ELN: crónica de un fracaso anunciado

Las conversaciones de paz con el ELN no conducen a ninguna parte. Aunque es difícil establecer con certeza el nivel de éxito que tendrá la mesa de conversaciones en México, a la luz de los precedentes históricos y de la apuesta político-militar de esta organización armada ilegal, es posible entrever que no se concretará el fin de hostilidades, la desmovilización, el desarme y/o la reincorporación a la vida civil.

Al igual que con los presidentes López Michelsen en los setenta, César Gaviria y Ernesto Samper en los noventa, Álvaro Uribe en el nuevo milenio y, recientemente, con Juan Manuel Santos, las conversaciones se tornan lentas, dispendiosas y lamentablemente improductivas. El agravante es que el tono y ritmo del proceso con el gobierno de Gustavo Petro no presenta significativas diferencias.

Sin embargo, y a diferencia de los anteriores procesos de paz, hay un nuevo e importante componente, y es que ya no existen como organización las otrora poderosas Farc-EP; por el contrario, su efectiva participación en política, aunado a la presencia de un gobierno afín, parecen suficientes argumentos para ilusionarse con un eventual acuerdo. Pese a ello, desde nuestra perspectiva, estos elementos no son suficientes para pensar en una negociación exitosa. A continuación, una serie de argumentos que nos conducen a esta conclusión.

Primero las Farc-EP, luego el ELN. Pese a que las Farc-EP fueron más grandes en tamaño, estructura, influencia, recursos y capacidad, y aunque el ELN ha sido históricamente más pequeño, es un error pensar que la desmovilización de una necesariamente condicione a la otra, principalmente porque poseen postulados ideológicos, formas de actuar y planteamientos de guerra diferentes. Pese a que ambas guerrillas emergieron en el seno de la Guerra Fría, muy temprano adquirieron modelos de insurrección divergentes y con ello distintos planteamientos en las formas de “lucha”.

Esta temprana distancia permitió que las Farc desarrollaran grandes estructuras armadas, inmensos campamentos, complejos modelos de jerarquías y poderosos dispositivos de guerra, lo que los condujo a que en la cúspide de su accionar lograran sangrientas y estruendosas tomas armadas a poblaciones y otras acciones militares de amplia envergadura en el marco de la guerra de posiciones. Por su parte, aunque el ELN intentó de manera embrionaria una estrategia campamentaria, esto los condujo a recibir estruendosos golpes militares, particularmente en la muerte bajo una operación militar del emblemático Camilo Torres en 1966 y la conocida Operación Anorí en 1973 que conllevó la muerte de los comandantes y hermanos Manuel y Antonio Vásquez.

Estos duros golpes fueron precedentes para la reconfiguración interna hacia una estrategia político-militar, alineada con el referente foquista cubano (focos de insurrección previo al asalto del poder) que propugnaran una acción sobre el poder popular, la combinación de todas las formas de lucha y guerra popular prolongada. Por ello, aunque bajo el sofisma conceptual de “guerrillas” se han arropado varias organizaciones armadas ilegales, es de neófitos equilibrar y presuponer su capacidad y naturaleza, máxime en un contexto de conflicto irregular y de baja intensidad como el colombiano.

Sin cuadrillas ni campamentos. En varias ocasiones, los analistas, medios de comunicación y las instituciones públicas planteamos análisis basados en cantidades, números y porcentajes, con el fin de explicar o simplificar un problema, lo que debita en afugias por las cifras y cantidades, particularmente en el conteo de hombres en armas, y capacidad de fuego. Sin embargo, para el caso del ELN cuesta trabajo contabilizar copiosas cantidades de operativos militares/policiales de captura, sometimiento o destrucción de campamentos, más aún si nos referimos a operaciones de amplia envergadura para desarticular algún frente armado.

Esto particularmente sucede ya que esta guerrilla logró consolidar zonas de acción y control, sin necesidad de establecer campamentos o grandes estructuras armadas que patrullen o ejerzan dominio coercitivo físico, lo que implica que en regiones como el Catatumbo exista completo dominio, influencia y mando que obstaculiza la acción de la Fuerza Pública y hace difícil establecer un objetivo militar claro sobre el cual actuar, ya que lograron estructurar amplias redes de milicia y apoyo logístico al interior de la población civil no combatiente. Así entonces, la superioridad aérea que fue un hecho de facto que condujo a la victoria del Estado sobre las Farc-EP, particularmente por el uso del bombardeo de posiciones estratégicas en zonas inhóspitas, no opera para combatir todos los frentes del ELN, ya que en sus zonas de influencia han logrado construir un poder “invisible” y de presencia dispersa.

