Este es el insólito panorama electoral que se avecina: más de 18 municipios y varios departamentos podrían volver a las urnas en el 2025, a elegir alcaldes y gobernadores

El año 2025 promete ser atípico en Colombia. La carrera por la presidencia estaría antecedida por inusuales elecciones territoriales. Al menos 13 poblaciones deberán volver a las urnas para escoger a sus mandatarios por disposición del Consejo de Estado, y la misma suerte correrían 5 municipios, que se encuentran en un voto finish judicial para definir el futuro del poder local.

Serán convocadas a votaciones comunidades de Antioquia, Boyacá, Magdalena, Nariño, Putumayo, Norte de Santander, La Guajira, Cesar, Tolima y Cauca porque los alcaldes habrían cometido irregularidades. Unos hicieron alianzas con políticos que no formaban parte de sus campañas y otros recibieron plata de la nación a pocos meses de las contiendas.

De acuerdo con los datos de la Registraduría, el próximo año será el periodo con más elecciones atípicas reportadas en la última década por cuenta de nulidades electorales y coincidirá con la crisis fiscal que tiene apretadas las billeteras de la nación. Paralelamente, se encenderán los motores de las revocatorias, y el número de votaciones se multiplicaría.

El primer gobernador en caer fue el elegido por el 43 por ciento de los habitantes de Putumayo, Carlos Andrés Marroquín Luna. Los magistrados concluyeron que incurrió en doble militancia bajo la modalidad de apoyo, pues respaldó la campaña a la Asamblea de una candidata del partido Mais cuando su partido, el de La U, tenía una lista propia para esa corporación.

Después de tres meses de silencio, el político habló por primera vez y aseguró que un grupo de personas habría influido en la decisión: “Siento que hay un sesgo político. Los que perdieron las elecciones estaban tratando de que eso fuera posible. No sé en Bogotá cómo se mueva el tema político para lograr este cometido de sacarnos de la Gobernación”.

El Ministerio del Interior designó a José Alfonso Granados Santos, asesor del despacho de Juan Fernando Cristo, como mandatario encargado y convocó a nuevas elecciones para el próximo 9 de febrero.

La campaña ya arrancó y Marroquín Luna se abstuvo de inscribir su candidatura para no caer en posibles confrontaciones legales, aunque también lanzó críticas a la organización de las contiendas: “Pienso que la Registraduría también se vinculó a este proceso de acelerar el calendario electoral para sacar del camino a algunos candidatos que eran exalcaldes, quedamos con muy pocos candidatos”.

Cinco mandatarios regionales están en la cuerda floja por la misma razón y la permanencia en los cargos se definirá en el primer semestre de 2025. Se trata del gobernador de San Andrés, Nicolás Gallardo Vásquez; del Magdalena, Rafael Alejandro Martínez; de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo; del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, y del Cesar, Elvia Sanjuán.

La suerte de los alcaldes

La doble militancia también llevó al Consejo de Estado a anular las elecciones de los alcaldes de Sitionuevo, Magdalena; El Rosario, Nariño; Puerto Guzmán, Putumayo; La Jagua del Pilar, La Guajira; Inzá, Cauca; Duitama, Boyacá, y Coyaima, Tolima. El único pueblo que ha sido llamado a las urnas es Puerto Guzmán para el 9 de febrero, el mismo día en que se escogerá al gobernador.

El alcalde de Iles, Nariño, fue removido del cargo, pues su mamá fue la rectora de una institución educativa de la misma localidad dentro de los 12 meses anteriores a la elección, una violación al régimen de inhabilidades. La Registraduría realizó las elecciones el 3 de noviembre y se impuso Nixon Delio Benavides Champutis, del Partido de la U.

El mandatario de Oiba, Santander, salió de la administración porque se probó la trashumancia de 117 cédulas y se tenía el antecedente de que él ganó por 63 votos de diferencia, por lo que generó ruido su elección.

