Eliminación del Consejo Nacional Electoral y creación de la Corte Electoral: estas son las razones de la Registraduría y el Consejo de Estado para oponerse

Toda una polémica se vive por estos días en el Congreso alrededor de las propuestas para eliminar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y crear la llamada Corte Electoral, una idea que busca acabar con la influencia que tienen los partidos políticos en la vigilancia de las supuestas faltas de las campañas electorales y los candidatos.

La propuesta para modificar de fondo la estructura de la Organización Electoral no es nueva y se ha trajinado en otras reformas políticas que se han tramitado en el Legislativo en tiempos recientes, en las cuales ha fracasado en el Capitolio. En este caso, dos de las instancias implicadas en estas modificaciones -la Registraduría Nacional y el Consejo de Estado- rechazaron la idea y explicaron las razones para su desacuerdo.

Actualmente los partidos políticos son los que tienen el control del CNE tomando en cuenta que son los que postulan a los nueve magistrados que lo integran, tal y como sucedió hace algunas semanas, en el Congreso en pleno.

A partir de estas postulaciones, se elaboran unas planchas y se elige a los togados, los cuales, por obvias razones, responden a los intereses de una u otra fuerza política.

El problema es que muchas de las decisiones que adopta el Consejo Electoral impactan a las campañas electorales que emprenden las colectividades y a sus candidatos, que, en varios casos, terminan siendo elegidos en el Congreso, las asambleas departamentales, los concejos, las gobernaciones y las alcaldías, especialmente.

Por ello y pese a que la lluvia de propuestas que ha habido en el pasado, los partidos políticos se han negado a tocar el tribunal electoral, ya que esto los alejaría de tener el control en la vigilancia de sus campañas a cargos públicos.

Esta vez la idea la están impulsando dos senadores elegidos en la lista de la coalición Centro Esperanza-Alianza Verde: Humberto de la Calle y Ariel Ávila. Y el primer debate de esta reforma constitucional está previsto para este miércoles en la Comisión Primera del Senado.

La propuesta, en concreto, es crear la Corte Electoral, la cual sería un órgano de cierre de los pleitos en esta materia y estaría integrada por siete magistrados, elegidos para periodos de 8 años, de ternas enviadas por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.

Aunque estos togados serían elegidos por el Congreso, la idea cortaría de tajo la posibilidad de que los partidos políticos postulen a sus miembros y esta potestad quedaría en cabeza de las altas cortes. Algo similar a lo que sucede con la elección de los magistrados de la Corte Constitucional.

Con esta nueva instancia perdería competencia la Sala Quinta del Consejo de Estado, en la que se tramitan asuntos relacionados con los candidatos en las campañas políticas como, por ejemplo, las nulidades de sus inscripciones y elecciones.

Un ejemplo de esto fue lo que sucedió con Antanas Mockus, a quien el Consejo de Estado le anuló la elección por haber violado el régimen de inhabilidades para ser congresista.

El proyecto de De la Calle y Ávila también crearía el Consejo Electoral Colombiano, el cual se encargaría de la organización de las elecciones y el registro e identificación de los ciudadanos, lo cual incluiría la elaboración del censo poblacional y el electoral.

El Registrador Nacional sería el presidente de esta instancia, pero no tendría la autonomía e independencia con la que cuenta actualmente ya que, en medio de todo, sería la cabeza de un cuerpo colegiado con el que tendría que compartir sus decisiones.

Ante este revolcón, el Consejo de Estado elaboró un documento que circuló este martes, el cual fue respaldado por la Registraduría Nacional y en el que se explica cuáles serían, para esta alta corte, los puntos negativos de esta propuesta.

Entre las observaciones está la “ausencia de análisis del impacto fiscal” que tendría la implementación de una jurisdicción electoral como la que se está planteando con la creación de una Corte Electoral.

Adicionalmente, el documento indica que este paso “dificulta la delimitación de las funciones o atribuciones entre esta y los órganos de cierre ya existentes”.

“La elección de los miembros de la Corte Electoral por el Congreso de la República atenta contra la autonomía de la pretendida Jurisdicción Electoral, aspecto que se contradice con el sistema de pesos y contrapesos, previsto en la Constitución Política de 1991″, reza la crítica del Consejo de Estado.

Adicionalmente, se dice que “se crea una Corte Electoral con una excesiva concentración de poder y funciones” y que “ello generaría problemas en el funcionamiento de la democracia y, además, un déficit institucional para resolver todas las atribuciones constitucionales”.

“Se concentran todas las competencias asignadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y a la Jurisdicción de lo Contencioso - Administrativo, lo que aminora las garantías a los candidatos, los elegidos y los electores, y sacrifica la verdad electoral”, sostiene el Consejo de Estado, que, de paso, advierte que al proyecto de acto legislativo le falta “técnica” en su “estructuración”.

La Registraduría Nacional, por su lado, manifestó que acompaña el documento el Consejo de Estado y agregó que “la exposición de motivos de esta reforma constitucional se limita a señalar que la Registraduría Nacional del Estado Civil concentra mucho poder, sin describir o explicar de qué se trata esa supuesta acumulación de poder”.

“La creación de nuevas autoridades, transfiriendo competencias de unas organizaciones consolidadas que cumplen sus funciones constitucionales, significan cambios trascendentales en las reglas ciertas que gobiernan los certámenes democráticos. Teniendo en cuenta que el calendario electoral de las elecciones de autoridades locales a celebrarse en 2023 inicia en octubre de este año, cualquier cambio estructural afecta su expedición e impiden su desarrollo”, reza la crítica de la Registraduría.