Confirmamos por intermedio de un analista militar del arma de inteligencia en retiro (quien demanda anonimato), cómo el ELN estableció una estrategia de acción en muy pequeñas unidades de acción y combate, conocida como la tríada, lo que facilita que un reducido grupo de guerrilleros/militantes puedan ejercer actividades de violencia selectiva, intimidación y atentados de alta efectividad militar. Es por ello que hemos presenciado ataques con explosivos y objetivos de alto valor político-militar, que intentan reivindicar vigencia y poder.

Si bien las Farc-EP impusieron un crecimiento en masa, que implicó flagrantes abusos como el reclutamiento forzado, el terror y la amenaza como medio predilecto para reclutar, el ELN privilegió en sus zonas de operación la formación y el adoctrinamiento, lo que propició el convencimiento y la disuasión por sobre el temor y la obligatoriedad. Del mismo modo, promovieron una especie de colonización armada de sus combatientes/militantes que consolidaron arraigo, llevando a que muchos de ellos vivieran como campesinos, pero con afiliación a la guerrilla, haciendo del límite entre lo civil y lo militar en extremo difuso, y en algunos casos inexistente.

Lo que esto implica es la extrema complejidad en la aplicación de los principios de la guerra asimétrica y el Derecho Internacional Humanitario, ya que las zonas grises hacen que la realidad supere a la teoría, implicando que la acción de las autoridades sea en extremo difícil, particularmente en lugares como el Catatumbo, donde la presencia de cualquier escuadra o pelotón militar puede ser blanco fácil para un francotirador, o la acción de dos o tres subversivos que viven en la zona, que operan de civil y que raramente andan de camuflado, con insignias o logos guerrilleros.

¿Acaso importa cuántos son? Para 2019, inteligencia de la Policía Nacional estimaba que existían cerca de 2.400 hombres en armas, distribuidos en seis frentes de guerra: el Nororiental (principalmente en el Catatumbo), el Norte (Cesar y Córdoba), el Oriental (ABC: Arauca, Boyacá y Casanare), el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro (sur de Bolívar y Bajo Cauca), el Frente de Guerra Suroccidental (Nariño y Cauca) y el poderoso Frente Occidental (Chocó). Así como cerca de 2.300 personas en la clandestinidad en el denominado Frente de Guerra Urbano.

Lo anterior conduce a que a diferencia de las extintas AUC y Farc-EP, el número de combatientes no necesariamente constituya el más importante elemento para determinar su influencia o importancia, ya que la mayor parte de su poderío actúa en la clandestinidad, particularmente en infiltración y operaciones de alto valor estratégico, como el atentado en contra del presidente Duque en Cúcuta en 2021 y el de la Escuela General Santander en 2019, bajo el principio de la acción de pequeñas unidades (tríadas), que maximizan y proyectan poder, además de ser útiles como mecanismo de presión frente a coyunturas políticas concretas, como mesas de negociación, ceses al fuego o de proyección mediática, todo bajo una efectiva estrategia de comunicación pública, como componente de su plan de guerra.

Aunado a ello, la organización ilegal ha construido una extensa red de acción urbana y de infiltración a grupos sindicales, universitarios, civiles y de gobierno, quienes más allá de la estigmatización, forman parte de su red de acción clandestina y que se ha extendido incluso a las Fuerzas Militares y de Policía.

¿Y quién manda? Si bien así la opinión pública y los enardecidos analistas de las redes sociales propugnen por la simplificación y los concluyentes análisis de 140 palabras, particularmente para atacar o defender a un líder o cabecilla (Timochenko, Mancuso, Mono Jojoy, entre otros), para el caso del ELN es más complejo, ya que, aunque es posible identificar a algunos individuos como Antonio García, Gabino, Pablo Beltrán, Pablito y otras figuras históricas que actúan como “gestoras de paz”, es imposible establecer un liderazgo unívoco y total, particularmente porque la organización actúa de forma descentralizada, muy diferente al orden piramidal de las Farc-EP, y que a su vez favorece la autonomía y preminencia de los comandantes.

Y aunque es conocido por la opinión pública la existencia del Comando Central (Coce) y de la Dirección Nacional, es muy claro que la verticalidad no opera de forma unívoca, ya que la sujeción a la figura de un comandante central es difusa y dificulta la trasmisión de órdenes, constituyéndose en piedra de tropiezo ante una eventual acuerdo, desmovilización y entrega de armas. Así pues, el ELN, más que un nórdico Kraken con una cabeza y muchos tentáculos, en términos de estructura se asemeja más a la Hidra de Lerna con un cuerpo y múltiples cabezas. Lo cual se hace más evidente a la luz de la especulación sobre divisiones internas frente a la negociación en México, sobre todo en la subrepresentación de todos los frentes, por lo que existen interrogantes frente a la fortaleza en unidad.