El gobernador Juvenal Díaz Mateus está a la espera de la notificación para nombrar a un funcionario en encargo y citar a elecciones.

El alcalde de Pamplonita, Norte de Santander, fue revocado por suscribir un contrato con la Gobernación antes de la contienda y ya están agendando la fecha para reemplazarlo. Lo mismo ocurrió con el alcalde de Prado, Tolima, quien disfrutó de un proyecto con la Defensoría del Pueblo antes de ganar la competencia electoral en octubre de 2023.

En el caso del alcalde de Venecia, Antioquia, el pecado fue que su hermano se desempeñó como presidente y representante legal de un acueducto multiveredal en la misma población un mes antes de las elecciones. El gobernador Andrés Julián Rendón convocó a los habitantes para elegir a un nuevo mandatario el próximo 29 de diciembre.

Están enredados ante el Consejo de Estado por doble militancia los alcaldes de Apartadó, Antioquia; Puerto Libertador, Córdoba; Girón, Santander, y Bucaramanga. El alcalde de Palocabildo, Tolima, podría perder el cargo, pues quemaron los votos en el conteo, y el de El Carmen de Apicalá es cuestionado por un contrato público antes de la elección.

En estas localidades hay una compleja situación política y administrativa que se podría agravar con el paso de los meses. Veedores ciudadanos han señalado que algunos mandatarios cuestionados habrían activado supuestas maquinarias para asignar contrataciones masivamente antes de que el Consejo de Estado tome la última palabra.

Incertidumbre en Bucaramanga

La situación del área metropolitana de Bucaramanga es inusual. Los alcaldes de los municipios están enredados por doble militancia y la gobernabilidad estaría pendiendo de un hilo. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander tumbó las elecciones de Jaime Andrés Beltrán Martínez y de Campo Elías Ramírez Padilla, de Girón.

Los magistrados determinaron que Beltrán Martínez promocionó las candidaturas al Concejo de seis personas ajenas a su colectividad y lo mismo hizo Ramírez Padilla en su población. Aunque hay grabaciones y publicaciones en redes sociales que prueban la irregularidad, los dos reprocharon las conclusiones de los togados y apelaron ante el Consejo de Estado.

El fantasma de la doble militancia también persigue al alcalde de Piedecuesta, Óscar Javier Santos Galvis, quien espera un fallo del Tribunal. Los demandantes piden anular su elección, pues, si bien fue avalado por el Partido Liberal y armó una coalición con el Centro Democrático y Aico, les hizo campaña a los candidatos al Concejo de todas las colectividades cuando el Liberal tenía aspirantes propios.

En el caso del alcalde de Floridablanca, el Tribunal del departamento ya dejó en firme su elección en primera instancia, en un proceso relacionado con aportes de familiares a su campaña.

El Comité Intergremial de Santander mostró preocupación por el futuro de los municipios, pidió que el desarrollo de la región no se paralice por estos inconvenientes e instó a la sociedad civil a respaldar los planes de gobierno que ganaron en las urnas en octubre de 2023 ante las altas probabilidades de que los titulares sean expulsados de los cargos.

“El desarrollo de la ciudad metropolitana debe continuar. Hacemos un llamado para evitar la parálisis. El resto de las principales ciudades del país nos están tomando ventaja. Los actuales mandatarios poseen la legitimidad otorgada por la ciudadanía a través del voto y sus planes de desarrollo son la base de la gestión de las respectivas Alcaldías”, manifestó la agremiación.

El alcalde de Bucaramanga ya tendría decantado su futuro. En medio de la rendición de cuentas de su primer año de administración, sorprendió a la ciudadanía: “Vamos a estar aquí hasta que Dios lo determine. Si les incomoda verme trabajando duro por mi ciudad, pues me tendrán que aguantar hablando y luchando por Colombia entera. Si no quieren un alcalde, tendrán un candidato presidencial”.

En el caso de Beltrán Martínez, son 11 pruebas las que lo involucran con la doble militancia y los demandantes tienen la certeza de que saldrá del cargo en 2025.

