¿ELN seguirá secuestrando y extorsionando durante el cese bilateral? José Félix Lafaurie responde y envía contundente mensaje

SEMANA: ¿Por qué están tan optimista con el cese al fuego que se pactó con el ELN?

José Félix Lafaurie (J. L.): Realista. Más bien, “optimismo mesurado”. Si no creyera que es posible lograr algo con el ELN, ni siquiera habría aceptado la invitación a hacer parte de la comisión del Gobierno. De hecho, cuando se instaló la mesa en Caracas, me impresionó la manera directa y taxativa como Pablo Beltrán dijo que ellos nunca habían firmado nada, porque ellos cumplen lo que firman.

SEMANA: ¿Cómo creerle a esa guerrilla?

J. L.: No se trata de creerle o no creerle; se trata de que hay un documento de compromisos firmado y, en consecuencia, se espera que cumplan lo que firmaron. Hay además un Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y se implementarán unas instancias de veeduría social en los territorios, lo que permitirá seguimiento permanente y evaluaciones cada dos meses. Esta veeduría social, por parte de los directamente afectados por la violencia, es un elemento diferenciador y muy importante frente a procesos anteriores. En últimas, en 180 días el país sabrá si se cumplieron los Acuerdos y será del Gobierno el que tome la decisión de prorrogar o no el cese al fuego.

SEMANA: ¿Cómo se hará pedagogía para que todas las estructuras del ELN sepan lo que se pactó?

J. L.: El cómo de los procesos de pedagogía de parte y parte es algo que se desarrollará en la etapa previa al inicio del cese al fuego, como lo contempla el numeral 6 del Acuerdo. Lo importante es que, en los numerales 11 y 12, se establece con claridad la obligación de hacerlo y, una vez más, es de esperarse que ambas partes, no solo el ELN, cumplan con lo firmado, en este caso, con el compromiso de orientar pedagogías y dinámicas para el conocimiento claro de los acuerdos y protocolos que se deben cumplir.

Queda claro no solo la constitución de la veeduría social, sino la obligación que se desprende por parte de la Iglesia católica, de Naciones Unidas (ONU) y, por supuesto, de los delegados de hacer pedagogía para que en las zonas de mayor conflictividad puedan operar los mecanismos. Eso implica el conocimiento pleno de aquellos elementos que sean constitutivos de incidentes que el Acuerdo claramente rechaza.

SEMANA: ¿Es cierto que los últimos días, previos a la firma, fueron tensos entre las partes por los puntos a pactar?

J. L.: Evidentemente, había temas que tanto a la delegación colombiana como a la del ELN le preocupaban. Por eso se solicitó un día adicional y las discusiones fueron prácticamente hasta el último día y hasta la última hora, tratando de ajustar el Acuerdo para que pudiera satisfacer, muy especialmente, las necesidades de las comunidades más afectadas.

Yo diría que la tensión es normal, no solo cuando se parte de posiciones muy diferentes, sino cuando los acuerdos que se logren son de tanta trascendencia, no para la paz en abstracto, sino para la vida para de tantas personas en los y territorios.

SEMANA: ¿El ELN dejará de secuestrar y extorsionar?

J. L.: La participación y las hostilidades van de la mano. Cuando hay acciones de sometimiento efectivo sobre las comunidades, la opinión de la sociedad que participa no es libre. Lo dije en un artículo: cuando se le pide la opinión a una persona que tiene un arma en la sien, ¿la opinión de quién es?, ¿de la persona a la que se le pide que hable o de quien le tiene el arma en la cabeza? Este es un tema de la mayor importancia, porque es el corazón del proceso: que la participación de todos los que afectados por la violencia sea libre.

Puede ser que ellos hayan entendido el cese de otra manera y hay quienes dicen que el cese sin frenar el secuestro no tiene sentido. En efecto lo dijo. Yo estaba cerca del desarrollo de la rueda de prensa improvisada y me enteré de manera inmediata. Creo que no fue muy asertivo justificando el secuestro como una forma de financiación.

Todas las interpretaciones jurisprudenciales al DIH lo asimilan a la “toma de rehenes”, expresamente prohibida por el DIH y por la Corte Penal Internacional. Es, sencillamente, un “crimen de guerra”, en conflictos internacionales e internos.

Seamos claros. Más allá de las definiciones, el numeral 5 del Acuerdo habla, entre otros, de los principios de buena fe y voluntad política que deben inspirar la negociación; el numeral 11 se refiere a que siempre se debe tener presente que esto se trata de un “proceso de paz”, y en el Protocolo de Acciones Específicas, es decir, de lo que se puede y no se puede, el numeral 9 se refiere a no desarrollar acciones que conlleven “perfidia”, es decir, si nos atenemos al diccionario, “deslealtad, traición o quebrantamiento de la fe debida”.

Yo creo que, si el ELN no quiere quebrantar la fe que todo el país le ha puerto a este proceso, debe darle esa señal al país: comprometerse a suspender el secuestro extorsivo, un delito, además, que tiene que seguir siendo perseguido por las autoridades.

SEMANA: Por las palabras de Beltrán, hay sectores afirmando que las Fuerzas Militares quedarán maniatadas. ¿Es así?

