Esta es la historia de 24 notarios de Bogotá a los que el Gobierno Petro, a través de Colpensiones, les quitó su pensión, según ellos, de forma arbitraria

En Colombia, cuando los hombres y las mujeres cumplen 62 y 57 años, respectivamente, pueden tener acceso a la pensión de vejez. No existe un impedimento legal que restrinja a los pensionados seguir trabajando, dado que muchos quieren continuar ejerciendo sus profesiones más allá de la edad establecida. Si un pensionado es contratado en una empresa privada, puede percibir tanto el salario como su pensión, reportando debidamente su condición y dejando de pagar los aportes.

En el caso del sector público, existen conceptos legales que complican ese tipo de situaciones. Los recursos dirigidos a la nómina pensional son considerados parafiscales y provenientes del tesoro público, por lo que, en caso de que una persona con pensión sea trabajadora pública, se entiende como una recepción de dos ingresos del presupuesto. Es decir, los fondos de pensión dejan la mesada de un trabajador público en suspenso hasta que renuncie al cargo o llegue a la edad de retiro forzoso.

Con esta argumentación, Colpensiones suspendió la mesada pensional de 24 notarios de Bogotá, dado que sus funciones podrían implicar un doble ingreso del presupuesto. SEMANA conoció que los notarios no reciben su pensión desde mayo, cuando se les notificó individualmente sobre la suspensión. Mediante una carta, Doris Patarroyo Patarroyo, directora de Nómina de Colpensiones, les anunció que no se les iba a realizar el giro hasta que cesen sus funciones.

Este medio conoció uno de los oficios con los que Colpensiones confirmó la suspensión de dicho giro, en respuesta a un recurso de un notario. La entidad aseguró: “Una vez analizada la documentación allegada con base en la normatividad vigente y basados en el sistema de información de nómina de pensionados de Colpensiones, esta novedad fue aplicada de forma exitosa”.

La situación de los notarios es crítica. Contrario a lo que cree la gente, no todos tienen altos ingresos por sus funciones. Varios han demandado la decisión y otros dos se han visto obligados a renunciar a sus cargos, dejando notarías casi a la deriva en Bogotá.

“Hay que entender que los notarios no somos empleados, ni funcionarios públicos. Somos particulares que ejercemos una función pública.

Las notarías están totalmente a cargo del notario. Pone todos los elementos. Impresoras, computadores y el local. Todo lo que se necesita para el funcionamiento. Con los ingresos pagamos eso y los impuestos. De cada 100 pesos, 94 se van en impuestos”, dijo un notario afectado, en conversación con SEMANA.

De acuerdo con los apoderados de los notarios, la figura de estos últimos se encuentra en un vacío jurídico desde la Constitución. Antes, los notarios tenían calidad de servidores públicos, pero la nueva carta política cambió la actividad que ejercen. Desde ahí se convirtieron en quienes cumplen una función pública como independientes. Por sus labores reciben honorarios que dependen de los trámites realizados mensualmente.

“El notario no trabaja para el Estado. Desde la Constitución no son servidores públicos, empleados públicos u oficiales. No tienen figura. Son independientes. Hacen aportes a seguridad social acorde a honorarios como independientes”, dijo el abogado Andrés Sarmiento, experto en pensiones y apoderado de uno de los notarios.

A pesar de aparecer como pensionados que laboraron de manera independiente, a partir de un caso, Colpensiones habría hecho una lista de los notarios que recibían su mesada mientras ejercían sus funciones.

“Ordenaron el cese del pago de la pensión de los notarios. A quienes ya se les estaba pagando la pensión y que seguían en su labor, de un día para otro se las quitaron. No hay un documento falsificado o una inconsistencia en las historias laborales”, agregó el abogado.

Además, precisó que tampoco, a ojos de Colpensiones, aparecen en los registros como funcionarios públicos: “Aparecen como pensionados independientes. Desde el punto de vista de pensiones, la Ley 100 de 1993 quitó los regímenes especiales, menos presidentes, Fuerzas Militares y docentes. Hoy en día, si es trabajador dependiente de una empresa del sector público, sí se puede suspender la pensión hasta que se retire, porque el artículo 128 de la Constitución dice que no se pueden devengar más de una asignación del tesoro público”.

Mientras tanto, los notarios, varios de ellos en localidades con una mayoritaria población en estratos 1 y 2, deben sobrevivir y mantener las operaciones con trámites escasos.

“Estamos teniendo pérdidas cuantiosas. Las medidas del Gobierno y la situación del sector inmobiliario nos han impactado. Quienes querían adquirir vivienda VIS se retractaron porque no tienen subsidio. Los notarios que teníamos derecho a pensión vivíamos de ella, es nuestro ahorro”, le manifestó a SEMANA uno de los afectados.

En una localidad del sur de Bogotá aseguran que no se hacen ni 2.000 escrituras por año. “La gran mayoría de trámites son sin cuantía. Divorcios, matrimonios, afectaciones de vivienda y reconocimientos de hijos naturales, son gratuitos. Solo el 10 por ciento tienen cuantía”, expuso el notario. “He perdido mucha plata, no he tenido para pagar los gastos básicos. Tengo 17 empleados y cinco contratistas, una nómina de 50 millones de pesos. Pienso en renunciar a la notaría, pero eso implica dejar a familias sin empleo”, agregó.

SEMANA se comunicó con cinco notarios en la misma situación, quienes manifestaron que demandaron la decisión de Colpensiones o se encuentran en proceso de apelar. Otros cinco, según narran sus compañeros, renunciaron a su rol como notarios por la situación, dejando dos notarías sin servicios para los ciudadanos.

“Dicen que todos los notarios son ricos. Yo interpuse una tutela. Estuvo en el Juzgado Quinto del Circuito, después pasó a la Sala Penal del Circuito del Tribunal Superior de Bogotá. Tanto el juez como el magistrado dijeron simplemente que los notarios son ricos”, dijo.

Frente a esto, uno de los notarios consultados, que teme represalias de la Superintendencia de Notariado y Registro, cree que existe una persecución de entidades del Gobierno Petro en contra de quienes realizan esta labor, con el fin de hacer públicas las notarías. Además, dice que Colpensiones no respetó el debido proceso para suspender su mesada.

“Es una presión indebida contra los notarios para que renuncien a sus cargos y que el Gobierno tenga una excusa para hacer público el sector. Otra intención es ahorrarse una plata. Nosotros los notarios somos los más contribuyentes”, concluyó.

Varios notarios de Bogotá se verían obligados a dejar sus funciones porque consideran que les esperaría un trámite judicial largo para recobrar su pensión. Creen que el proceso podría demorarse más de diez años, lo cual podría privarlos de por vida del derecho adquirido por años de ahorro.

Estos colaboradores del Estado, sin ser funcionarios ni completamente desligados de lo público, se encuentran en una situación complicada económicamente que podría resultar en no poder gozar de su pensión.

SEMANA intentó comunicarse con Colpensiones para conocer su versión de lo que ocurre con los notarios, pero, hasta el cierre de esta edición, no obtuvo respuesta.