En medio de la polémica generada por la reforma laboral del Gobierno Petro, nacieron dos contrarreformas; esto es lo que proponen

Al polémico proyecto de reforma laboral del Gobierno Petro le salió competencia. Se trata de dos propuestas basadas principalmente en un juicioso estudio académico del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana. Esas contrarreformas, seguramente, generarán un profundo debate en el Congreso.

Por un lado, el representante Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, radicó una ponencia alternativa, luego de haber formado parte de las mesas técnicas con el Gobierno y los demás ponentes. Salcedo recoge algunos puntos concertados, pero se basa en la investigación de los académicos.

De otro lado, hay un proyecto del representante Carlos Ardila, del Partido Liberal, que se encuentra estancado y que no ha sido agendado para su discusión. Recoge en gran medida la propuesta del Observatorio de la Javeriana, con algunas recomendaciones de Acopi, entre otros expertos.

SEMANA conversó con Salcedo, Ardila y con el profesor e investigador Diego Valdivieso, del Observatorio Laboral de la Javeriana. Hay profundas diferencias que los distancian del Gobierno. Valdivieso reclamó que, a pesar de que tocaron las puertas del Ministerio del Trabajo, sus consideraciones no fueron tenidas en cuenta.

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma de Petro tiene que ver con la informalidad. Para los expertos, la ponencia del Gobierno no enfrenta ese problema y, por el contrario, lo podría agudizar.

Según Valdivieso, tras la pandemia, la informalidad en el país es cercana al 56 por ciento. Por eso, proponen dos alternativas. Primero, que se dinamicen las reglas para que esos oficios informales tengan acceso a seguridad social y puedan cotizar pensión, salud y riesgos laborales, con un diferencial al salario mínimo de los trabajadores formales, teniendo en cuenta que en su gran mayoría ganan por debajo del salario mínimo.

El otro punto clave para atacar la informalidad –y que el Gobierno dejó por fuera, según los académicos– es que haya cierta flexibilidad para las mipymes en el pago de algunas obligaciones con sus trabajadores, como las cesantías o primas de servicios, porque el impacto en determinados meses del año llega a ser muy alto. La propuesta es que, a través de un acuerdo con el trabajador, se pueda girar de manera mensual, o en cuotas que no sean tan agresivas para los emprendedores, el dinero de estas prestaciones, garantizando los derechos de los trabajadores.

También hablan de la posibilidad del trabajo por horas. Un punto que ha sido polémico, pero que, según reclamó Valdivieso, el Gobierno ya lo está contemplando para los trabajos rurales.

“Lo que estamos haciendo es copiar la propuesta para el campo, llevándola a todos los cascos urbanos”, aseguró el profesor universitario. Incluiría oficios relacionados con plazas de mercado, vendedores ambulantes, trabajadores sexuales, entre otros trabajos que el Gobierno estaría dejando por fuera y que hoy forman parte del mercado informal.

Otro aspecto que distancia al Gobierno con los académicos es con relación a los trabajadores de las plataformas digitales. El Gobierno solo se enfoca en los repartidores, que serían alrededor de 250.000 en el país. Sin embargo, los investigadores consideran que se deben tener en cuenta todos los trabajos digitales. La diferencia radica en que mientras el Gobierno prohíbe los contratos especiales y los equipara a un empleado normal, la academia considera que se debe regular el trabajo digital, con las condiciones especiales de ese sector.

En ese punto habría una diferencia entre la ponencia de Salcedo con el proyecto de Ardila y el Gobierno, y es que el congresista considera que no debe haber una obligatoriedad de hacer el contrato formal, pero que se debe establecer que la empresa pague la seguridad social del colaborador.

Un punto adicional de discusión que encenderá el debate es a partir de qué hora debe arrancar la jornada nocturna. Inicialmente, el Gobierno propuso que fuera a partir de las 6:00 p. m., pero la ponencia radicada estableció que sea desde las 7:00 p. m. Valdivieso considera que podría mantenerse esa hora, siempre y cuando haya indicadores que respalden eso, es decir, que por ejemplo no se vaya a incrementar la informalidad.

Precisamente, ese es uno de los riesgos sobre los que hacen advertencias. Consideran que la jornada entre 6:00 y 8:00 p. m. sigue siendo productiva. Ante la posibilidad de pagar horas nocturnas, se podría desencadenar un incremento de la informalidad, uno de los puntos que se debería atacar. Por eso, proponen que sea a partir de las 8:00 p. m. con la posibilidad de que se pueda ir reduciendo. Esa idea fue acogida por Ardila y Salcedo.

Lo mismo sucede con el pago de dominicales y festivos, a los que el Gobierno plantea incrementarlos al 100 por ciento, aunque en la ponencia aclararon que sería de manera gradual. Los académicos Salcedo y Ardila creen que debería ser máximo del 85 por ciento.

Por otro lado, hay diferencias entre la propuesta del Gobierno y la de los congresistas en materia de tercerización. El Gobierno pretende que las empresas contratistas les paguen a sus empleados lo mismo que quien las contrató. Ellos reclaman que se trata de unidades independientes, aunque reconocen que en ocasiones se usan para violentar derechos de asociaciones sindicales y que, en ese caso, sí piden que sean sancionadas.

En materia sindical hay varias diferencias entre las propuestas. Ambos están de acuerdo con que la presencia de los sindicatos arranque en compañías de cualquier tamaño. Sin embargo, los expertos laborales aclaran que no comparten que a través de la figura de la “negociación de industria obligatoria” que trae la propuesta del Gobierno, se pretenda equiparar las condiciones entre las grandes y pequeñas empresas, especialmente cuando la presencia sindical en las micro y pequeñas compañías es estadísticamente baja en el país.

La gran alerta para los analistas es que el Gobierno estaría buscando generar un modelo de pocos sindicatos, los más representativos, que sean quienes negocien con los dueños de las industrias. Eso despierta más dudas cuando se sabe la cercanía que tiene el Ministerio del Trabajo y el Gobierno Petro con los grandes sindicatos y la puja interna que hay en algunos de ellos por liderarlos.

La idea de las contrarreformas es que la sindicalización sea voluntaria, es decir, que si las uniones de trabajadores y las empresas quieren hacer acuerdos puedan llegar a ellos, pero que no sea obligatorio, como lo propone el Gobierno.

Algo similar sucede con la “huelga parcial”, que es la idea de que ese mecanismo se dé en determinado sector de una empresa y no en toda la compañía, como ocurre hoy. Los académicos resaltan que eso se debe permitir, siempre y cuando no se utilice para encubrir el deseo de una minoría; además, que cuando la huelga afecte el encadenamiento productivo de la compañía, no debería ser permitida.

Salcedo planteó en su proyecto que no está de acuerdo con la huelga de servicios públicos esenciales, porque sería inconstitucional y podría afectar los servicios básicos de salud, saneamiento, agua y electricidad, entre otros.

El congresista dijo que también se apartó de la idea del Gobierno de que una huelga pueda ser convocada por una tercera parte del sindicato, cuando actualmente se establece que debe ser la mayoría. Considera que es una propuesta que rompe la democracia de esos procesos y que afecta a las organizaciones sindicales.Desde la academia creen que el Gobierno tiene una clara posición en favor del sindicalismo y en mostrar a las empresas como victimarias.

Alertan, por ejemplo, que la propuesta del petrismo plantea que la única forma de obtener beneficios extralegales en una compañía sea perteneciendo a un sindicato, lo cual genera otra preocupación.

Por ahora hay dos posiciones enfrentadas, la del Gobierno y las contrarreformas de Salcedo y Ardila, apoyadas en la academia. Cuando llegue el momento de la discusión, ambas propuestas serán sometidas a votación y se sabrá cuál fue respaldada por la mayoría de congresistas.