“Es urgente poner en la agenda las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad”: Comité de Monitoreo

SEMANA: Están por presentar el segundo informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, ¿Cuáles son los hallazgos?

Wilson de Jesús Castañeda (W.J.C.): Este informe tiene antecedentes. Primero, el segundo informe que entrega el Comité de Monitoreo llega cuando tenemos una capacidad de analizar si las decisiones que está tomando el Estado en su conjunto están siguiendo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad; segundo, este informe se concentra en las responsabilidades del Estado en cada una de las ramas del poder; tercero, llega en un momento en el que se puede evaluar de qué manera las propuestas de “paz total” del Gobierno están generando un diálogo con lo que venía anteriormente. Y, finalmente, este informe permite identificar algunos retrasos que tenemos en las recomendaciones.

SEMANA: Las recomendaciones tenían unos plazos para el cumplimiento de estas. Se trazó una meta de una avance en el 35 % de las recomendaciones para el segundo año, ¿ese avance está?

W.J.C.: Ese es el balance que estamos haciendo. De entrada, las recomendaciones, si bien sí están avanzando, este avance no está correspondiendo a la temporalidad, sentimos que todavía está muy en etapa inicial. Estamos revisando los últimos reportes de los ministerios y hemos visto que hay temas que no avanzan.

Por ejemplo, las recomendaciones que tienen que ver con la reforma a la Fuerza Pública para que el Estado colombiano proponga que la ciudadanía defina qué tipo de Fuerza Pública quiere y todavía no estamos viendo ni al Ministerio de Defensa ni al Congreso de la República haciendo esta consulta ciudadana. Las recomendaciones de mediano y largo plazo para el diálogo social todavía no se están dando.

La recomendación al Ministerio de Educación de “La escuela abraza la verdad” parece que entró a un espacio de invernadero. Entonces, las recomendaciones no son solo titularlas, sino garantizar que se mantengan en el tiempo y en el espacio, son acciones que deben permanecer en el Estado.

SEMANA: Ustedes revisan el cumplimiento de cada rama del poder público, ¿Cuál es la que está más retrasada?

W.J.C.: El Ejecutivo es el que más ha avanzado en las recomendaciones, sobre todo porque el Gobierno actual logró poner las recomendaciones en el Plan de Desarrollo y casi todos los ministerios tienen acciones puntuales frente a las recomendaciones. De la rama del poder que menos conocemos cómo avanzan es la judicial, con la salvedad de que aún no hemos tenido mucho conocimiento de lo que está haciendo, entonces estamos ante un vacío de información. De la información que tenemos sobre la mesa podemos afirmar que, mientras el Ejecutivo es el que más ha asumido responsabilidades, todavía entidades como la Fiscalía y las altas cortes no nos han entregado información clara que nos permita saber cómo avanza.

En lo que compete al Congreso de la República, en el primer informe que entregamos el año pasado dábamos cuenta de cómo en ese año legislativo el Congreso presentó 77 proyectos de ley que tenían relación con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y terminaron materializándose en cinco leyes. En esta segunda anualidad estos temas no fueron tan usados en los proyectos de ley, si bien la bancada de paz sigue liderando proyectos de ley, estos nos son tan amplios y contundente como en la primera legislatura.

SEMANA: Si se mira una fotografía general, ¿se puede decir que la agenda país está apretada para que se puedan cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad a tiempo?

W.J.C.: El informe, que conocerá la opinión pública el 26 de junio, hace un llamado de atención al país de que es urgente volver a poner en la agenda de prioridades la implementación de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad.

Como Comité tenemos tres preocupaciones. Primero, en el imaginario colectivo y en la opinión pública hay cierto olvido de las recomendaciones, hoy no estamos viendo al país hablar del informe de la Comisión de la Verdad; en segundo lugar, hay decisiones que están amarradas a esas recomendaciones; y, en tercer lugar, creemos nosotros que más allá de las tensiones políticas que tiene cotidianamente el país el Estado y la sociedad colombiana tienen que reconocer que las recomendaciones son un bien público y que no pertenecen al Gobierno actual.

Si bien este Gobierno tiene una responsabilidad con ellas, necesitamos que todos los actores aseguren su compromiso con las recomendaciones.

SEMANA: Teniendo en cuenta ese llamado que usted hace, ¿qué implicaciones considera se tendrían para cada una de las ramas del poder público y para Colombia el no cumplimiento a cabalidad de esas recomendaciones?

W.J.C.: Cuando la Comisión de la Verdad hizo su informe, este tiene una responsabilidad que nace del Acuerdo de Paz y es darle a Colombia una explicación no judicial de los motivos del conflicto armado. Cuando la Comisión de la Verdad hace su informe, no solamente responde a esta pregunta, sino que da un paso más allá recomendándole acciones al Estado y a la sociedad para que esto no se repita.

Si bien las recomendaciones en términos jurídicos no son vinculantes, tienen una profunda vocación ética y el no cumplimiento de estas nos estaría llevando a tener una amnesia sobre los motivos que llevaron al conflicto y sería fallarle como sociedad a las víctimas del conflicto armado que esperan reparación y que la implementación de las recomendaciones dé garantías de no repetición.