“En ningún momento estamos intentando nacionalizar el petróleo”: congresista de Alianza Verde responde a críticas sobre proyecto que eliminaría contratos de concesión petrolera

En días pasados, los congresistas Inti Asprilla, Ana Carolina Espitia y Juan Diego Muñoz, de la Alianza Verde, radicaron un proyecto de ley que causó polémica por sus posibles implicaciones en el sector de los hidrocarburos. Los legisladores proponen que la industria se deje a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), lo que ha sido interpretado en algunos sectores como una nacionalización del sector.

De inmediato, la oposición reaccionó a la posibilidad de que la bancada de Gobierno haya propuesto la nacionalización del sector.

“Nacionalizar la industria petrolera fue algo que ya habíamos escuchado en el 2009 en Venezuela. Una receta perfecta para el estancamiento económico y la pobreza”, trinó la cuenta oficial del partido.

El representante Muñoz, en conversación con SEMANA, aclaró que se trata de un nuevo arreglo en los contratos para que el Estado colombiano saque mayor provecho. De esta forma, no pretende nacionalizar la industria, como lo han advertido algunas fuerzas políticas.

“Venezuela nacionalizó las empresas y vimos que es un modelo fallido. En ningún momento estamos intentando nacionalizar el petróleo, en ningún momento. El petróleo es un recurso de los colombianos, precisamente es un recurso del Estado, y no hay necesidad de nacionalizarlo porque ya es nuestro. La idea es que se reconfigure un modelo económico en la ley de hidrocarburos para generar una ecuación más adecuada para el país”, explicó el congresista del departamento del Meta, quien adicionalmente contó que está en contra de la visión sobre los hidrocarburos del presidente Gustavo Petro.

El proyecto propone que el Estado, como propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, “explorará y explotará directamente los yacimientos convencionales y no convencionales de hidrocarburos, que estará a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos” (ANH).

De acuerdo con la propuesta, la ANH podría llevar a efecto estas actividades directamente o por medio de contratos de producción compartida u otras formas contractuales distintas a contratos de concesión. Según los autores, esto garantizaría “la participación efectiva del Estado en la producción de hidrocarburos·.

“En todo caso, la participación del Estado como propietario de los recursos naturales no renovables hidrocarburíferos que se encuentran en el subsuelo y que son irrenunciables, inalienables, imprescriptibles e inembargables, será equitativa y de trato justo, en la producción o explotación de sus yacimientos de hidrocarburos, sin perjuicio del pago de las regalías y cualquier otro derecho o contraprestación económica que se pacte”, detalla el proyecto.

En segundo lugar, se propone que no se podrán celebrar, suscribir o prorrogar ninguna clase de contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en los que el contratista sea el dueño de todos los derechos de producción después de entregar regalías y el Estado perciba solo impuestos.

“En todo caso, se prohíbe a partir de la vigencia de la presente ley la celebración de contratos de concesión moderna o contratos E&P y TEA para la exploración y producción de hidrocarburos de propiedad estatal”, dice el documento.

De aprobarse la iniciativa, los titulares de las solicitudes en trámite para explorar y explotar hidrocarburos por medio del contrato de concesión, si no hay terceros que ofrezcan mejores condiciones, “gozarán de preferencia para contratar con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, en los términos del artículo primero de esta ley”.

“Si dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la empresa manifieste su determinación de celebrar un contrato relativo a toda o a una parte de la zona correspondiente a la propuesta en trámite, el titular no hubiere ejercido el derecho a la referida preferencia, perderá esta definitivamente”, agrega el proyecto.

Y los contratos vigentes de exploración y explotación que no se ajusten a la ley, según la propuesta, no podrán ser prorrogados.

En el siguiente artículo, el proyecto reitera su intención de que la ANH sea la única con autoridad sobre los recursos en el subsuelo colombiano: “Será la única entidad pública que tiene la facultad exclusiva de administrar todas las reservas de hidrocarburos de propiedad del Estado, existentes en todos los yacimientos convencionales o no convencionales, descubiertos o no, sin que pueda delegar esta facultad de administrar en otra entidad o empresa pública, mixta o privada, cualquiera que fuere su naturaleza jurídica”.

Esta administración incluye los barriles de crudo en producción por parte de Ecopetrol, con la condición de que no haya tenido como fuente un contrato de exploración y explotación de hidrocarburos diferente al contrato convenio.

De esta forma, la ANH será la que asegure la cadena productiva de hidrocarburos de propiedad estatal para garantizar el abastecimiento interno y competitivo que demandan los sectores productivos y servicios públicos. A su vez, le dará manejo a bienes muebles, inmuebles, o de cualquier otra denominación, que hayan pasado al Estado por finalización de contratos. También le quitaría a Ecopetrol la administración de toda la infraestructura de transporte de los recursos que sean propiedad del Estado.

La ANH también, según la iniciativa legislativa, “administrará todas las refinerías de Barrancabermeja, Reficar y toda planta de refinación de hidrocarburos de propiedad estatal, los puertos marítimos y fluviales estatal para el transporte de hidrocarburos y sus productos, edificios con todas sus mejoras y adecuaciones en equipos realizadas por la empresa que los administra, ECOPETROL S.A., máquinas, aparatos, herramientas, instalaciones eléctricas y todos los elementos de exploración y explotación de propiedad estatal, a partir de la fecha de entrega obligatoria”.

Además, propone que Colombia se quede con más recursos en el proceso: “La explotación de hidrocarburos, causará en favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía del 20 % del valor bruto de la producción total de la producción por Yacimiento, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte”.

A su vez, por medio de este proyecto de ley, quedaría prohibido el fracking en roca generadora de yacimientos no convencionales.

Este proyecto, de ser aprobado, supone un cambio extremo en la industria, ya que la ANH sería la administradora de toda la estructura del proceso de los hidrocarburos y derogaría el contrato de concesión en cualquiera de sus modalidades.