Este es el grupo criminal señalado de ser el responsable de la masacre de cuatro jóvenes indígenas, ¿cómo actúa?

Toda una ola de consternación ha generado en el país la masacre, conocida en las últimas horas, de cuatro jóvenes indígenas del pueblo Murui. La denuncia la hizo la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), que reveló que los integrantes de esta comunidad fueron asesinados en El Estrecho, en los límites entre Amazonas y Caquetá.

Según indican en la misiva, el conflicto armado en el Putumayo sigue vulnerando sus derechos humanos.

De acuerdo con lo informado por esta organización indígena, el hecho ocurrió luego de que los cuatro jóvenes, que habían sido reclutados ilegalmente por el frente Carolina Ramírez, de las disidencias de las Farc, intentaran escapar de este grupo.

“Tras el escape, el día 17 de mayo del 2023 en horas de la tarde y tras la búsqueda por parte del grupo armado organizado a estos jóvenes, fueron encontrados en la comunidad El Estrecho, en límites entre Caquetá y Amazonas, causándoles así la muerte con arma de fuego a cada uno de los cuatro jóvenes que habían intentado escapar de la situación de reclutamiento”, dice la denuncia oficial.

El grupo señalado por la organización indígena de haber cometido esta masacre es el frente Carolina Ramírez, una sanguinaria estructura que opera en el Putumayo y es parte de las disidencias de Iván Mordisco, quien los últimos días ha venido hablando de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

El accionar de este grupo criminal, luego de la firma del acuerdo de La Habana, se ha expandido entre los departamentos de Amazonas y Caquetá y ahora Putumayo, a través de lo que se conoció como el Frente 1º Armando Ríos y del cual surgió el Frente Carolina Ramírez.

De acuerdo con un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, esta organización ilegal, liderada por alias Danilo Alvizu, atemoriza de manera constante a las comunidades de Piamonte, Puerto Guzmán, San José del Fragua y Curillo, entre Caquetá y Putumayo.

“Se conoce que la citada estructura ha endilgado responsabilidades sobre la adopción de las medidas y el control de la comunidad a lideres y lideresas, a fin de garantizar el cumplimiento de las directrices impartidas de facto por el actor armado ilegal”, dijo en su momento el informe de la Defensoría. A la vez, añadió que, en algunos casos, se les endilga que expidan permisos de ingreso de terceros a la zona y salida de los habitantes de esta región.

Este frente, según la Defensoría, ha creado en estos territorios zonas de aprovisionamiento, campamentos y áreas de repliegue que favorecen la acción armada.

Eso, a juicio de la Defensoría, facilita el movimiento de hombres, armas e insumos para el procesamiento de la hoja de coca, y en general, el desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico a escala internacional.

Las rutas del narcotráfico, el control territorial para la comercialización, producción y transporte de cocaína son algunas de las principales causas por las que los Comandos de la Frontera y el Frente Carolina Ramírez, ambos grupos disidentes de las Farc, se enfrentan en territorio nacional, específicamente, en el departamento de Putumayo, donde el fin de semana pasado 18 personas perdieron la vida por cuenta de dichas disputas criminales.

Además de atemorizar a la población, el frente Carolina Ramírez ha provocado desplazamientos en estos territorios por sus constantes enfrentamientos con Los Comandos de la Frontera, otra peligrosa organización con la que se disputa el control de las rutas del narcotráfico.

Tras este hecho ocurrido en las últimas horas, el presidente Gustavo Petro convocó a un consejo de seguridad, para tomar medidas para evitar que se repitan este tipo de actos que calificó como una “bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario”