Este es el alarmante conejo que estarían planeando los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) contra los propietarios de vehículos

Moverse en carro o moto por las principales ciudades de Colombia cada vez es más difícil, los trancones son insoportables. Gran parte de los represamientos se debe a los choques que se registran entre los vehículos y son muchas las historias de hechos de intolerancia, por ese motivo, que terminan en tragedia. Parte del problema es que los carros particulares no están obligados a tener un seguro que cubra los daños materiales causados a terceros, como sí se exige en otros países.

El país cerró 2022 con un parque automotor de 18 millones de vehículos, entre ellos, el 61 por ciento motos y el 39 por ciento carros. La mayoría de los colombianos que tienen estos vehículos celebraron el pasado 5 de enero que el presidente Gustavo Petro sancionara la ley que obliga a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) a que cuando un cliente llegue por una revisión técnico-mecánica, allí mismo se le expida al usuario “un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular, que ampare los daños materiales causados a terceros, sin cargo o sobrecosto para el usuario, por la vigencia de cada uno de los certificados emitidos”, se lee textualmente.

Esa decisión se tomó para mejorar la seguridad vial en Colombia e incentivar a los conductores, algo que, en medio de la crisis económica que atraviesa el país por la inflación y otros factores, cae como anillo al dedo. “Yo dije ‘por fin pensaron en la gente’”, comenta un conductor. Pero, por su parte, algunos dueños de los CDA se pusieron furiosos y actuaron rápido porque dicen que nunca los tuvieron en cuenta para legislar, así que empezaron una carrera contrarreloj, cuadrando reuniones con congresistas que tienen CDA en algunas regiones del país y con funcionarios del Gobierno nacional, con la intención de retrasar la aplicación de la ley, mientras que por otro lado adelantan demandas de inconstitucionalidad de la misma, argumentando que quedarán en la quiebra si asumen un costo adicional con la póliza que deberá tener un valor asegurado mínimo de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para vehículos de servicio particular y siete para motocicletas y similares.

A la redacción de SEMANA llegó la grabación de una reunión virtual que sostuvieron más de 300 directivos de los CDA, en la que manifiestan que gracias a las relaciones con congresistas y funcionarios del Gobierno estaban logrando que no se aplicará la ley y, además, pretendían que si se llegaba a aplicar, los costos tenían que correr por cuenta del usuario, subiéndole el valor a la revisión técnico-mecánica para que ellos no tuvieran pérdidas. Entre tantas cosas que comentan, se dice que como viene una época electoral, muy seguramente la reglamentación se va a demorar porque es un tema poco popular, pero las demoras les funcionan debido a que así dan tiempo para que la Corte falle la inconstitucionalidad y no generar gastos de aquí a que eso suceda.

En la grabación, que dura cerca de hora y media, se escucha en el minuto 17:30 a uno de los intervinientes decirle a Gonzalo Corredor, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor (ASO-CDA), que deberían sacar una ley que derogue la anterior. “En leyes usted nos ha enseñado que como se hace se deshace, lo más importante para esto es que tendríamos que buscar el aval del Gobierno (…) tendríamos un apoyo importante del ministro y del viceministro para que hagan el lobby y junto con el lobby que logremos hacer en toda Colombia para que nos aprueben esa ley”.

Corredor les apuesta más a los avances que han logrado con el Ministerio de Transporte, que reglamentará la ley, aunque él es consciente de que “vamos a entrar a época electoral y la verdad esto no es popular, esto realmente cuando se coloca en la balanza de que regálenme pólizas, a decir que no hay ninguna posibilidad de que se dé, pues a veces los sectores políticos no están convencidos de hacerlo”.

Sin embargo, dicen que a las reuniones que han asistido con el ministerio han encontrado un punto a favor y es que la senadora Karina Espinosa ha mostrado gran interés en ayudarlos, y no es para menos. “Hay algunos proyectos de ley avanzando frente a la reforma del Código Nacional de Tránsito, hablando incluso con la senadora Karina Espinosa, les quiero contar que ella antes de ser senadora era gerente del CDA en La Guajira y la familia está vinculada con esto, por eso realmente quiere colaborar”, anuncia Corredor.

Dirigentes gremiales y los abogados que intervienen en la reunión virtual aseguran que durante los encuentros en el ministerio, los asesores y viceministros les dieron información y argumentos jurídicos de cómo manejar la reglamentación de la ley en lugar de aplicarla de inmediato, incluso cómo responder si se presentan acciones de incumplimiento. Se sintieron aún más respaldados cuando el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció ante los medios de comunicación que: “Esa ley exige reglamentación, por ahora lo único que les garantizo es que antes de que exista una reglamentación nos vamos a sentar a tomar decisiones o si llevaran reformas en el Código de Tránsito”.

Por lo anterior, Corredor saca pecho diciendo: “Es un tema grande que estamos haciendo los tres gremios que agrupamos más del 95 por ciento de los CDA y se empiezan a ver los resultados. Por la experiencia, por el conocimiento, por las relaciones que manejamos los tres gremios a nivel Congreso y entidades gubernamentales y que nos ha tocado batallar estos temas en otras ocasiones”.

Tiene razón al decir que en otras oportunidades ya le sacaron el cuerpo al pago de la póliza. Mirando la historia, el 14 de septiembre de 2015 el Ministerio de Transporte firmó la resolución 3318 en la que, entre otras cosas, dice que luego de un estudio de estimación de costos se subió la tarifa del servicio en los CDA a los usuarios con la finalidad de que los Centros de Diagnóstico asumieran el pago de una póliza civil extracontractual que ampare los perjuicios y pérdidas, causados a terceros como consecuencia de errores u omisiones. Sorpresivamente, un mes después, el 23 de octubre de 2015, se derogó el artículo que permitía la entrega del seguro.

Corredor asegura que tienen algunas estrategias en esta oportunidad, por ejemplo, no decirle al Gobierno que no van a cumplir la ley, sino: “OK, se necesita la póliza, entonces súmele el valor a la póliza, pero que lo pague el cliente porque nosotros no tenemos la responsabilidad de que tengamos que asegurar”. Esa frase va en contravía de lo que dice la ley, donde se resalta que el seguro no tendrá cargo o sobrecosto para el usuario. Otra de las estrategias es indicar que como los vehículos eléctricos tienen un descuento del 30 por ciento en la tarifa, amenazarán en un futuro con dejar de atenderlos en los CDA. “Los eléctricos son los que realmente van a mandar la parada, o sea que casi habría que recomendarles a los CDA que si llega una póliza del valor X, usted lo atiende o va a perder plata”, son algunas de las frases que se escuchan en la reunión.

Hoy, los CDA están llenos de cartas en las ventanillas de atención que dicen que mientras que el ministerio no haga los análisis pertinentes de la regulación de la ley, no se expedirán las pólizas. La inconformidad de los usuarios llegó incluso a la Superintendencia de Industria y Comercio porque se sienten burlados. El abogado Francisco Bernate asegura que la ley se tiene que cumplir porque esa en particular dice regir a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. “La reglamentación puede irse desarrollando, pero no se puede dejar de cumplir la ley”, enfatiza.

Fuentes del ministerio aseguran que no se han prestado para lobby del gremio y que las reuniones se han dado con agenda abierta. Por otra parte, se sigue a la espera de la respuesta del señor Gonzalo Corredor frente a la denuncia y de la senadora Karina Espinosa. Mientras tanto, en los Centros de Diagnóstico se intensifican las discusiones entre los clientes que reclaman se cumpla la ley que firmó el presidente Gustavo Petro.