Románticos, radicales y narcos. Ahora bien, en términos doctrinarios el ELN ha soportado mejor el paso del tiempo que las Farc y que cualquier otro grupo armado en Colombia, y esto ha permitido que exista más dogmatismo y mejor mantenimiento de consignas básicas como: las del poder popular, la toma efectiva del poder, la influencia nihilista en su discurso, la promoción de una organización social en armas, el ataque del imperialismo, el antiextractivismo, la guerra popular prolongada y el discurso del marxismo cristiano, entre otras, que matizan un discurso y un tono nostálgico sobre las proclamas originales de los años sesenta.

Sin embargo, es llamativo cómo en los círculos más cerrados, puristas y fanáticos se ha logrado consolidar la idea de que la “lucha” está en la causa y no en los lideres, por lo cual la presión sobre el liderazgo es menos intensa en el ELN que en las otrora Farc-EP, por lo que su causa puede sobrevivir a la salida, muerte o caída de sus lideres, entre otras porque hay mayor convicción ideológica y un mejor apego a su causa.

Pese a lo anterior, uno de los grandes dilemas con los que nos enfrentamos los analistas e historiadores es el de validar la vigencia de los argumentos de una lucha armada en el siglo XXI y la dificultad para validar un discurso anticuado y descontextualizado de su realidad, sobre todo en un entorno democrático como el colombiano. Sobre esto hay mucha discrepancia y los límites de lo fáctico se mezclan con el mundo de los idealismos y las ideas políticas, llevando la discusión hacia un debate imposible y tedioso.

Problemas en el paraíso. Pese a lo anterior, y aunque se quiera presentar al ELN y las disidencias de las Farc-EP como actores netamente políticos, es muy claro que seguir diciendo que son guerrillas socialistas/comunistas que luchan por el cambio de régimen y la igualdad social, es síntoma de una burda desconexión con la evolución del conflicto y la realidad territorial. Por ello, se debe ser escrupuloso en su análisis, ya que rótulos o categorías que en décadas pasadas fueron acertadas hoy son inaplicables o insuficientes, en particular por la transformación que han tenido el conflicto y sus actores, incluido el ELN, en estructuras de narcotráfico, crimen trasnacional y macrocriminales.

Ejemplo de lo anterior es que en zonas de injerencia elena, como Norte de Santander, se ha establecido la tercera mayor presencia de hectáreas sembradas de cultivos ilícitos del país (UNODC) bajo la implicación directa del frente Nororiental, la cual a su vez ha causado una enorme relación-dependencia con las rentas ilícitas y que inexorablemente ha llevado a que la “lucha” y la guerra alcanzara un nivel de autosostenimiento y riqueza ilegal, constitutivamente contradictoria entre una aparente escrupulosa guerra social y la operación de un simple cartel del narcotráfico.

Si bien la comandancia ha querido solventar este “dilema” con el discurso de la política de deslinde del narcotráfico, en la práctica existe una arraigada relación de enriquecimiento derivada de las economías ilegales que no solo raya en el marco de lo contradictorio y lo censurable, ya que más allá de una política de coerción armada sobre la población e impuestos ilegales, trae consigo la promoción de una catástrofe ambiental como resultado de la huella de la minería ilegal, la devastación de la vegetación natural para el cultivo de drogas ilícitas y de los muy conocidos ataques a la infraestructura petrolera que derivan en la contaminación de las fuentes hídricas.

Así entonces, la mayor sombra sobre el descentralizado poder del ELN se cierne sobre la representación y sujeción de todos los comandantes y mandos medios ante un posible acuerdo, ya que al igual que las Farc-EP, existen estructuras que están tan involucradas y beneficiadas de las rentas ilícitas y tan alejadas de cualquier principio doctrinario, que difícilmente negociarán su salida, y seguirán atrapados en las tenazas del narcotráfico. Lamentablemente el panorama es desalentador, ya que estos jefes narcos podrían terminar de sabotear cualquier eventual acuerdo de paz concreto o cualquier iniciativa de DDR. Es casi una garantía que emergerán grupos disidentes (los más ligados al narcotráfico) que no dejaran de lado un jugoso negocio que han construido durante décadas y sobre el cual tienen un conocimiento acumulado y posición de poder.

¿Regional, nacional, binacional, trasnacional? Existe una incógnita sobre la real área de influencia de la organización armada ilegal en relación al territorio, ya que es indudable la influencia y poder que tiene a nivel regional como en el Catatumbo, donde será muy difícil o se requerirán décadas para que el Estado recupere o consolide algún tipo de dominio, y que se constituyen en completos fortines sociales y militares elenos.

