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“En el Gobierno Duque no se compró ningún software Pegasus. La denuncia de Petro no tiene fundamento”: Víctor Muñoz, exdirector del Dapre

En entrevista con SEMANA, el exfuncionario dijo que una compra de esas características debe cumplir con ciertos procedimientos legales.

Redacción Semana
6 de septiembre de 2024
Victor Muñoz
Victor Muñoz, exdirector del Dapre | Foto: Presidencia de la República

SEMANA: El presidente Gustavo Petro denunció, el miércoles en la noche que la Dipol de la Policía, durante el Gobierno Duque, en 2021, adquirió el famoso software Pegasus para chuzar comunicaciones. ¿Cuál es su respuesta?

Víctor Muñoz (V. M.): Esa es una denuncia que él hace sin ningún tipo de fundamento, nosotros siempre tuvimos una instrucción por parte del presidente Duque de cumplir con la ley y la Constitución.

Claramente, una compra de esas características es imposible hacerla en los términos que dice el presidente Petro. En Colombia, cualquier contrato que se haga tiene que quedar registrado en el Secop o es un acuerdo que se realiza Gobierno a Gobierno. Ninguna de esas dos cosas sucedió.

En Colombia es imposible realizar un pago de un contrato de servicios o productos con dinero en efectivo, eso es algo que se realiza por los mecanismos diseñados para eso y que tiene que ver con los pagos a través de las cuentas de la nación. La verdad, eso luce más como una cortina de humo para desviar las denuncias que hay sobre la violación de topes en la campaña presidencial de Petro o sobre el mismo paro camionero.

SEMANA: El presidente dijo que él recibió un informe secreto, donde se hablaba de una consignación de dinero en efectivo, procedente de Colombia, a un banco israelí. Que fueron 11 millones de dólares que se movieron, supuestamente, en avión desde Bogotá hasta Tel Aviv.

V. M.: Él mencionó a una agencia suiza Impa y que supuestamente esa es una información que le entregaron a la Uiaf. No existe ninguna posibilidad de un pago en efectivo por parte de ninguna agencia de la nación.

En Colombia todos esos procedimientos están reglados y esas transacciones son públicas desde el Ministerio de Hacienda. Incluso, los gastos reservados de la Policía tienen auditorías y controles específicos. Hasta el momento, Petro habla de unas teorías que nacen de lo que publicó un periódico israelí Haaretz, en el mes de marzo, pero nada más. No hay un solo soporte ni una sola prueba para esas afirmaciones.

SEMANA: ¿La Dipol de la Policía no tiene autonomía para hacer ese tipo de compras, a través de los gastos reservados? ¿Debe tener la autorización del Gobierno?

V. M.: La Dipol le reporta a la dirección general de la Policía, la DNI le reporta a la Presidencia, pero acá el mensaje es que cualquier transacción, cualquier operación que se hubiera hecho en ese sentido, tenía que haber quedado registrada ante todos los procesos de auditoría que tiene la Policía para ese propósito.

SEMANA: A raíz de la denuncia de Petro, ustedes, los altos funcionarios del Gobierno Duque, ¿han hablado con el entonces director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, o con el general Norberto Mujica, que dirigía la Dipol?

V. M.: Hay absoluta claridad de que nada de eso sucedió. No se realizó ninguna compra de esas características. Eso parece más una campaña de desinformación y ataque directo a la Policía porque efectivamente no se realizaron acciones en ese sentido.

SEMANA: ¿De dónde sale toda esta historia? ¿Qué han podido establecer?

V. M.: Es muy extraño. Esto arranca en marzo. Primero se hablaba de que era un tema asociado a la campaña de Petro, luego él dijo que era asociado a las marchas de 2021. Mencionó el mes de julio de ese año, pero las marchas acabaron en el mes de junio. La verdad no sabemos qué hay detrás de esa narrativa que quieren montar. Que investiguen, es muy importante que se esclarezca todo, hay tranquilidad sobre el proceder del Gobierno Duque.

SEMANA: De ese informe secreto que leyó el presidente Petro, en su alocución, ¿tienen algún conocimiento?

V. M.: El presidente dice que ese informe de la agencia suiza nace a través de una solicitud que hace la Uiaf. Aquí hay que tener en cuenta que la Uiaf solo puede proceder por orden judicial. Entonces, la pregunta es dónde está la orden judicial que avala que la Uiaf inicie un proceso para solicitar esa información. En Colombia, la Ley 1712 y la Ley 734, ambas de inteligencia, tienen un marco normativo para la divulgación de información que está clasificada. Sorprende que el presidente hable de un informe clasificado y lo devele en una alocución. Él no ha mostrado una sola prueba. Nosotros ni adquirimos ni usamos ni autorizamos ningún tipo de adquisición en ese sentido.

SEMANA: Es decir, ustedes reiteran que no compraron dicho software Pegasus ni hicieron pagos en efectivo…

V. M.: Así es. Siempre se cumplió con la ley y la Constitución en todas nuestras actuaciones.

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