¿Elecciones sin elegir? Los posibles inconvenientes de la implementación de las listas cerradas

Con el liderazgo de Roy Barreras en la Comisión Primera del Senado, se aprobó en primer debate la reforma política anticorrupción, propuesta e impulsada por el santismo puro al interior del Gobierno. La iniciativa busca fortalecer la democracia, la representatividad y la paridad de género, pero, al mismo tiempo, tiene un fuerte impacto en las dinámicas del elector.

Con pocas excepciones, los ciudadanos colombianos se dirigen a las urnas con un número y un partido político en mente. Al tacharlo en el tarjetón, le daban su voto a un candidato en específico para ayudarle a lograr una curul. Sin embargo, con la modificación que plantea el Gobierno, los ciudadanos depositarían a ciegas su confianza en una colectividad y en el orden de candidatos que esta determinó.

El proyecto busca modificar el artículo 262 de la Constitución, de manera que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos inscribirían listas únicas, cerradas y bloqueadas para las elecciones. Estas también serán de la modalidad cremallera, en la que existe alternancia entre hombre y mujer.

También va ligado a la propuesta de hacer la financiación mayoritariamente estatal y dirigida a los partidos, quienes deberán distribuir los recursos entre los candidatos. De esta forma, se evitaría la llegada de dineros ilegales y desproporcionados a las campañas, facilitando el seguimiento de los recursos.

Sin embargo, surgen muchas dudas y preocupaciones por la medida, mayormente centradas en que el elector ya no decide quiénes van a ser parlamentarios, sino que son los partidos quienes tienen todo el poder de estructurar las listas a su gusto.

Los partidos políticos no pasan por un buen momento. Colectividades como el Partido Conservador, La U y Liberal pasaron de apoyar al candidato de la derecha en las elecciones a ser bancada del primer Gobierno de izquierda en Colombia. Las acrobacias argumentales abundan y hay poca coherencia entre los integrantes de las colectividades.

Además, partidos nuevos como la Liga de Gobernantes Anticorrupción y Verde Oxígeno son acusados de no ofrecer garantías de democracia interna para sus militantes. Muchos son gobernados por líderes absolutos que toman las decisiones sin mayor consulta a las bases.

A pesar de que la reforma exige mecanismos democráticos y plantea sanciones si no se cumplen, cualquier controversia quedaría en manos del Consejo Nacional Electoral, con magistrados partidistas y elegidos por el Congreso. Por esto, congresistas como Humberto de la Calle y Ariel Ávila aseguran que antes de darle dichas responsabilidades a las colectividades, se debe reformar y despolitizar la organización electoral.

Por esto, múltiples analistas políticos creen que estas organizaciones no están preparadas para la responsabilidad que el Gobierno busca otorgarles.

“El riesgo que se corre con listas cerradas es la dictadura del bolígrafo. No hay partidos fuertes. Lo que se va a generar es que la cabeza del partido defina una lista sin tener estatutos dentro de los partidos que sean fuertes, sin tener banderas y principios claramente definidos o una participación ciudadana y mecanismos de gobierno corporativo interno que permitan blindar esas decisiones”, explicó el abogado Gabriel Cifuentes a SEMANA.

Uno de los ejemplos más recientes fue la apuesta del Pacto Histórico, los mismos que impulsan la reforma, para crear listas cerradas y cremallera para las elecciones legislativas pasadas. Lo que ocurrió fue que líderes y lideresas sociales, quienes no habrían tenido chances de lograr una curul en otro mecanismo, fueron relegados a las últimas casillas.

Por encima, se ubicaron figuras como Piedad Córdoba y Álex Flórez, cuota de Daniel Quintero, quienes causan malestar dentro y fuera del petrismo.

De aprobarse la reforma, las próximas serán elecciones sin la capacidad de elegir. Se teme que, en vez de beneficiar a nuevas caras de la política, sigan llegando personajes cuestionables al legislativo, traicionando la confianza del votante.