Las impresionantes “ayudas” del Gobierno para la marcha: contratos de miles de millones, chats, permisos para faltar al trabajo. SEMANA revela las pruebas

El presidente Gustavo Petro convocó a la ciudadanía a manifestarse el 27 de septiembre a favor de las reformas. Se trata de una apuesta sin precedentes. Todos los ministerios y entidades del Gobierno se empeñaron en hacerle publicidad a la marcha. Las pautas fueron visibles en internet, como también en horarios de alto rating en radio y televisión. Incluso, se utilizó a RTVC, el medio público, para la convocatoria y para gestiones logísticas.

SEMANA conoció que tres entidades del Gobierno suscribieron contratos con RTVC con el fin de comprar pauta en medios de comunicación, colaboración logística para eventos y creación de contenidos audiovisuales. Los convenios se suscribieron en semanas antes de la marcha.

El Ministerio del Interior, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo y el Ministerio de Cultura firmaron contratos por más de 4.000 millones de pesos en pauta publicitaria en medios de comunicación.

Por otro lado, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) contrataron recientemente a RTVC para producción audiovisual y realización de eventos, por más de 18.000 millones de pesos. La ARN suscribió un contrato a finales de agosto por 3.300 millones para preproducción, producción, posproducción y emisión de los programas institucionales. Sin embargo, en la propuesta de RTVC se tiene en cuenta que el 10 % del contrato, equivalente a 330 millones de pesos, va para recursos técnicos, impresos y demás necesidades. Entre ellas, sonido, tarimas, luces, pantallas, merchandising, escenografía y alimentación.

Igualmente, por 15.000 millones de pesos, la ANT suscribió un contrato con el medio estatal para “planificación, organización, operación y producción de eventos y actividades logísticas que requieran las dependencias”. Entre los gastos reportados, hay alimentos y otros objetos que llevaron a la Procuraduría a investigar si se usaron estos recursos para darles gorras, camisetas y comida a los manifestantes.

También levantó sospechas el hecho de que las comunidades indígenas, encabezadas por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) conformaran gran parte de las cerca de 14.000 personas que llenaron la plaza de Bolívar.

Los indígenas organizaron una minga masiva para viajar a la capital en respaldo del presidente Gustavo Petro, pero no se conocían los multimillonarios contratos que suscribieron en lo que va de su administración. En total, recibirán un poco más de 118.000 millones de pesos por tareas relacionadas con el avance de programas con enfoque a las comunidades étnicas. El Cric es el que más recibe, dado que sus 18 convenios suman cerca de 79.000 millones de pesos. Por otro lado, la Onic tiene siete contratos por más de 39.000 millones.

El flujo de personas en las marchas también fue garantizado por las centrales obreras, las cuales igualmente cuentan con jugosos contratos en el Gobierno Petro. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), un sector no reconocido oficialmente de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) fueron contratadas por el Gobierno Petro por más de 610 millones de pesos.

Funcionarios presionados

Otra jugada del Gobierno para alimentar las marchas fue sacar a sus funcionarios a las calles. Algunas entidades invitaron a salir voluntariamente, pero otras, como las adscritas al Ministerio de Minas y Energía, obligaron a sus colaboradores a marchar.

SEMANA conoció denuncias documentadas de que en el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE) hubo reiteradas presiones para que los trabajadores asistieran a la manifestación, que para el sector de Minas y Energía empezó en la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía y Servicios Públicos, que se llevó a cabo en la plaza central de la Universidad Nacional.

Fuentes reservadas de la entidad le contaron a SEMANA que los directivos enviaron múltiples correos electrónicos reiterando que requerían de la presencia de todos. En uno de los mensajes, que conoció este medio, resaltaron que la asistencia era de carácter “obligatorio”.

“Es vital el acompañamiento obligatorio de todos y todas en este importante proceso de cara a los retos y las acciones que como Instituto adelantamos en territorio”, se lee en el correo.

Fueron citados a las 7:00 a. m. Los funcionarios se encontraron con personas verificando asistencia, tanto del IPSE como del Ministerio de Minas y Energía.

“Llegamos y nos hicieron formar. Nos dijeron que teníamos que escuchar a los usuarios sobre sus angustias por el tema de las tarifas, pero nosotros no tenemos ninguna injerencia en tarifas. Querían que llenáramos la carpa. Firmé dos listas y tuve que leer un código QR. Nos dijeron que teníamos que sentarnos en ciertas sillas; si no, nos regañaban”, dijo un trabajador.

La dotación fue una camisa blanca y una gorra amarilla. Todos los asistentes recibieron desayuno, refrigerio y un almuerzo que consistía en varios gramos de carne, embutidos y papa pastusa. “Nos sentimos como borregos”, agregó el funcionario.

Por otro lado, este medio conoció que en el Ministerio de Salud se emitió una circular invitando a asistir, pero para los funcionarios parecía más una orden.

En otras entidades, como el Departamento de Prosperidad Social, se prefirió dejar las oficinas vacías. Se ordenó teletrabajo, pero la convocatoria se mantuvo como opcional. Otras “invitaciones” a marchar se difundieron en el Archivo General de la Nación, Ministerio de Vivienda, Superintendencia de Notariado y Registro, Agencia Nacional de Tierras y Agencia de Desarrollo Rural, entre otras.

Incluso, líderes regionales de la ANT aseguraron que se quedaron esperando giros del Gobierno nacional y se quejaron por los refrigerios deficientes. Jorge Luis Ortiz, presidente de las comunidades afrodescendientes de La Guajira, dijo que desde la ANT los dejaron esperando, no les pagaron los buses que habían alquilado y que la comida estaba pasada, tanto así que varios resultaron intoxicados. En La Hormiga, Putumayo, el jueves y el viernes marcharon los profesores para protestar por la precariedad de los centros educativos, un tema del Gobierno, mientras que el miércoles estaban a favor de Petro.

Candidatos del Pacto Histórico salieron a marchar. En Bogotá, aunque Gustavo Bolívar se cuidó de no dar discursos ni usar elementos alusivos a su campaña, sí se vieron carros con propaganda de su candidatura.

SEMANA tuvo acceso a mensajes que se difundieron en grupos oficiales de voluntarios del aspirante, en los cuales se ofrecía transporte gratuito a puntos de concentración en varias localidades, con los logos del Gobierno. Incluso, el grupo petrista Activistas del Cambio, dedicado a alimentar marchas del presidente, prometió camisetas y gorras a quienes ingresaran sus datos a una encuesta.

Los entes de control ya están revisando lo que sucedió. El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, ya presentó queja ante la Contraloría contra el director de la ANT, Gerardo Vega Medina; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el director del Dapre, Carlos Ramón González.

Uribe dejó las pruebas de las incidencias. Por ejemplo, José Bohórquez, presidente de Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (Anuc), reconoció que el 95 % del apoyo que les ha brindado el Gobierno ha sido mediante la ANT y que en Sucre hasta les pagaron almuerzo y transporte. “La Agencia Nacional de Tierras, a través de los convenios celebrados, realiza un uso indebido de los recursos públicos de la nación”, reclamó el senador.

Las marchas del Gobierno no fueron espontáneas. “Decían que este Gobierno había perdido popularidad. (...) Esta es una verdadera encuesta. Las encuestas reales nos dicen que, si mañana hubiera elecciones, otra vez ganábamos la presidencia”, dijo Petro en su intervención en la plaza de Bolívar; sin embargo, quedó en evidencia ante el país que fue una marcha fabricada.