Escandaloso: congresistas buscan que el conflicto de interés no les aplique cuando tengan que decidir sobre los privados que financian sus campañas

Un artículo del proyecto de acto legislativo de reforma política buscaría que los congresistas no tengan que separarse de los debates en el Congreso que involucren a las empresas privadas que hayan financiado campañas electorales.

Así se desprende del texto aprobado la semana pasada en la Comisión Primera del Senado, y el cual, curiosamente, no tuvo casi debate entre ninguno de los sectores partidistas que integran el Congreso.

De acuerdo con la propuesta, “en lo relacionado con la financiación de las campañas políticas con recursos de origen privado, no habrá lugar a que se configure el conflicto de interés sobre un congresista individualmente considerado, de manera personal, particular y directa, en ejercicio de la representación legítima de sus electores”.

SEMANA consultó a varios expertos en temas del Congreso y la conclusión de todos fue que esto significa que, de aprobarse este artículo, los congresistas no tendrían que declararse impedidos por un conflicto de interés cuando se trate de proyectos de ley o enmiendas constitucionales que estén relacionadas con las empresas privadas que financien campañas electorales.

A partir de allí vienen diferentes interpretaciones y preguntas. Por un lado, hay quienes dicen que esta propuesta estaría atada a la implementación de las listas cerradas, también contenida en la reforma política. En esta modalidad, la financiación privada sería para los partidos o movimientos políticos que avalen la lista y no para los congresistas individualmente.

Pero en este caso surge una duda: si una empresa privada entrega recursos a un partido o movimiento político que avaló una lista cerrada, ¿el congresista tendría que declararse impedido para tramitar temas relacionados con esa empresa privada o esta propuesta lo liberaría de esa obligación?

También hay quienes piensan que este artículo que exime a los congresistas del conflicto de interés hacia las empresas privadas que financien las campañas también riñe con otra propuesta, contenida en la reforma política, que indica que la financiación de las campañas electorales será preponderantemente estatal.

Algunos dicen que no tendría mucho sentido proponer, por un lado, que las campañas sean financiadas por el Estado preponderantemente y, por el otro lado, contemplar la posibilidad de que haya recursos privados y librar, de paso, a los congresistas del conflicto de interés cuando se trate de asuntos relacionados con las empresas que financiaron las campañas.

El artículo polémico añade esta parte al 182 de la Constitución Política, el cual, desde hace varios años, dejó en manos de la ley la regulación del conflicto de interés de los congresistas. Sin embargo, si este artículo se aprueba como está en la reforma política, quedaría en la Carta Política y tendría fuerza constitucional.

La incorporación de esta disposición se da en momentos en los cuales la mayoría de la opinión pública reclama de los congresistas más trabajo y menos sueldo y luego de varios años en los que el Legislativo ocupa los peores puestos en credibilidad frente a los ciudadanos.

De hecho, en el propio Congreso existen varias propuestas para modificar algunas costumbres que son consideradas privilegios de los legisladores como, por ejemplo, el extenso periodo de receso o ‘vacaciones’ legislativas, los 35 millones de pesos que ganan mensualmente y otros beneficios, como pasajes de avión y hasta seguros de vida que salen del bolsillo de los colombianos.

El proyecto de reforma política tiene otros temas que seguramente generarán polémica en los próximos meses en el Capitolio, como, por ejemplo, la posibilidad de que los congresistas se cambien de partido, una práctica que se conoce como transfuguismo.

Según lo aprobado, se les autoriza para que después de 2026 y por un lapso de dos meses, “los miembros de cuerpos colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado dos meses antes de dicho periodo a su curul” puedan “inscribirse en un partido distinto al que los avaló” sin incurrir en doble militancia.

Y otra propuesta que seguirá generando controversia en el Legislativo es la que les permite a los congresistas renunciar a sus curules y saltar a ser, por ejemplo, ministros del despacho.

El eje de la discusión durante el primer debate de la reforma política en este caso fue la posibilidad de que los gobernantes de turno sobornen de alguna manera a los sectores políticos para que los acompañen en su agenda legislativa o en otras de sus políticas públicas favoreciéndolos con el nombramiento de uno de los suyos en el gabinete ministerial.

Actualmente la inhabilidad para que un legislador ocupe un cargo público -como un ministerio- es de un año y la propuesta en la reforma política es eliminar esa restricción.

En este sentido, una de las voces a favor fue la del senador por el Pacto Histórico Roy Barreras, coordinador ponente de la reforma política, quien afirmó que esta propuesta es “absolutamente razonable” y que “todas las socialdemocracias europeas permiten que sus diputados” integren los gobiernos y “llaman a sus mejores hombres a gobernar”.

Pero senadores como Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, sostienen que esas democracias a las que se refiere Barreras “son diferentes a las de Colombia” y que con esta posibilidad “estamos premiando al congresista para que pueda ocupar un cargo” en el gobierno de turno.

Definitivamente falta mucha tela por cortar de la reforma política en el Congreso, la cual, si sigue como va, no modificaría de fondo varias costumbres políticas y electorales que rechaza la mayoría de la opinión pública del país.