Eliminar la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura y darles facultades a notarios, el revolcón a la justicia que propone Germán Vargas Lleras

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras cumplió su tarea y envió desde el 31 de enero al Gobierno nacional su propuesta para reformar la justicia en Colombia, tal como lo habían acordado todos los integrantes de la comisión de expertos y sabios que se reunieron en enero pasado para tratar de ponerse de acuerdo en un proyecto de ley que sea consensuado y que logre pasar en el Congreso.

SEMANA conoció el documento de 22 páginas que redactó con su puño y letra Vargas Lleras y que llamó “propuestas para consolidar una reforma a la justicia oportuna y eficaz”.

De entrada, hizo una cruda radiografía de la situación actual de la justicia y, posteriormente, planteó sus propuestas.

Una de ellas busca la descongestión y acceso a la administración de justicia. “Descongestionar y mejorar el acceso a la justicia a través de un plan intensivo para reducir el tiempo de los procesos judiciales que hoy toman en promedio 1.288 días a tan solo un año”, dijo Vargas Lleras.

Estas metas se pueden concretar, según el exvicepresidente, “por medio de soluciones innovadoras como la posibilidad de que los notarios, centros de arbitraje y conciliación, así como los abogados, bajo la estricta observancia de unos requisitos establecidos por la ley y de manera transitoria, reciban facultades temporalmente para resolver controversias litigiosas”.

Además, crear la especialidad comercial en la jurisdicción ordinaria, reformar el procedimiento penal, estimular la conciliación extrajudicial contencioso administrativa, reformar el estatuto arbitral y la eficiencia judicial, propuso.

También habla de seguridad jurídica y administración de la rama judicial en Colombia.

Pretende la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar crear la Dirección de la Administración Judicial “con el fin de que esta ejerza la gerencia en la Rama Judicial”.

Germán Vargas también se refiere a la eficiencia del control fiscal y vuelve a insistir en su iniciativa de crear un sistema central e integrado sobre control fiscal, eliminando las contralorías regionales y ahorrando así 50 billones de pesos anuales al país, según expresó en su propuesta.

En el documento le dedicó un capítulo especial a la seguridad ciudadana y transformación del régimen penitenciario y carcelario. El propósito es la judicialización efectiva de la reducción de la impunidad, el fortalecimiento de la Policía, estrategias entre empresas, ciudadanos, autoridades departamentales y municipales para mejorar la convivencia y luchar contra la delincuencia.

Igualmente, planteó la eliminación de la Procuraduría General de la Nación, una iniciativa que, sin duda, acompaña el presidente Gustavo Petro.

“Es necesario pensar en fortalecer la Rama Judicial con las capacidades y experticias de los funcionarios de la Procuraduría, la cual, lamentablemente, perdió competencias para investigar aforados (congresistas, gobernadores, alcaldes), es decir, su existencia se volvió inocua, considerando, además, que muchos elementos del derecho disciplinario se encuentran subsumidos en el derecho penal, conlleva a que la entidad sea eliminada y se fortalezca en capacidad a la Rama Judicial”, argumentó.

En el documento, el exvicepresidente también plantea reformas propias del procedimiento penal, entre ellas la eliminación de formulación de imputación y de la fase intermedia del procedimiento y acabar el sistema aplazatorio.

Frente a este último, dijo que “la cantidad de aplazamientos es tan grave que al sistema ya se le llama ‘sistema aplazatorio’. Para 2024 se programaron 373.711 audiencias, de las cuales 255.114 se realizaron y 118.597 fueron aplazadas, lo cual implica que la tercera parte de las audiencias fueron postergadas”.

Por ello, propuso utilizar la figura de la bancada de defensa, es decir, exigir que en cada proceso el abogado deba anexar con el poder, la designación obligatoria de un abogado suplente y uno sustituto que lo puedan reemplazar en caso de no poder asistir a una audiencia.

“Muchas veces el problema no depende del abogado, sino del cliente, quien utiliza un carrusel de abogados para ir dilatando el proceso; por ello, se propone que con el primer aplazamiento a la siguiente audiencia solamente podrá asistir un defensor público”, dijo.

Igualmente, propone aumentar las sanciones a los abogados por dilatar el proceso, entre otros.

Lo mismo que el aumento de requisitos para ser magistrado de una alta corte.

“Se propone aumentar la experiencia a 25 años desempeñando cargos en la Rama Judicial o el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente”, dice.

Y plantea la opción de ampliar el período individual de los magistrados a 12 años. “No podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de su cargo mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso”, dijo.

Propone algunas eliminaciones de facultades electorales de magistrados de altas cortes, entre ellas, la del registrador nacional del Estado Civil, auditor general y magistrados de la Corte Constitucional.

“La única facultad de elección que se conserva es la de seleccionar al fiscal general, pues en el modelo de la Constitución de Colombia esta entidad hace parte de la Rama Judicial (diferente sería si se trasladara la entidad a la Rama Ejecutiva como en Estados Unidos)”, se lee.

SEMANA conoció que el exvicepresidente busca, además, que el Inpec se convierta en una dirección adscrita a la Policía.

El documento de Vargas Lleras es completo y está acompañado de cifras, datos precisos y propuestas. El Ministerio de Justicia tendrá que evaluarlo junto con el comité de expertos.