Por ejemplo, hay dos videos en los que aparece con Edisson Ferney López Casallas, entonces candidato del Centro Democrático al Concejo, y Jaime Andrés Beltrán afirmó: “Estamos acá, en la comuna 14, con nuestro concejal Edisson, caminando, hablándoles a los bumangueses. Esta ciudad la vamos a recuperar con autoridad, con mano dura, con carácter. Centro Democrático, lo conocen y lo saben, número 2, muy fácil”.

En el segundo segmento, él agregó: “Cuando vaya al tarjetón, jóvenes, hombres, mujeres, todos aquellos que creen en la seguridad, que creen en que hay que reactivar la ciudad con oportunidades y que creen en la recuperación de valores y principios, aquí hay un gran líder, él es Edisson, y es muy fácil votar por él, solo es marcar en Centro Democrático la equis y en el número 2. Vamos a ser equipo, vamos a recuperar Bucaramanga”.

La acusación es que López Casallas no pertenecía a la coalición de Beltrán Martínez, como tampoco los otros cinco aspirantes del Partido de la U beneficiados con el espaldarazo del Bukele colombiano, como se le distingue al político santandereano.

¿No castigar por apoyos?

El abogado Hollman Ibáñez Parra, experto en derecho electoral, anticipó que el Consejo de Estado tendría que anular las elecciones de la mitad de los alcaldes de Colombia si cumple al pie de la letra con el concepto de doble militancia bajo la modalidad de apoyo, pues la mayoría de las campañas buscan aliados y coaliciones para poder gobernar.

“La doble militancia en modalidad de apoyo es exagerada, porque los candidatos empiezan a construir su equipo de gobierno desde las campañas para poder contar con una mayoría en la duma departamental o en el Concejo. Aplicarla tan a rajatabla, que usted no puede apoyar a otros candidatos que no sean de su partido, no consulta a la realidad”, afirmó el jurista.

Su teoría es que se debería eliminar esta infracción del código, pues, así no se hagan a la vista pública, se están realizando acuerdos debajo de las mesas. Lo mismo piensa el gobernador por Putumayo, Carlos Andrés Marroquín Luna, quien se tuvo que despedir del cargo cuando se descubrió que respaldó a una candidata del partido Mais a la Asamblea.

“La doble militancia es algo que, a mi juicio, debe eliminarse de las leyes de la República porque no se puede prohibirle a la gente que lo apoye a uno. No se puede, prácticamente, hablar con candidatos de otros partidos. Me parece una decisión injusta. Eso es ir en contravía del voto del pueblo, de las mayorías. Pienso que el voto debería ser el supremo para poder elegir a una persona”, agregó el político.

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, exmagistrada del Consejo de Estado, reconoció que la declaratoria de nulidad electoral por modalidad de apoyo tiene unos conceptos tan abiertos que ha llevado a los jueces a hacer sus propias interpretaciones.

Ella explicó que el escenario no es complejo cuando un candidato es avalado por un solo partido, porque allí se tiene presente que debe ser fiel a su colectividad. La situación es más difícil cuando la persona es respaldada por diferentes agrupaciones políticas.

“En mi opinión estrictamente académica, se requiere de intervención legislativa para morigerar esta avalancha de nulidades electorales, que corresponden a la ausencia de tal intervención, siendo necesario evaluar el costo político y económico que tal consecuencia genera en nuestro sistema democrático. Téngase en cuenta que los jueces actúan con las herramientas normativas que se les entregan por parte del legislador”, afirmó la exintegrante de la Comisión Quinta del alto tribunal.

Ahora bien, 2025 se perfila como un año de grandes desafíos y cambios en el ámbito regional en Colombia, marcado por la incertidumbre y la complejidad jurídica.

Las elecciones atípicas y los posibles procesos de revocatoria pondrán a prueba la estabilidad política de numerosos territorios, y la multiplicidad de conflictos electorales devela las tensiones existentes entre la normativa y las prácticas políticas en el país.