según los datos de la MOE, se han registrado 320 hechos de violencia en los primeros siete meses del calendario electoral. En 2019, año de las últimas elecciones regionales, tan solo hubo 233 actos de este tipo en el mismo periodo.

“La violencia contra liderazgos en los primeros siete meses del calendario electoral de 2023 es la más alta de los últimos cuatro periodos electorales. Incluso, supera la violencia ocurrida durante el mismo periodo de las más recientes elecciones nacionales de 2022, marcado por un incremento sustancial de la violencia respecto del 2018, fundamentalmente en contra de los líderes y lideresas políticas”, indicó.

De acuerdo con la MOE, esto ha venido acompañado de un deterioro de las condiciones de seguridad por acciones de grupos armados ilegales. Este factor podría incidir en el desarrollo tanto del proceso electoral como de las campañas de los distintos liderazgos.

El registrador Alexander Vega presentó este jueves 29 de junio datos concretos sobre la jornada electoral del 29 de octubre y anunció que se abrió el periodo de inscripción de candidatos en todo el territorio nacional.

Sin embargo, Vega tiene una preocupación en materia de seguridad porque para nadie es un secreto que hay bastantes zonas del país en donde los grupos criminales están reinando y el Gobierno Petro no presta atención a estos problemas de orden público.

Por esa razón, el registrador Vega envió una carta dirigida al presidente Gustavo Petro en la que le pide garantías de seguridad para las elecciones regionales. En ese sentido, solicitó al Ejecutivo que, como están próximos a vencerse los decretos de cese al fuego, allí se debe hacer la exigencia para incluir el tema de la tranquilidad electoral.

“Es mi deber recomendar, como responsable de la dirección y organización de las elecciones y de la manera más respetuosa, que en el marco de los acercamientos y conversaciones vigentes y futuras con cualquier tipo de organización ilegal, de conformidad con las declaraciones del señor ministro de Defensa Nacional del día 25 de junio, se incluya dentro de las reglas, compromisos y términos contenidos en los protocolos acordados del diálogo de ceses al fuego, negociaciones o sometimiento a la justicia, la obligación inquebrantable para los grupos al margen de la ley de no interferir en los comicios en curso”, dijo Vega.

Para el registrador es fundamental que si las conversaciones con estos grupos criminales van a continuar, haya un compromiso claro para garantizar el desarrollo del proceso electoral en Colombia. “Contar con el compromiso, verificable en la medida de las posibilidades, por parte de todas las organizaciones ilegales con las que se tienen diálogos de paz o de sometimiento a la justicia, de no promover, financiar o vetar candidaturas o partidos, amenazar, constreñir o coaccionar, entre otras acciones encaminadas a concretar injerencias indebidas en las diferentes actividades del calendario electoral”.

Por ahora hay 14.000 mesas de votación que estarían en riesgo si las actividades delincuenciales continúan adelantándose en diferentes departamentos de Colombia. El asunto de fondo es que estos grupos al margen de la ley están en constantes enfrentamientos por disputas de control territorial y el manejo del narcotráfico.

En otros lugares, obligan a la ciudadanía a ir a determinadas reuniones de aspirantes políticos y las disidencias están determinando cuáles candidatos se inscribirán.

“El riesgo y materialización de esta ilícita interferencia en las elecciones por parte de estos grupos puede empezar a concretarse, con mayor intensidad, en la inscripción de cédulas o electores, en curso, y que contará con un periodo especial de inscripción en puestos de votación del 5 al 13 de julio de 2023; y a partir del cercano periodo de inscripción de candidaturas, que inicia el próximo 29 de junio y culmina el 29 de julio de 2023, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011, fecha en la que inicia formalmente la campaña y propaganda electoral empleando el espacio público y en el que los candidatos en acción proselitista y funcionarios electorales pueden verse más expuestos o amenazados. Las condiciones planteadas deberían ser una elemental muestra de voluntad de paz a cargo de los grupos al margen de la ley y un acto de lealtad con la mesa de diálogo y la vida civil a la cual pretenden reintegrarse. El incumplimiento de estos mínimos compromisos, amenazan el derecho a elegir y ser elegido de los ciudadanos, el interés general, las libertades públicas y la democracia colombiana en su conjunto”.

Al margen de esta petición en materia de orden público, el registrador Vega reiteró que el censo electoral está en 38.907.068, que se instalarán 12.918 puestos de votación y un total de 120.000 mesas para el 29 de octubre.

La inscripción de candidatos que se abrió este 29 de junio, durará un mes y desde el 31 de julio hasta el 4 de agosto se podrán hacer modificaciones en dichas inscripciones. Así mismo, se inscribieron 1.298 comités promotores respaldados por firmas.