EPS Sanitas y Gobierno Petro deberán trabajar conjuntamente para garantizar que los niños puedan acceder a medicamentos

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá resolvió una tutela interpuesta por Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia, en la que pedía medidas administrativas, financieras y presupuestales para garantizar los medicamentos no PBS de niños afiliados a EPS Sanitas.

En el fallo se exhortan al Ministerio de Salud, EPS Sanitas, Acemi, Superintendencia Nacional de Salud y a la Adres para que trabajen conjuntamente.

“En el marco de sus competencias, de manera conjunta y colaborativa, continúen adelantando las gestiones administrativas e interadministrativas necesarias y pertinentes, que redunden en la búsqueda de alternativas o soluciones que permitan en lo sucesivo continuar garantizando de forma efectiva el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes al ser una población de especial protección constitucional”, se lee en el documento, en respuesta a la acción de Ruiz.

El exministro se refiere al comunicado de prensa de Cruz Verde avisando que no se iban a suministrar medicamentos no PBS desde el 15 de noviembre de este año. Por esta razón, expresó que “resultan gravemente amenazados los derechos fundamentales a la seguridad social, salud y vida de las personas adscritas al servicio de salud de EPS Sanitas que requieren periódicamente de insumos como pañales, suplementos nutricionales y medicamentos vitales. Especialmente, los niños, niñas y adolescentes que represento”.

Frente a esta solicitud, EPS Sanitas le comunicó al juzgado que el problema se encontraba resuelto, dado que se hizo un convenio con Audifarma para dispensar dichos medicamentos.

“Solicitó no acceder a las pretensiones del accionante, en relación esa entidad, por cuanto se presentó un hecho superado respecto de la dispensación de las tecnologías no financiadas con la UPC, al ser suministradas por Audifarma”, se lee en el fallo.

Por otro lado, el Ministerio de Salud y Protección Social aseguró no ser responsable de las gestiones de EPS Sanitas para subsanar la problemática. Además, resaltó que para 2023 se entregan 48,6 billones de pesos en presupuestos máximos, dineros que también llegan a la aseguradora para satisfacer las necesidades de sus afiliados.

Por otro lado, Acemi proporcionó información asegurando que “los ajustes a los presupuestos máximos no se han realizado con la celeridad requerida, lo que genera problemas importantes en el sistema en materia financiera”.

“Lo anterior significa que el Ministerio de Salud no ha dado cumplimiento a la obligación referenciada por la Corte Constitucional dentro del seguimiento a la sentencia T-760 de 2008, reiterada en la Sentencia C-162 de 2022, que alude a que el valor de dichos presupuestos sea suficiente para cubrir la prestación de los servicios y tecnologías a cubrir con cargo a los mismos”, se lee en el fallo.

Además, el Grupo Empresarial Keralty, accionista minoritario de EPS Sanitas, aseguró que no se vulneran los derechos de ningún niño. “No ha vulnerado ninguno de los derechos constitucionales que se predican violados en la presente acción constitucional”.

Por esta razón, si bien el juzgado consideró que las circunstancias que dieron origen a la tutela fueron subsanadas antes del fallo, se debía unir a las entidades en cuestión, tanto privadas como del Gobierno nacional, para seguir garantizando el acceso a medicamentos a niños, niñas y adolescentes.