Petro en la Corte IDH: Ernesto Samper pide que Ordóñez pague con su renuncia

Continúa el debate en el país sobre la permanencia de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA tras la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le impuso a Colombia por cuenta de una decisión suya. Humberto de la Calle fue el primero en pedir su retiro y que pague la sanción que le impusieron al Estado.

Quien también se pronunció fue el expresidente Ernesto Samper, quien solicitó abiertamente que el exprocurador responda con la renuncia a su actual cargo, de manera jurídica y fiscal, por la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.

"El exprocurador Ordóñez debe responder jurídica y fiscalmente con su renuncia a la OEA, por el acto arbitrario de la destitución de Gustavo Petro que acaba de declarar la CIDH. Fue él quien ordenó la destitución por razones políticas e ideológicas bien conocidas", escribió el exmandatario.

De hecho, Humberto de la Calle, exjefe del equipo negociador de los diálogos de Paz en La Habana, aseguró que Alejandro Ordóñez ejerció sus poderes de manera "sesgada y arbitraria". Aseveró además que es al Gobierno al que le corresponde "ordenar que se inicie el proceso legal para que el mencionado exfuncionario reintegre los dineros que tenga que pagar el Estado colombiano con dinero de los contribuyentes", en medio del debate por la condena a Colombia.

El fallo de la Corte IDH abrió un profundo debate en el país. En primer lugar, porque Colombia deberá cambiar su derecho interno para poder garantizar que ningún otro funcionario elegido popularmente sea sancionado con la suspensión de sus derechos políticos por cualquier entidad que no sea judicial. Hasta ahora, en Colombia, tanto la Procuraduría como la Contraloría podían tomar ese tipo de determinaciones.

La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano por este caso también estableció que Petro recibirá 28.000 dólares, 10.000 por daño inmaterial causado y 18.000 por los gastos en el proceso.

Al cambio de hoy, la cifra rondaría los 105 millones de pesos. En la decisión, además, se estipula que el Estado deberá publicar un resumen oficial de la sentencia en el "Diario Oficial" y en un diario de circulación nacional. Además, el fallo completo a su favor deberá publicarse en el sitio web de la Procuraduría General.