Este documento se lo pueden pedir para tramitar la visa a Estados Unidos, y el Gobierno Petro se demora en expedirlo. ¿De cuál se trata?

Cada país establece unos requisitos para que los turistas puedan ingresar a su territorio y disfrutar de unas vacaciones o unos periodos laborales. Además de las condiciones establecidas, la oficina consular tiene la potestad de solicitar documentos adicionales para verificar alguna información específica o resolver alguna duda sobre el solicitante.

Ese es el caso de la embajada de Estados Unidos en Colombia, que, en situaciones específicas, está solicitando una carta de la Oficina del Alto Comisionado de Paz que certifique que quien solicita la visa no hace parte de un proceso de desmovilización o perteneció a las extintas Farc-EP que firmaron el Acuerdo de Paz en 2016.

Está claro que no es una solicitud que se hace a todos los colombianos que quieren renovar o pedir la visa, pero el oficial consular, si tiene alguna duda, puede pedir dicho documento, que debe expedir el Gobierno Petro.

SEMANA estableció que esto está ocurriendo desde septiembre de 2023, porque cientos de solicitantes son homónimos de excombatientes y, por esa razón, Estados Unidos prefiere tener una certificación del Gobierno colombiano para determinar si se otorga la visa.

Decenas de testimonios indican que ese proceso se volvió un calvario porque la Oficina del Alto Comisionado de Paz tarda hasta 45 días para expedir dicho documento, que debe ser solicitado a través de un correo electrónico. Llama la atención que en Colombia solicitar el certificado de antecedentes judiciales, disciplinarios o fiscales tarda pocos minutos y se puede hacer a través de cualquier dispositivo digitando el número de la cédula, y de inmediato se expide.

Por esa razón, la pregunta es por qué el comisionado, Otty Patiño, no ha dado solución a ese problema que se podría resolver muy fácilmente, pero que tiene en jaque a ciudadanos que han llegado a perder su cita y debieron empezar de cero la solicitud ante la embajada americana y pagar nuevamente cerca de 700.000 pesos.

“Pedí mi cita para la renovación, entregué toda la documentación, y un mes después recibí una respuesta donde me pidieron anexar el certificado del Gobierno y que conste que no hago parte de un proceso de desmovilización.

Perdí mi turno y pedí cita nuevamente, pero la dieron para finales de 2025, por culpa del Gobierno”, dijo una persona que vivió en carne propia la lentitud del aparato burocrático de nuestro país. Una mujer que tenía previsto viajar a la Copa América fue sorprendida con la misma noticia, y de la embajada le dijeron que el proceso administrativo continuaba sin problema, pero que debía anexar rápidamente el certificado del Ejecutivo. Lo solicitó, pero 50 días después se lo entregaron y ya era tarde porque su tiempo se había agotado.

“Como no entregué ese papel, me citaron para entregar el pasaporte, y si quiero renovar, me toca iniciar de cero. Perdí un montón de plata que invertí en la Copa América para ver jugar a Colombia”, dijo.

Casos como el de estas dos personas hay por decenas y recuerdan lo que le ocurrió al periodista Javier Hernández Bonnet, quien resultó con un homónimo en las Farc.

Esto ocurrió el año pasado, cuando tramitó la visa de trabajo para el sorteo de la Copa América, no pudo viajar y tuvo que acudir a Otty Patiño para certificar, claramente, que no fue guerrillero. En este caso, toda la culpa recae sobre el Gobierno Petro y no sobre la embajada, porque tiene la potestad de solicitar la información necesaria.

SEMANA se puso en contacto con la Oficina del Alto Comisionado de Paz para obtener una respuesta, y aunque manifestaron tenerla, nunca llegó. De seguro, como sucede con el certificado, la entregarán tardíamente.