En un video, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia mostraron su apoyo al paro nacional.
En un video, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia mostraron su apoyo al paro nacional. | Foto: Revista Semana

Política

Esta la millonaria suma con la que se podrán quedar los narcos que se sometan a la justicia

El Gobierno Petro propone que paguen entre 6 y 8 años de cárcel y se queden con parte de su fortuna; la iniciativa ya fue radicada en el Congreso de la República.

15 de marzo de 2023

La denominada ley de sometimiento para las bandas criminales llegó al Congreso de la República. El Gobierno Petro radicó esta iniciativa que hará parte de las estrategias del Ejecutivo para lograr la ‘paz total’ en Colombia y el texto se empezará a discutir en los próximos días. Si hay colaboración con la justicia, el procesaso podrá quedarse con hasta $11.500 millones.

La iniciativa tuvo algunos ajustes con base en el concepto del Consejo de Política Criminal, por lo que el articulado está listo para iniciar la discusión. Se trata del proyecto “por el cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones” que tiene 27 páginas y 62 artículos, en los que están contempladas las disposiciones del Gobierno Petro para otorgar beneficios a miembros de organizaciones ilegales que tengan relación directa con el narcotráfico.

Se trata de las reglas claras de juego con las que el Gobierno Petro busca desmantelar las organizaciones criminales en Colombia con plazos entre dos y tres años para el sometimiento a la justicia.

  El presidente Petro sabe que los narcos son expertos en colarse en los procesos de paz. El comisionado Danilo Rueda advirtió que el Gobierno no permitirá que el cartel de abogados y los narcos se salgan con la suya en la paz total.
El presidente Petro sabe que los narcos son expertos en colarse en los procesos de paz. El comisionado Danilo Rueda advirtió que el Gobierno no permitirá que el cartel de abogados y los narcos se salgan con la suya en la paz total. | Foto: NICOLAS LINARES- semana / juan carlos sierra- semana

Según el articulado, los integrantes de bandas criminales que decidan someterse a la justicia pagarían penas entre los seis y ocho años de cárcel, siempre y cuando, haya información clara sobre rutas y funcionamiento de las estructuras criminales. Como la iniciativa entrará a debate en el Congreso y el articulado podría cambiar, por ahora no importaría el tipo de delitos cometidos si se cumplen con los requisitos del sometimiento.

Un componente importante de este proyecto de ley es que los integrantes de las organizaciones criminales que no hayan cometido delitos graves podrían ser beneficiados con la renuncia de procesos en su contra por lo que, seguramente, muchos quedarían sin cuentas pendientes con la justicia.

“La presente Ley tiene por objeto crear mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, desmantelar las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes mediante un enfoque restaurativo”, dice el primer artículo del proyecto de ley radicado.

El Gobierno Petro radicó en el Congreso la Ley de sometimiento.
El Gobierno Petro radicó en el Congreso la Ley de sometimiento. | Foto: Prensa Roy Barreras

Así mismo se definen que estructuras podrán someterse a la justicia y hacer parte de la política de la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro: “Serán las organizaciones criminales de alto impacto, de que trata el artículo 2 de la Ley 2272 de 2022, es decir, las que cumplan las siguientes condiciones: Que se trate de organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas. Que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red. Que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo. Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen. Que cumplan funciones en una o más economías ilícitas”.

El artículo tercero del proyecto de ley deja claro que no habrá reconocimiento político para las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y sus integrantes, por lo que los grupos rebeles, como el ELN, quedan por fuera de esta iniciativa, porque ya se adelanta un proceso de paz.

El proyecto también explica las características de las redes criminales que se podrían ver beneficiadas con la iniciativa: “Que se trate de organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas. Que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red. Que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo. Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen. Que cumplan funciones en una o más economías ilícitas.”.

Los relojes, joyas y bienes por más de 30.000 millones decomisados a narcos-socios de disidentes de las Farc
Los relojes, joyas y bienes por más de 30.000 millones decomisados a narcos-socios de disidentes de las Farc | Foto: Suministrada a Semana

Narcos podrían quedarse con parte de su fortuna

El artículo 41 del proyecto de ley indica que habrá un beneficio por la entrega anticipada de bienes, es decir, en cualquier etapa del proceso y antes de la imputación, los procesados deberán entregar un inventario de los bienes e inmuebles que estén relacionados con las actividades ilícitas.

“En cualquier etapa del proceso y hasta antes de la imputación colectiva, según sea el caso, los procesados identificarán en un inventario los bienes muebles e inmuebles que tuviesen relación directa o indirecta con las actividades ilícitas. En este evento, el procesado se hará acreedor al beneficio de hasta el seis (6%) del valor de los bienes que efectivamente sean entregados y que sean monetizables o tengan en sí mismos capacidad para la restauración de las víctimas, sin exceder los diez mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (10.000) SMLMV”, dice el artículo.

