Elecciones: más de 3.000 quejas ha recibido la Procuraduría General; estos son los departamentos donde hay más denuncias

La Procuraduría General de la Nación ha recibido, hasta la fecha, 3,170 quejas electorales procedentes de los 32 departamentos de Colombia a través de sus canales de comunicación, según informó la Comisión Disciplinaria Especial en su noveno informe.

En este reporte, se destaca que el departamento de Cundinamarca encabeza la lista con el mayor número de reclamos en esta etapa del proceso electoral, con un total de 561 quejas. Le siguen Santander con 338, Antioquia con 281, Boyacá con 196, Tolima con 182 y Valle del Cauca con 136 denuncias.

Las conductas denunciadas ante el Ministerio Público están relacionadas en su mayoría con intervención en política, constreñimiento electoral, propaganda electoral, compra y tráfico de votos, entre otras infracciones.

La Procuraduría también señaló que de las 3,170 quejas, 636 de ellas involucran a funcionarios públicos, 320 corresponden a denuncias interpuestas contra particulares, 245 a servidores de elección popular y 133 incluyen a funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, principalmente.

El órgano de control está llevando a cabo la revisión de las denuncias presentadas por la ciudadanía y está tomando las acciones disciplinarias correspondientes. Hasta el momento, 915 de las quejas se encuentran en estudio preliminar, 128 corresponden a indagaciones previas para determinar responsables y 79 están bajo investigación disciplinaria, entre otros procedimientos.

Como parte de las acciones inmediatas, el órgano disciplinario ha suspendido provisionalmente a varios funcionarios, incluyendo al gobernador de Quindío y a los alcaldes de varias ciudades y municipios en diferentes departamentos, en el marco de las investigaciones disciplinarias que se están llevando a cabo.

La Procuraduría reiteró la importancia de que la ciudadanía continúe presentando sus quejas electorales a través de la sede electrónica en la página web www.procuraduria.gov.co, redes sociales, la línea telefónica de la entidad y la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) marcando #623.

‘Maratónica’ vigilancia para las elecciones regionales

Por otro lado, la Procuraduría General ha destacado sus esfuerzos para garantizar elecciones transparentes y libres en el país. Como parte de su función en los comicios, la Procuraduría organizó once foros titulados ‘Avances del Proceso Electoral’, que reunieron a representantes de la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral (CNE), personerías, fuerzas de seguridad, alcaldías y gobernaciones. Más de 3.000 personas participaron en estos eventos en ciudades como Pereira, Ibagué, Yopal, Neiva, Medellín, Quibdó, Santa Marta, Barranquilla, Tunja, Valledupar y Florencia.

Dentro de sus medidas preventivas, la Procuraduría emitió directivas y circulares que abarcaron diversas áreas, incluyendo la actualización de la residencia electoral, el fomento de la participación política de mujeres y grupos minoritarios, y la supervisión del cumplimiento de funciones públicas. También se enfocaron en prevenir manifestaciones de discriminación y xenofobia, así como en evitar conductas que pudieran interferir indebidamente en la política.

Para prevenir la llamada “trashumancia electoral”, la Procuraduría realizó más de 3.600 visitas a través de procuradores distritales, regionales y provinciales para verificar la actualización de la residencia electoral. Aquellos casos que no se encontraron en las bases de datos utilizadas fueron remitidos al CNE. En conjunto con las autoridades electorales, se anuló la inscripción de 725,861 ciudadanos.

Respecto al cierre del período de inscripciones de candidatos, la Procuraduría verificó los antecedentes de los 128,208 candidatos inscritos a través del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI). Se encontró que 726 candidatos tenían anotaciones que los inhabilitaba para ser elegidos y ocupar el cargo al que se habían postulado. Esta información se envió al CNE para el proceso de revocación de inscripción.

La Procuraduría designó a 23 procuradores judiciales para ejercer el Ministerio Público en las actuaciones administrativas relacionadas con la verificación de las inhabilidades de estos candidatos.