La otra guerra del ELN: así es como el grupo armado ha intimidado a las organizaciones sociales para cambiar las cifras de sus crímenes

El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), una de las instituciones de investigación más rigurosas a la hora de hacerle un seguimiento al conflicto armado en Colombia, tomó una decisión drástica: despublicar de su página web todos los informes de seguimiento al cese al fuego bilateral entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN. ¿La razón? La intimidación del grupo armado.

Jorge Restrepo, director del Cerac, no ha hecho pública la decisión, pues es prudente y no quiere confrontar. Menos con un grupo armado que no escondió su molestia por la estadística minuciosa de esa institución que confirma cómo, en medio de las negociaciones de paz, se burlaron del Gobierno e incumplieron lo pactado.

El 9 de julio de 2024, el Cerac reportó ocho acciones ofensivas atribuidas al ELN desde el 6 de junio al 5 de julio de 2024 que serían consideradas violaciones al cese al fuego.

Como el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas guarda silencio y no ha entregado un informe oficial sobre los posibles incumplimientos del grupo armado, los elenos se molestaron con las cifras.

Antonio García, uno de los jefes más radicales del ELN, se despachó en sus redes sociales contra el director y economista Jorge Restrepo. Dijo que en varias ocasiones “se ha vinculado a la guerra mediática del Estado y las Fuerzas Militares contra el ELN” y lo señaló de tener “relaciones pecaminosas” con la multinacional Chiquita Brands.

“¿Qué credibilidad podría tener un centro de estudios como el Cerac, el mismo que ha publicado informes que narran mentiras sobre el ELN, luego de conocerse que su director, Jorge Restrepo, ha preferido ocultar sus actividades con la Chiquita Brands?”, preguntó García.

El pasado 2 de agosto, la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, elevó un derecho de petición al Cerac, en el que “solicitó información en relación con las violaciones de derechos humanos e incumplimientos del cese al fuego bilateral con el ELN, toda vez que su página web principal se encuentra suspendida”. Y compartió el pantallazo en el que se lee: “El acceso público a nuestro blog de información y análisis estará suspendido. Gracias por su visita”.

El 9 de agosto de 2024, Jorge Restrepo le respondió a Holguín el correo: “Lamentablemente y después de algunas acciones públicas de hostigamiento del jefe de ese grupo en contra nuestra, decidimos suspender el acceso público a tales documentos como medida de prevención”.

La senadora Holguín consideró lo ocurrido como “grave”.

“El Cerac, que llevaba ese reporte que era público, ya no lo hace por hostigamiento. Otras ONG que recogen información tampoco lo están haciendo porque la gente tiene miedo, ya que hay amenazas”, expresó Holguín.

El problema, según ella, es que cada día será más difícil controlar los temas, pues faltan los datos. Como si fuera poco, la página de antinarcóticos de la Policía no siempre funciona y, cuando hay acceso, las cifras no están actualizadas. Lo mismo ocurre con la del Ministerio de Defensa, en la que se publican algunas estadísticas del conflicto.

Carlos Velandia, coordinador del Observatorio de Paz y Conflicto, perteneciente al Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional, le dijo a SEMANA que en 360 días del cese al fuego con el ELN el Mecanismo de Monitoreo y Verificación tiene cifras, pero no ha podido publicarlas. “El Mecanismo no pudo presentar ni siquiera un informe, valdría la pena pedirles a los señores de las Naciones Unidas que los hagan públicos (...). El Mecanismo funcionó cojo, los informes no tuvieron utilidad porque las cifras no se socializaron en la mesa”.

Desde febrero de 2024, el Gobierno y el ELN no se sientan a negociar y “los diálogos atraviesan su peor crisis”, según el alto comisionado para la paz, Otty Patiño.

Velandia, quien documentó que Gustavo Petro sostiene diálogos con nueve grupos armados actualmente, decidió llevar su propio conteo y publicarlo en sus redes sociales. “Rastreo prensa, información de redes sociales, de personas que hacen reportería y me dan información”.

María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, expresó: “Hay dificultades para llegar a ciertas zonas del país. Es cierto que informantes o líderes con los que hablamos lo hacen cuidándose más porque hay situaciones de riesgo para ellos. Sí hay una situación de seguridad que incluso la han señalado algunos organismos como el CICR. Organismos humanitarios que tenían acceso a muchas regiones del país ahora están teniendo dificultades para acceder a algunas regiones, porque a los grupos armados les interesa que no toda la información humanitaria salga a la luz. Eso lo hemos dicho en algunos informes”.

Pero los riesgos en seguridad no solo son un problema para algunos de los analistas del conflicto que viven sedientos con las cifras para sus estudios.

SEMANA conoció que las limitaciones para acceder a la estadística sobre la violencia y la seguridad en Colombia por parte del Ministerio de Defensa, la Policía, la Fiscalía, entre otras entidades, se ha convertido en otro dolor de cabeza.

Llorente le reconoció a este medio que se ha venido registrando un deterioro en el acceso a la información delictiva del país y eso le preocupa. “Antes esa información existía pormenorizada y geográficamente, le permitía a uno mirar los hechos criminales desde los puntos donde sucedían. Es una limitación muy grande, eso le impide a uno analizar temas tan básicos como poder determinar puntos críticos”.

Algunas instituciones, como la Policía –que maneja los mismos datos del Ministerio de Defensa– y la Fiscalía, han adoptado cambios metodológicos que, a juicio de algunos analistas del conflicto, restringen las estadísticas; de paso, la capacidad de analizar en profundidad y ver las tendencias con años anteriores.

Como si fuera poco, desde 2023 la página de estadísticas de la Policía recortó el acceso al público de las variables geográficas de los hechos delictivos. Es decir, no se puede hacer pública la información pormenorizada.

“No entiendo la lógica, restringen al público esta información, que nosotros teníamos anteriormente. No era que fluyera fácilmente, pero a través de derechos de petición recibíamos los datos y hacíamos nuestros análisis”, dijo Llorente.

Esa base de datos era esencial para que las Alcaldías tomarán acciones frente a diferentes delitos. Los analistas, por ejemplo, ya no pueden identificar con las cifras si los hurtos reportados fueron con violencia (un atraco) o cosquilleo.

La cifra de homicidios en Colombia tampoco coincide entre instituciones. Los registros de homicidios de Medicina Legal fueron superiores en 2023 a los que lleva la Policía.

“Antes existían mesas de trabajo entre la Policía y Medicina Legal para revisar casi que homicidio por homicidio. Pero la Policía, que tiene más presencia territorial, registra los casos que ellos conocen, mientras que Medicina Legal reporta los hechos después de estudiar los cuerpos sin vida que reciben”, manifestó Llorente.

Medicina Legal, por ejemplo, reportó un aumento del 5,2 por ciento en homicidios en 2023 (14.033 víctimas) respecto al 2022. Por su parte, la Policía relacionó una disminución de un 0,2 por ciento el año pasado (13.515 víctimas). ¿A quién se le cree?

Hugo Acero, experto en seguridad, le dijo a SEMANA que Medicina Legal tiene un atraso de tres meses en la publicación de sus cifras. “Hoy ni siquiera tienen las estadísticas de julio. La Policía tiene una página que no es accesible y no le permite revisar a uno las cifras como se quisiera. Es como si no les gustara informar qué está pasando y qué están haciendo”.

El problema es que las restricciones y las diferencias en las estadísticas dificultan los análisis, llevan a los colombianos a no tener información certera, a perder la confianza en los datos de las instituciones estatales y lo más grave: no les permite adoptar correctivos a las Alcaldías y demás autoridades.