Esto significa que podrían quedarse con hasta $11.500 millones como beneficio por la entrega anticipada de bienes y queda claro que los bienes de los narcos se usarán para la reparación a las víctimas.

“Los bienes que la estructura armada organizada de crimen de alto impacto identifique como de la organización criminal, respecto de los cuales se haya declarado la extinción de dominio o se encuentre en trámite de extinción de dominio, con anterioridad a la suscripción del acta colectiva de sujeción a la justicia, no serán contabilizados para efectos del beneficio de que trata este artículo. No obstante, una vez identificados se destinarán exclusivamente para la reparación de las víctimas”, dice el parágrafo 3 de ese artículo.

   Las autoridades realizaron, en los últimos cinco años, 41 operaciones contra las finanzas de varios narcotraficantes. En total se han afectado bienes avaluados en 15 billones de pesos.
Las autoridades realizaron, en los últimos cinco años, 41 operaciones contra las finanzas de varios narcotraficantes. En total se han afectado bienes avaluados en 15 billones de pesos. | Foto: dijín policÍa nacional

Las penas

La iniciativa del Gobierno establece que a la mayoría de quienes se sometan se podría conceder el principio de oportunidad con lo que el Estado cesa la acción penal en su contra. Para los demás, se plantea una pena de entre 6 y 8 años en centro carcelario y un periodo de cuatro años “de componente restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo, extramural, con participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración”.

Entre los delitos que no serían judicializados y que, por tanto, no generarían condena están el concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal. Y quienes vayan presos no tendrá derechos a subrogados penales ni beneficios administrativos, ni la redención de que trata el Código Penitenciario y Carcelario.

El proyecto señala que las indagaciones, investigaciones y procesos en curso al momento del sometimiento se acumularán en un solo proceso al cual se aplicarán los beneficios del sometimiento. Lo mismo pasará con las penas impuestas previas a la dejación de armas.

Obligaciones para acceder al tratamiento penal

- Manifestar la intención colectiva de contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

- Manifestar la intención colectiva de desmantelar la estructura armada organizada de crimen de alto impacto y sus redes de apoyo.

- Suspender todo tipo de actividades delictivas.

- La entrega de armas.

- La entrega de secuestrados.

- La entrega de menores reclutados.

- La entrega de inventario de bienes y activos vinculados a la actividad ilegal de la estructura.

- La entrega de información precisa sobre redes de apoyo, colaboradores, determinadores y beneficiarios de las actividades ilícitas de la estructura y sus redes de apoyo.

- Las demás que se dispongan en el marco de los acercamientos y conversaciones.

El búnker de la Fiscalía en Bogotá.

Proceso para aceptar responsabilidades

Uno de los capítulos del proyecto explica detalladamente cómo será la aceptación de la responsabilidad y queda claro que habrá tres etapas: acercamiento, conversación y términos de sujeción; procesamiento; y cumplimiento.

“Es la etapa en que una estructura armada organizada de crimen de alto impacto manifiesta su voluntad de sujetarse a esta Ley y el Presidente de la República dispone llevar a cabo conversaciones con los miembros de la organización criminal acerca de las condiciones que el Estado fijará para su sujeción a la justicia, los mecanismos que el Estado creará para garantizar los derechos de las víctimas, como los mecanismos de los que el Estado dispondrá para la prevención de nuevas violencias y la reintegración efectiva a la vida civil de los miembros de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto”, dice el articulado.

Durante esta etapa se designarán los representantes del Gobierno nacional y de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto que participarán de las conversaciones, se fijarán zonas de ubicación temporal si es del caso, se suspenderá la ejecución de órdenes de captura, y se establecerán los términos de sujeción a la justicia y tránsito al Estado de Derecho.

Etapa de Procesamiento

“Es la etapa en que el Fiscal delegado imputa de manera colectiva ante los jueces de la República a los integrantes de los estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, según el contenido de las actas individuales y el acta final de sujeción a la justicia y de garantías de no repetición, y sus anexos. Los jueces verificarán la legalidad de lo convenido e impondrán el tratamiento penal correspondiente”.

Etapa de cumplimiento de la pena y condiciones de contribución

“En esta etapa, el gobierno, a través de las instancias designadas, según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 11 de la presente Ley, hace seguimiento y verifica el cumplimiento de obligaciones de contribución y condiciones del tratamiento penal; y, los jueces de ejecución de penas declaran el cumplimiento de la pena sustitutiva y de todas las obligaciones y condiciones de contribución”.

Reparación simbólica de las víctimas y los territorios

A partir del inicio de la etapa de conversaciones, se podrán llevar a cabo actividades de reparación simbólica de las víctimas y territorios afectados por la estructura armada organizada de crimen de alto impacto que manifiesta su voluntad de sujeción. En el marco de los programas y actividades de justicia restaurativa se podrán acordar medidas de reparación simbólica con las víctimas y las comunidades en los territorios.

El Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina del alto comisionado para la Paz, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, harán pedagogía y promoverán este tipo de diálogos.