En segundo nivel, otras zonas en las cuales se consolida una presencia importante como el Chocó, nordeste antioqueño, Arauca-Boyacá-Casanare, entre las cuales no existe necesariamente correlación geográfica o ejes de movilidad, pero en las que hay una presencia y estructura consolidada. Pese a lo anterior, resulta que la actividad internacional ha crecido en dos perspectivas: ideológica y física la primera, con una fluida relación política con Cuba que se presenta como un centro de operaciones de facto y que conlleva que su accionar sea multinacional. En la misma dirección está el caso de la relación binacional con Venezuela, que inicialmente estuvo alimentada por la facilidad de usar convenientemente la frontera porosa con fines militares, pero que ha crecido a la par de la consolidación del chavismo. El agravante esta en que el ELN ya no usa al vecino país solo como escondite o santuario para los comandantes, sino que está comprobado su crecimiento, en particular en la influencia sobre las rentas ilícitas de los metales preciosos y tierras raras, particularmente en el arco minero venezolano, por lo cual su accionar superó hace mucho tiempo la simple presencia y evolucionó hacia un control e influencia real. Menudo problema para el Gobierno venezolano.

Negociando y ganando. El ELN ha implementado con reconocida eficacia la Combinación de Todas las Formas de Lucha, como estrategia de guerra, lo cual implica que han aprendido a utilizar varias áreas de acción que generen beneficio a sus intereses; así, de forma simultánea, desarrollan acciones de reclutamiento y adoctrinamiento ideológico en múltiples sectores de la sociedad civil (particularmente universidades y sindicatos); infiltración de soldados, suboficiales y oficiales en la Fuerza Pública (principalmente en el Ejército); cooptación de instituciones públicas por intermedio del coogobierno; atentados selectivos, estratégicos y de alto valor mediático; extorsión a empresas y particulares; control y usufructo de narcotráfico y minería ilegal, entre otros.

En ese repertorio de actividades ilegales se ha establecido el uso utilitario de las negociaciones de paz como un medio para lograr ventaja y beneficios prácticos. Basta con ver el ritmo de las mesas de conversación con los anteriores gobiernos para identificar un patrón de comportamiento, el cual se caracteriza por la dilación, la poca o nula concesión de aspectos prácticos, no desmovilización, no entrega de armas y no cese de actividades criminales, y que ha debitado en el rampante fracaso de los procesos. Esto sucede principalmente porque el ELN bajo su actual organización y liderazgo no tiene una real voluntad de cese de actividades ilegales; por el contrario, han aprendido de los beneficios de estar sentados en mesas de negociación de las que obtienen: relajamiento en la persecución militar/policial, canje o liberación de militantes encarcelados, vigencia y exposición mediática, y, sobre todo, espacios de acción política y de consultas populares, lo que en términos concretos es una estrategia para maximizar beneficios con la menor concesión posible. Esta conducta ha sido tradicionalmente conducida por las facciones más políticas e ideológicamente más radicalizadas, que toman provecho de la vasta experiencia acumulada en anteriores procesos.

Como conclusión, la mesa con el Gobierno Petro no tiene ningún rasgo que permita entrever una desmovilización efectiva del ELN; por el contrario, son más las coincidencias con el pasado que las singularidades, lo que se expresa en una conducta repetitiva y dilatoria como antesala de un fracaso. Quizás el ELN juegue con la vieja estrategia del cese al fuego, como mecanismo para darse aire, o ganar tiempo y espacio, pero a la larga no llevará a nada en concreto, particularmente porque poseen importantes fracturas internas y problemas en la trasmisión y seguimiento de órdenes; además, en términos prácticos la desmovilización no les genera ningún beneficio específico. Por último, y más importante, porque la organización ilegal no posee una voluntad y vocación cierta de terminar con sus actividades, esto nunca ha estado en su agenda y no lo está en este momento. Amanecerá y no veremos.

Cerramos con cinco cuestionamientos. ¿Qué puede ofrecerle el Gobierno al ELN que ellos ya no posean? ¿Existe alguna causa objetiva para la existencia de una guerrilla de los sesenta en el siglo XXI en un contexto democrático como el colombiano? ¿Conlleva el desarme algún beneficio concreto a las facciones ideológicas, guerreristas y de narcotráfico para el ELN? ¿Será esta negociación el medio para el reconocimiento y legalización del gobierno popular regional con guardia territorial autónoma? ¿Está buscando el ELN que no se le catalogue como grupo armado ilegal, sino como grupo social y político en armas?