Justicia
Esta es la historia del político mexicano capturado en Colombia. Sería cabecilla de un cartel de fentanilo con sede en Bogotá. Tiene orden de extradición a EE. UU.
SEMANA conoció los detalles de un expediente en contra de un político mexicano que terminó capturado en Colombia por orden de la justicia de Estados Unidos. El hombre, al parecer, lideraba una organización criminal que traficaba fentanilo y cocaína.
La llegada de Luis Ángel Castañeda, un político mexicano, al aeropuerto El Dorado de Bogotá estaba cantada. La Fiscalía, Migración Colombia y la Policía tenían una advertencia de la embajada estadounidense. En realidad, detrás de la fachada de hombre público se escondía el presunto líder de una red de traficantes de fentanilo y cocaína con sede en Bogotá. Castañeda aterrizó en Colombia el pasado 2 de octubre, antes del mediodía. Pasó los controles de Migración y cuando creyó ‘coronar’ su llegada al país, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía lo estaba esperando para notificarlo de la orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos.
Una corte de Michigan y un grupo de investigadores tenían el conocimiento de que Luis Ángel, reconocido político en México, tenía planes de llegar a Colombia para concretar alianzas con otros grupos de narcos y expandir su empresa criminal. El 28 de agosto se libró la orden de captura y se informó a la Fiscalía de Colombia mediante una nota que explicaba la importancia de ubicarlo y extraditarlo.
“Castañeda Peña es requerido para comparecer a juicio en Estados Unidos por delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y tráfico de drogas ilícitas. Él es el sujeto de una Acusación en el Caso n.° 2:24-cr-20261, dictada el 15 de mayo de 2024 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan”, señala la nota que llegó a las autoridades colombianas.
En el mismo documento, que conoció SEMANA, se anticipa que son cuatro los cargos en contra del político y que advierten hechos relacionados con narcotráfico y la conformación de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, principalmente de fentanilo, con destino a Estados Unidos. También traficaba cocaína, que salía en lanchas rápidas por el Caribe.
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El primer cargo advierte de un “concierto para distribuir y poseer la intención de distribuir” sustancias ilícitas descritas por el código de Estados Unidos. El segundo y tercer cargo señalan que el político mexicano tendría responsabilidad en el lavado de activos de dinero proveniente de las mismas actividades ilegales que ahora lo convierten en un objetivo de alto valor para la justicia norteamericana.
“El 15 de mayo de 2024, con base en los cargos de la Acusación, la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan emitió un auto de detención para la captura de Castañeda Peña. Dicho auto de detención permanece”, reza la nota que abrió paso a la orden de captura firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo.
Luis Ángel Castañeda, de 36 años de edad, es muy conocido en su región, en México. Se ha destacado como líder comunitario, político de causas ambientales y sociales. Incluso ha participado en elecciones con diferentes partidos o apoyos políticos, primero como candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en las elecciones municipales de 2021; luego por el Partido Acción Nacional (PAN), para las elecciones municipales de 2024, las dos en el municipio de Ocuilan.
En el resumen que entregaron las autoridades quedó toda la cronología para la captura de Castañeda en Bogotá. Su detención estaba en un listado de asuntos pendientes para la Fiscalía. Solo faltaba identificar el vuelo, el día y la hora de su llegada al país; de resto, los documentos, las órdenes y el operativo estaban listos. Bastaba una señal de las autoridades migratorias para proceder.
En menos de cuatro horas, el político mexicano pasó de turista en Colombia a un reo solicitado en extradición por Estados Unidos. Fue notificado de la orden de captura, trasladado al búnker de la Fiscalía, reseñado y alojado en las salas de detenidos del ente acusador mientras se adelantan los trámites para completar el proceso de extradición.
Al momento de la captura, los agentes del CTI le explicaron que una solicitud de asistencia judicial de Estados Unidos se convirtió en actos de investigación en Colombia. Interceptaciones de comunicaciones, búsquedas en las bases de datos, seguimientos y vigilancias. Todo con el propósito de recaudar las evidencias que atan al mexicano con otras organizaciones criminales en Colombia.
La solicitud de asistencia o colaboración que hace la justicia norteamericana explica la relevancia de las organizaciones criminales a las que estaría inscrito el llamado ‘narcopolítico’, que durante meses logró consolidar una ruta para el tráfico de estupefacientes por medio de aviones y lanchas rápidas a islas del Caribe, pero un párrafo del documento recoge la principal preocupación de Estados Unidos: se refiere al tráfico de fentanilo y sus implicaciones legales.
“Organización criminal transnacional liderada por ciudadanos mexicanos, dedicada al narcotráfico en distintas zonas del país como Bogotá, La Guajira, Norte de Santander, entre otros sitios, desde donde se realizan la compra, transporte y envío de la sustancia en aviones y lanchas rápidas con destino a islas del Caribe y Centroamérica con destino final los Estados Unidos de América”, señala el documento que llegó a las autoridades migratorias.
Las actividades de Luis Ángel Castañeda estaban bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos. No era la primera vez que visitaba Colombia, se sentía en confianza, conocía Bogotá y siempre se alojaba en el mismo sitio. Su rutina estaba calcada y la fachada de político preocupado por el servicio social, de acuerdo con los investigadores, se borraba y surgía otra de un ‘patrón’ con joyas doradas y ropa de marcas exclusivas.
Su llegada a Colombia en esta oportunidad tenía un interés particular. La información que cruzó el continente advertía que Castañeda estaba por concretar algunas reuniones con cabecillas de otras organizaciones criminales para luego desaparecer del radar de las autoridades. Era necesario anticiparse a su plan y cumplir con la solicitud de colaboración de Estados Unidos.
En el búnker, el político mexicano espera los trámites para su extradición mientras mantiene comunicación con su familia y su abogado. Le hicieron exámenes médicos y odontológicos de rigor, sin mayores observaciones. Por ahora no dará declaraciones, sus versiones serán ante las autoridades norteamericanas, donde su prontuario está en un listado de hechos que son materia de investigación y que podrían enredar a más personas que se instituyeron como un cartel de mexicanos en Colombia.
La colaboración será de parte y parte. La Fiscalía espera que la información entregada por el narcopolítico también se comparta en el país y para los procesos que se adelantan contra esas organizaciones que se enquistaron en Colombia, financiadas por los narcotraficantes mexicanos, la mayoría con la orden de apoderarse por completo del negocio criminal del tráfico de drogas, desde la fabricación de los estupefacientes hasta su descargue en territorio americano.