¿Engaños con promesa de tierras? Gobierno Petro no concreta negocios en compra de predios para ser adjudicados a campesinos

La reforma agraria es cada vez más esquiva para el Gobierno de Gustavo Petro. Para concretar la promesa de entregarles tierras a los campesinos, el Ejecutivo necesita adquirir miles de hectáreas sobre las que no se han concretado los procesos de compra, pese a que hay comunidades esperando a que se las adjudiquen. Y eso no ha ocurrido.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) le reconoció a SEMANA, mediante un derecho de petición enviado por esta revista, que aún no cuenta con una base de datos clara sobre cuáles son los predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y del Fondo de la Unidad para las Víctimas que comprarán y que están disponibles para entrega inmediata. Todo esto pese a que esa entidad y el Ministerio de Agricultura anunciaron un acuerdo para comprarles miles de hectáreas a esos dos despachos.

Desde abril, varias entidades del Gobierno hicieron pública una alianza para invertir 900.000 millones de pesos de los recursos de la ANT para la compra de predios que estaban bajo propiedad de la SAE y del Fondo para las Víctimas. La misma agencia señala que no se cuenta con una base de datos confirmada que indique qué predios serán objeto de esa adquisición.

La ANT es el eje central de ese convenio y es la agencia que reconoció que “dado que los terrenos se encuentran en trámites de promesa de compraventa, no se cuenta con una base de predios disponibles hasta que no se surta el proceso completo de adquisición”. Es decir, las demoras en los trámites tienen en el limbo esa iniciativa y la ANT viene prometiendo tierras que ni siquiera ha comprado y sobre las que tampoco tiene claridad frente a si están libres de líos judiciales.

Lo que dice la agencia no pone en duda que la SAE y el fondo sí tienen predios para la venta, terrenos que han estado bajo su administración durante años porque corresponden a los lotes que el Estado consiguió de dineros mal habidos del narcotráfico y la delincuencia. El problema es que existen tantos procesos judiciales pendientes con estos predios que no están disponibles para entrega inmediata, ya que tienen reclamaciones en curso.

Si bien la ANT señala no tener información sobre las propiedades, la Unidad para las Víctimas, encargada de administrar el Fondo, sí confirma que se le han ofertado 1.753 predios rurales a la Agencia, de los que 122 se están revisando con posible opción de compra. De ese total, hay nueve con procesos de compraventa y que suman 1.500 hectáreas. SEMANA también le consultó a la SAE esa información, pero al momento del cierre de esta edición no había recibido respuesta.

Así las cosas, el Ejecutivo está prometiendo tierras para la reforma agraria sobre las que no se tiene claridad de cuándo se terminarán los procesos judiciales sobre estos, y mucho menos se conoce cuándo podrán comprarse para luego adjudicarlos a las comunidades campesinas. Sobre estos pueden estar en curso procesos de extinción de dominio o reclamaciones que dependen del tiempo de los jueces.

La otra alternativa para conseguir tierras para la reforma es la compra de predios a los ganaderos que han puesto a disposición sus propiedades. Sin embargo, SEMANA habló con cuatro personas que están en medio de ese proceso que confirmaron que la ANT los tiene esperando en medio de los trámites administrativos. Ellos les han mostrado sus predios a los campesinos sin que se haya siquiera firmado la promesa de compraventa.

Ganaderos esperando

“Estamos esperando a que la ANT elabore y firme las escrituras y termine de pagar los predios. Al no escriturar a los campesinos, a los que les han preasignado los predios, no las pueden usar ni aprovechar, y eso genera mucha molestia. Se supone que luego de firmar la promesa de compraventa y entregar los predios se deben entregar las escrituras en un plazo no mayor a 30 días y luego pagar el predio. Esto no se está cumpliendo. No tenemos claro cuándo se va a terminar el proceso porque no nos dan fechas”, expresó un propietario de un terreno en el que el Gobierno hizo un evento de entrega de predios sin que estuvieran firmados los documentos de la negociación.

Él y otros terratenientes dieron su testimonio con la promesa de no publicar sus nombres ni la ubicación exacta de los predios porque temen que el negocio se enrede más tras alertar sobre las demoras que están viviendo. Ellos ya no pueden hacer actividades económicas en esos lotes porque fueron ofertados, pero siguen pagando impuestos por estos, debido a las demoras administrativas.

La falta de respuesta tiene a los vendedores mandando derechos de petición a la ANT y correos a sus directivos para preguntar cómo va la oficialización de esas compras. Ellos mismos cuentan que los campesinos, quienes los conocen en sus regiones, se acercan a ellos a preguntarles si ya concretaron los negocios porque las comunidades están esperando a que les den su tierra prometida. Pero nada se concreta.

Es tan grave la situación que el abogado David Rodríguez, quien ha encabezado ese tipo de litigios, advierte: “Los compromisos no se han concretado en la suscripción de documentos que condensen la negociación con el Gobierno y no se han hecho los pagos en los casos donde ya hubo negociación. En algunos de esos predios, incluso, se han hecho eventos públicos; sin embargo, la operación no está materializada a través de un acto contractual. Además, están apareciendo grupos armados al margen de la ley que instan a los propietarios a devaluar el costo de sus propiedades, lo que beneficia al Gobierno porque se ofertan menores precios que el valor comercial”.

Durante la administración de Gerardo Vega, exdirector de la ANT hoy denunciado ante la Fiscalía por presuntas compras irregulares de predios, comenzó el acuerdo con los ganaderos para adquirir las tierras, y son ellos quienes ahora aseguran que el proceso está frenado desde que comenzó la administración de Juan Felipe Harman, el director actual, que promovió un remezón en la entidad entregándoles puestos técnicos a cuotas políticas.

“Eso allá es una torre de Babel. En una parte te dicen que tu proceso está aprobado, en otra dependencia dicen una cosa distinta. Hay desorden administrativo y falta profesionalismo de gente técnica que ejecute la reforma. Mi tierra estaba apta para venta y en abril todo se frenó, llevo varios meses esperando una visita que no han hecho”, dijo otro vendedor de tierras desde el Caribe.

Es más, algunos señalan que hay empresarios de la tierra que el presidente Petro “puso de vitrina” para su reforma. Ese panorama muestra que la ANT tiene en el limbo todos sus frentes de compras de tierras porque los convenios interinstitucionales están paralizados y sus trámites internos tienen frenada la compra a los terratenientes.

La situación la detalla un ofertante del Meta que está cansado de esperar a que la agencia opere: “Decidí entrar en el programa para contribuir a que las familias vinieran a la tierra, pero hay un mico en el negocio. A mí me dijeron que era un programa de tres meses y en octubre ajusto un año. El problema que se viene, si no concretan, es que eso lo van a terminar invadiendo porque ya han ido a ver la tierra y los campesinos están ilusionados con que sea de ellos”. La esperanza de los beneficiarios se está apagando con la demora de la entidad.