En medio de alerta de la oposición por posibles chuzadas, DNI responde las críticas por polémico decreto de inteligencia

El pasado sábado 31 de agosto, SEMANA reveló en su totalidad el decreto 1077 que expidió el Gobierno Petro, una reestructuración de la Dirección Nacional de Inteligencia y cuyo documento está firmado por el mandatario; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el director de la Función Pública, César Manrique, y el director (e) de la DNI, Jorge Lemus, quien formó parte del M-19 y reemplazó a Carlos Ramón González, también exmilitante de ese movimiento.

El documento a simple vista da unas directrices para modificar las normas de 2011, entre ellas, la que creó el DNI y que, 13 años después, sí requiere unos ajustes para que la inteligencia y contrainteligencia del Estado funcionen correctamente contra riesgos reales de seguridad.

Los senadores David Luna (Cambio Radical), y María Fernanda Cabal (Centro Democrático) prendieron las alarmas por ese decreto y señalaron que acudirán a acciones legales para frenar dicho documento al calificarlo como peligroso.

Hay algunos artículos que no son lo suficientemente claros y queda abierta la posibilidad de que esas poderosas herramientas sean usadas contra la oposición, periodistas o sencillamente quien no esté de acuerdo con el Gobierno Petro. Queda claro que con este decreto la Dirección de Contrainteligencia podrá recolectar información por medio de fuentes humanas, medios técnicos y abiertos.

Luna, advierte que estos superpoderes son una amenaza real para la libertad y la privacidad de todos los colombianos. “No podemos permitir que, bajo la bandera de la seguridad, se instauren prácticas que nos lleven a un Estado vigilante y represivo, que violente derechos fundamentales como la intimidad, la libertad de expresión y el debido proceso”.

“Asesorar al director general en la implementación de políticas y lineamientos institucionales para el desarrollo de las actividades de contrainteligencia con el fin de preservar y salvaguardar el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos, la soberanía y la seguridad nacional de actos hostiles por parte de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros”, dice el artículo noveno del mencionado decreto. Por esa razón, la senadora María Fernanda Cabal cree que con esta decisión del Gobierno Petro se están imitando los pasos de Venezuela, donde se controla a todos los ciudadanos.

“Ellos no van a parar en el adoctrinamiento, y no se define qué es un acto hostil. ¿Gritar “fuera Petro” es un acto hostil? ¿Trinar en contra de una política del Gobierno Petro es hostil? No lo sabemos, esto es muy grave”, dijo la congresista.

Por esa razón, la Dirección Nacional de Inteligencia expidió un comunicado para responder a las críticas y negar que haya malas intenciones en la expedición de dicho decreto que ha generado tanta polémica.

“Debe aclararse que la modificación orgánica de la DNI se trata, únicamente, de una reestructuración interna de cargos y dependencias ya existentes desde la creación de la entidad. De ninguna manera implica, contrario a lo señalado por algunos medios de comunicación, asignación de funciones o competencias distintas a las contenidas en la Ley de Inteligencia 1621 de 2013 y el Decreto 4179 de 2011 que creó la DNI”, dicen.

Además, niegan que se esté abriendo la puerta a las denominadas chuzadas. “La habilitación legal para la recolección de información por medio de fuentes humanas, medios técnicos y abiertos en las actividades de contrainteligencia existe desde la expedición del decreto reglamentario que crea la DNI y la Ley de Inteligencia; por tanto, los cuestionamientos respecto a la novedad de dichas actividades carecen de fundamento”.

En el comunicado aseguran que la entidad ha sido activa para reformar la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ese debate debe abrirse en el país.

“Con la finalidad de cumplir el mandato de la CorteIDH, la DNI está desarrollando un trabajo conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia para la modificación de los manuales de la entidad, de manera que cumplan con los deberes normativos que orientan las dimensiones de respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos. El propósito es presentar una versión pública de dichos manuales a la ciudadanía, en observancia del principio de transparencia”, reiteraron.