¿Error de digitación?, firma de exministra Irene Vélez aparece en primer decreto de emergencia económica en La Guajira

Un error se habría registrado en el primer decreto que expidió el presidente de la República, Gustavo Petro, de la emergencia económica y social que declaró en La Guajira para atender con celeridad la crisis que se registra en esa región del país por la falta de agua potable.

SEMANA revisó el Decreto 1250 del Ministerio de Vivienda y llamó poderosamente la atención que la firma de la polémica exministra de Minas y Energía Irene Vélez está plasmada en el documento de 20 páginas, en compañía de varios integrantes del gabinete, dentro de estos la del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; la del ministro de Justicia, Néstor Osuna, y la del ministro de Defensa, Iván Velásquez, entre otros.

Lo curioso es que Irene Vélez presentó su carta de renuncia el pasado 19 de julio, mientras que el decreto en el que aparece su firma se expidió el 26 de julio, varios días después de que diera un paso al costado en el Gobierno del llamado cambio.

La renuncia fue aceptada por el propio presidente Petro, quien reaccionó por medio de su cuenta personal de Twitter revelando las razones del porqué se iba Irene Vélez del Ministerio de Minas y Energía.

“Irene se va sin que se haya perdido un peso, con un adelanto importante en las tareas normativas para la transición energética y con la elaboración del nuevo código de minas”, trinó en su momento Petro.

Y continuó con el mensaje: “En su administración, comenzaron a ser realidad las comunidades energéticas. Su retiro voluntario se debe a hechos anteriores a mi gobierno”.

Algunos expertos señalaron que ese supuesto error podría tener consecuencias frente a una eventual demanda que se pueda radicar en contra del Decreto 1250, el cual traería como consecuencia que se caiga.

Presidente Petro expide primer decreto de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. MinVivienda tendrá patrimonio autónomo

Al despacho de la magistrada Diana Fajardo, presidenta de la Corte Constitucional, llegó el Decreto 1250 del 26 de julio de 2023, emitido por la Presidencia de la República. Se trata del primer decreto expedido por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira.

El documento establece que el Ministerio de Vivienda será el encargado de garantizar el acceso al agua potable en esta región del país, para lo cual contará con un patrimonio autónomo y podrá llevar a cabo procesos de contratación directa.

“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio quedará facultado para la contratación directa de una fiducia mercantil que tenga por objeto la constitución de un patrimonio autónomo para la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento básico en La Guajira. Podrá contar con recursos del Presupuesto General de la Nación, los que asignen las entidades nacionales, de los entes territoriales, de las empresas operadoras de servicios públicos del departamento, municipios, de organismos internacionales de cooperación y otras personas naturales y jurídicas. Este patrimonio autónomo estará sujeto al cumplimiento de las normas que le sean aplicables”, dice el decreto.

Sobre la contratación directa, el decreto establece que “el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estará facultado para llevar a cabo contrataciones directas destinadas al suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras para la garantía de acceso al agua y saneamiento básico, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los hechos que originaron la declaración de emergencia y/o conjurar sus efectos. Para aplicar esta modalidad de contratación, la declaratoria del Gobierno nacional constituye el acto administrativo que fundamenta la urgencia manifiesta”.

En ese mismo sentido, establece que se podrá contratar de manera directa con organizaciones sociales, comunitarias e indígenas.

“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico de La Guajira (PDA) estarán facultados para realizar contrataciones directas con organizaciones sociales, cívicas, comunitarias y étnicas, las cuales tendrán por objeto adquirir los bienes, servicios y obras necesarias para hacer frente a los hechos que originaron la declaratoria de emergencia y/o conjurar sus efectos, aun cuando superen la mínima cuantía”.

El decreto, que ya entró a regir, también ordena la creación del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira, como una entidad descentralizada del orden nacional, cuyo objeto será gestionar el recurso hídrico en el territorio. El director de dicho instituto será nombrado por el presidente de la República.

De igual forma, el decreto determina que el proyecto multipropósito del río Ranchería, que hoy es uno de los elefantes blancos más grandes del país, sea estratégico para garantizar el acceso al agua potable para el consumo humano, para lo cual el Ministerio de Vivienda deberá garantizará la administración, operación y mantenimiento de este proyecto.

Ahora, la Corte Constitucional entrará a revisar en primer lugar el decreto de la declaratoria de la emergencia económica, social y ambiental en La Guajira, expedido por el presidente Gustavo Petro y, posteriormente, este decreto que ordena las primeras acciones.

La declaratoria de emergencia

El presidente Gustavo Petro expidió los decretos con los que declara la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira por 30 días. Esta decisión busca, según el mandatario, atender 11 sectores para enfrentar la crisis humanitaria que vive este departamento del norte del país.

“El Gobierno enfocará sus esfuerzos en los sectores de salud, agua y saneamiento básico, agropecuario y rural, medioambiental, educación, energía, transporte, tributos e inversiones, inclusión, tecnologías de la información y las comunicaciones y medidas presupuestales, planeación y contratación”, indicó la Presidencia.

Uno de los puntos principales sobre los que el Gobierno pondrá especial atención es la salud. Allí, se espera que se tomen medidas que garanticen el buen funcionamiento del sistema en el departamento, agobiado por la corrupción y la falta de recursos.

“Se requieren medidas legislativas para reorganizar la estructura y funcionamiento del sistema de salud en el departamento, en particular en lo referente a la gobernanza, el financiamiento, la administración y el flujo de recursos, con un modelo de salud propio e intercultural construido en acuerdo con las autoridades tradicionales indígenas del pueblo wayuu y de los demás pueblos indígenas”, advirtió el Gobierno.

Otro punto clave será el acceso al agua y al saneamiento básico, para lo que el Gobierno planea echar mano de los recursos del Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Regalías y del Sistema General de Participaciones, con el fin de construir la infraestructura necesaria para que los habitantes de La Guajira disfruten del acceso al agua potable y a las necesidades básicas de saneamiento.

Otro de los aspectos que se destacan dentro de los fines de la declaración de esta emergencia económica, social y ecológica para La Guajira, es el de hacerles frente a los problemas sociales que se desprenden de las calamidades climáticas que afectan al departamento, en particular con la llegada del fenómeno de El Niño al país, lo que hace pensar que habrá una dura temporada de sequía en esta región.

Finalmente, gracias a esta medida, serán el agropecuario, la educación, los subsidios de energía, la infraestructura aérea, las inversiones para promover el desarrollo de la región, la atención a las familias y la primera infancia, y la puesta en marcha de proyectos de tecnología que permitan la implementación de infraestructura de las telecomunicaciones en la península.