Este es el documento con el que se formalizó la suspensión del cese al fuego parcial con Iván Mordisco

Tal como había anunciado el presidente Gustavo Petro, el Gobierno nacional suspendió desde este 25 de mayo el cese al fuego con el Estado Mayor Central Farc, las disidencias de Iván Mordisco, en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.

La decisión se tomó luego de la masacre perpetrada por parte de este grupo criminal contra cuatro jóvenes indígenas que habían sido reclutados ilegalmente por esta organización.

Según el decreto de suspensión del cese al fuego, firmado por el presidente Gustavo Petro y conocido por SEMANA, “el asesinato de menores indígenas en el Putumayo, ocurrido el 20 de mayo de 2023, es un hecho violatorio del Derecho Internacional Humanitario, lo cual, sumado a otras situaciones como el reclutamiento forzado de menores de edad, y la alteración del orden público, han generado incertidumbre y zozobra en la población”.

En consecuencia, el decreto emitido por Petro, señala que mientras esté suspendido el cese al fuego entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central FARC en los departamentos indicados se ordena “la reanudación de todas las operaciones militares y operativos policiales en contra de los miembros de las Estado Mayor Central”.

Después del rompimiento del cese al fuego con el Gobierno, las disidencias de las Farc han incrementado su actuar criminal y así prometieron hacerlo de cara a las elecciones regionales que se celebrarán en octubre en todo el país.

Por medio de una comunicación informaron que atentarán contra el libre tránsito de las elecciones y los candidatos en las zonas en las que tienen presencia militar, entre ellos, varios departamentos del país.

“Ante esta situación anunciamos las siguientes medidas preventivas inmediatas, inicialmente para las elecciones regionales”, afirmaron.

Una de ellas será impedir que los candidatos afines a algunos partidos hagan política y resulten elegidos en esos lugares. “Entendiendo que en Colombia hay partidos políticos, sectores militaristas, dirigentes políticos o congresistas que atizan la guerra y que pretenden desarrollar la [sic] campañas electorales regionales en áreas sobre las que tenemos control político militar, se les informa que desistan de ingresar a dichas áreas, no son bienvenidos, serán devueltos de nuestros puestos de control”, aseguraron.

Asimismo, dicen que a los candidatos locales y provenientes de las comunidades, les “sugieren respetuosamente” que rechacen los apoyos de partidos o congresistas de los partidos tradicionales, a quienes llaman “guerreristas” y “candidatos promovidos o apoyados por la doctrina paramilitar”.

Además, señalan que no permitirán actos de corrupción como compra y venta de votos, entrega de materiales de construcción, compra de registradores municipales, maquinaria agrícola, ofrecimiento de puestos o “falsas promesas”.

“Todos estos, plenamente identificados y documentados por nuestra organización o denunciados ante las Farc-EP por las comunidades, serán sancionados conforme a la Ley 003 del 2000 o Ley anticorrupción”, señalaron.

Las disidencias afirmaron que, en cambio, los procesos autónomos alternativos y/o comunitarios que hagan uso transparente y honesto del derecho a elegir y ser elegidos, “como siempre, son bienvenidos por las Farc-EP a los territorios”.

“Esperamos que los buenos y honestos candidatos sean elegidos por el pueblo colombiano, es necesario que nuevos representantes, conocedores de las realidades de los territorios, asuman estos cargos de representación y desde ahí promuevan la paz y no aticen la guerra como la gran mayoría lo han hecho en la historia de Colombia”, aseguraron.

Hoy, de los cuatro grupos con los que inicialmente se pactó el cese al fuego, se ha tenido que suspender la medida con el Estado Mayor Central, luego de que se comprobó que masacró a cuatro niños indígenas en el Putumayo, y con el Clan del Golfo, tras sus ataques en medio del paro minero, en marzo pasado.

Solo permanecen bajo el decreto de cese al fuego la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, y las Autodefensas de la Sierra Nevada; sin embargo, el Gobierno no tiene cómo verificar que estén cumpliendo con la disminución de sus acciones ofensivas. Así lo reconoció la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en un documento enviado al Congreso de la República, y que fue conocido en exclusiva por SEMANA.

Según el documento, el decreto 2660 de 2022, con el que se da piso jurídico al cese al fuego con la Segunda Marquetalia, “se encuentra en vigor a la fecha”; sin embargo, “no se cuenta con mecanismo propio de veeduría, monitoreo y verificación”. Lo mismo ocurre con las Autodefensas de la Sierra Nevada.