“Esta reforma pretende cambiar la política colombiana”, dice uno de los ponentes de la reforma política, que comenzará esta semana dos debates definitivos en la Cámara

SEMANA (S.): ¿Cómo está el ambiente para los dos debates que se vienen de la reforma política en la Cámara de Representantes?

HERÁCLITO LANDÍNEZ (H.L.): Es realmente favorable. Nos hemos reunido en varias oportunidades todos los ponentes de la coalición del gobierno en la Comisión Primera de la Cámara. Trabajamos la ponencia, la acordamos, la firmamos y la presentamos el pasado jueves en medio de un ambiente favorable.

No firmaron el texto mayoritario los representantes de la oposición, es decir el Centro Democrático y la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Obviamente, se dará el debate y todas las posiciones serán escuchadas y se votará a ver qué pasa a la plenaria.

S.: ¿Por qué en la Cámara están reviviendo temas que fueron archivados en el Senado?

H.L.: El Congreso está conformado por dos cámaras y pretende exactamente eso: que haya discusión y reflexiones en las dos cámaras sobre temas trascendentales y que se complementen, haya dos visiones de los debates y los proyectos y creo que eso hace parte del enriquecimiento de cada uno de los trámites de los proyectos de ley y de las reformas constitucionales.

Esta reforma pretende cambiar la política colombiana, hay que cambiarla, lograr mayor legitimidad, mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas y acabar con la corrupción en los procesos electorales en Colombia.

S.: ¿Qué se busca con la inclusión nuevamente de la propuesta para que solamente se pueda sancionar a alcaldes y gobernadores mediante sentencia judicial y no por decisiones de la Procuraduría?

H.L.: El propósito de esto es reconocer un derecho fundamental de los colombianos a elegir y ser elegidos. Si mediante el voto popular se escoge a un candidato para ejercer un cargo, no puede una entidad vía sanción administrativa limitar ese derecho.

Es decir, no puede una autoridad administrativa estar por encima de la voluntad popular para que un candidato ejerza un cargo público. Eso lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia en el año 2020 y en esa sentencia dice esto continuamente.

A una persona que haya sido elegida popularmente solamente se le podrá cercenar este derecho político por decisión del Consejo de Estado, una pérdida de investidura, o por una sentencia judicial.

S.: ¿Y este tema, supremamente polémico y sensible, no debería haber hecho parte de otro proyecto específico sobre funciones de la Procuraduría?

H.L.: Estamos hablando del primer derecho político que es elegir y ser elegido. Esta es una reforma política y estamos protegiendo el derecho de los ciudadanos. Hace parte de este proyecto porque es un tema que es de esencia de las democracias. Algún medio de comunicación tituló que era un “mico”, pero no puede serlo, porque hace parte de la esencia del proyecto de reforma política.

No es un tema extraño a los asuntos políticos ni es un tema escondido en un parágrafo o inciso, sino que es una discusión que traía el proyecto y que está sobre la mesa.

S.: ¿Cuáles son las razones para insistir en que el voto sea obligatorio en Colombia?

H.L.: Nosotros en Colombia tenemos que subir la legitimidad en los procesos de elecciones y eso significa aumentar la participación de los ciudadanos en la elección de sus autoridades, gobernantes y miembros de corporaciones públicas. Para elegir el Presidente o el Congreso hay una participación cercana al 50 o 52 por ciento, es decir casi la mitad de los colombianos no participan, pero las autoridades locales la participación no llega al 50 por ciento.

Cuando un ciudadano hace parte de un Estado tiene unos derechos, pero también unos deberes y reconocer que el voto es un deber ciudadano es decirles que hagan parte de los procesos de elección de gobernantes y al mismo tiempo tienen el derecho de ser elegidos.

S.: ¿Qué significa esta última parte?

H.L.: Que los que menos participan son los jóvenes. Por ello, al mismo tiempo, proponemos que para ser elegido representante a la Cámara la edad sea de 18 años y para el Senado sea de 25 años. Es decir, les decimos a los jóvenes que participen, elijan, voten y que, al mismo tiempo, puede ser elegidos. Fíjese cómo se complementan estos dos artículos.

S.: Según la propuesta, ¿el voto obligatorio sería permanente?

H.L.: Estamos discutiendo con los ponentes si es por un periodo de ocho años o permanente. La mayoría creemos que debe ser permanente en el sentido de que no estamos ensayando una norma constitucional, sino que esta es permanente, pero el Congreso determinará si debe modificarse.

S.: Hay quienes dicen que la abstención también es una posición política y que cuando obligan a los ciudadanos a votar baja un poco la calidad del voto. ¿Qué responde a esto?

H.L.: En algunas partes del país votan porque les dan un billete de 50.000 pesos y les compran el voto. No sé si ese voto sea de máxima calidad. Creo que el escenario es que se pueda participar, se pueda votar. Hay otro argumento de un congresista que dice que si se pone el voto obligatorio, varios ciudadanos y jóvenes van a votar en blanco. Bien, si no se cree en esos candidatos se deberá repetir la elección, según la ley.

S.: ¿Finalmente se incorporará en la ponencia la ampliación de periodos para presidente y otros elegidos popularmente?

H.L.: No se incluyó en la ponencia porque ampliar los periodos del Presidente, los congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles implicaría hacer otras modificaciones constitucionales que no corresponden esencialmente al tema político y significaría ampliar los periodos de todas las ramas del poder público y algunos funcionarios.

Además, implicaría hacer todos los ajustes legales en elecciones, nombramientos y designaciones de altos servidores y cuerpos del Estado. Además de planeación financiera en todos los niveles. Es decir, teníamos que hacer un ajuste institucional muy grande.

S.: ¿Pero el tema podría surgir en medio del debate y quedar en la reforma política?

H.L.: Sí, pero no está en la ponencia y no fue avalado por el Gobierno.

S.: ¿Qué tan polémica cree que vaya a ser el debate de las listas cerradas, que es rechazado por algunos sectores incluso de la coalición de gobierno?

H.L.: Será un debate muy interesante y es uno de los puntos centrales de la reforma política. Si nosotros no cambiamos de listas abiertas o con voto preferente a listas cerradas, paritarias, con financiación cien por ciento estatal no podremos hacer ese cambio en las costumbres políticas del país. Hay un pequeño sector de Alianza Verde que no está de acuerdo y eso será parte de la discusión en la Comisión Primera de la Cámara y en la plenaria.

S.: ¿La reforma política se aplicará para las elecciones regionales del 2023?

H.L.: No se aplicaría. Si se van a definir mecanismos democráticos para la selección de candidatos en los partidos, esto debe ir reglamentado en una ley estatutaria que debe ir a revisión de la Corte Constitucional antes de ser sancionada. No alcanzarían los tiempos, porque la reforma política deberá salir en mayo o junio del próximo año y, posteriormente, debe presentarse el proyecto de ley estatutaria, que tomaría cuatro debates. No creo que alcancen los tiempos para que se aplique en 2023, sino en 2026 para Congreso y 2027 para las regionales.