J. L.: El Código Penal Colombiano sigue plenamente vigente. Por consiguiente, donde hay una acción de cualquier grupo armado, incluido el Ejército de Liberación Nacional, que ponga en riesgo la vida, la honra o los bienes de un colombiano, la Fuerza Pública está en la obligación de reprimirla.

Aquí no hay despeje alguno. Por consiguiente, no veo cuál es la razón para afirmar que la Fuerza Pública tiene las manos atadas.

SEMANA: ¿Cómo lograr que el cese sea exitoso cuando hay tantos grupos criminales operando en Colombia?

J. L.: Esa pregunta es clave. Hay que leer bien, como lo expresó Iván Cepeda ayer, no solo el Acuerdo, sino también los protocolos anexos. Ahí está claramente identificado cómo podrá la Fuerza Pública responder a los retos del cese cuando terceros, eventualmente, tengan acciones ofensivas frente a cualquier ciudadano o, incluso, en las acciones que se han venido dando en ciertas regiones por el control territorial entre los grupos armados.

SEMANA: La participación de la sociedad es muy importante, pero si el ELN sigue delinquiendo, ¿no sería una presión armada?

J. L.: Puse mucha atención a los discursos del día de la firma de los Acuerdos, en especial al de Antonio García, en el que hace referencia, a propósito de La vorágine de José Eustasio Rivera, a la violencia y, en el caso de las bananeras, sobre las voces acalladas de muchos colombianos para que sean voces que se oigan y esa violencia cese, pero no podrá hacerse mientras haya armas de por medio. Las armas son absolutamente incompatibles en una democracia liberal como la nuestra.

Tú no puedes, repito, invocar que el corazón del Acuerdo es la participación de la sociedad para que identifique aquellos temas que deben tener una respuesta realmente transformadora para las comunidades, si esa sociedad participa bajo la presión armada de las actividades delictivas, con lo cual se la obliga o se la instrumentaliza para que no refleje realmente el sentir de los sectores vulnerados, sino el de quien los vulnera mediante diferentes tipos de violencia.

SEMANA: ¿Antonio García ingresará a la mesa como negociador?

J. L.: No creo. Por lo menos, no se ha mencionado. Pero, por supuesto, ha venido teniendo una participación muy cercana con el equipo negociador del Ejército de Liberación Nacional.

SEMANA: El presidente Petro anunció que el conflicto con el ELN se acabará en mayo de 2025. ¿No se comete el mismo error que en algún momento se cometió con las Farc al quererle imponer tiempos?

J. L.: Supongo que el presidente Petro interpretó que en mayo de 2025 habrá un conjunto de propuestas transformadoras, derivadas de la participación de la sociedad, que deberá arrancar en febrero o marzo del 24. Será un año largo para que sean ellos, en conjunto con la sociedad, los que identifiquen aquellos elementos que nos permiten pensar en un mejor país. En consecuencia, en mayo de 2025 tendremos ese conjunto de elementos transformadores sobre la mesa.

Además, aquí hay un elemento en el que me parece necesario hacer una distinción frente a lo que se hizo en el proceso con las Farc, en el que nada estuvo acordado hasta que todo estuvo acordado. De esa forma, cuando se firmó el Acuerdo en 2016, después del plebiscito que el país votó en contra, los colombianos se estrellaron con una serie de obligaciones para el Estado.

En este caso, la diferencia radica en que lo que se va acordando se va ejecutando y, en consecuencia, la sociedad tendrá la oportunidad de verificar si lo que se está acordando, tanto por parte del Estado colombiano como por parte de ELN, se cumple. Empezamos con el cese al fuego y con la participación. Ambas cosas tienen que salir bien para que el cese de fuego bilateral se pueda prorrogar 180 días después del 3 de agosto.

SEMANA: ¿Por qué la mesa regresa a Venezuela y no va a Chile o Brasil?

J. L.: Bueno, ellos son los países garantes. Tendrán sus razones. En efecto, es evidente que se está dialogando con una organización armada que hoy está clasificada como terrorista y, tanto Brasil como Chile tienen preocupaciones con respecto a la respuesta del poder Judicial en sus países. En ese contexto, no se puede poner en riesgo el desarrollo de los diálogos de la Mesa.

SEMANA: ¿Es cierto que en algún momento usted pensó renunciar a la mesa de diálogo?

J. L.: No, en ningún caso. Yo soy un delegado del Gobierno en la Mesa de Diálogo con el ELN y estaré allí hasta cuando el Gobierno lo requiera. Eso no significa que no tenga una opinión informada sobre temas tan sensibles como los que se están tratando. Por el contrario, mi participación garantiza que sectores amplios de la sociedad colombiana, lo que se denomina la centroderecha colombiana, tenga una voz en estos diálogos, voz que está y seguirá estando, en la Delegación del Gobierno.

SEMANA: Los cálculos del ELN, lo han dicho en comunicados y entrevistas, es la Constituyente. ¿En la mesa han dicho algo sobre eso?

J. L.: Ese tema está por fuera. En el Acuerdo #9 sobre el Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz se excluye cualquier instrumento de esta naturaleza. Solo basta con leer el preámbulo de la Acuerdo 9 de participación para observar la forma como la última frase lo expresa: “…como parte de la validación democrática de este proceso”.

En conclusión, no solo no está pactada ninguna constituyente, sino que la participación de la sociedad expresada en los puntos 1,2 y 3 se desarrollarán como el instrumento de validación democrática.