Este es el plan del Gobierno para evitar actos de corrupción en elecciones regionales, ¿de qué se trata?

En octubre de este año, los colombianos deberán acudir a las urnas para las elecciones regionales, en las que se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

A pesar de que aún falta tiempo para estos comicios, los órganos de control, el Consejo Nacional Electoral y el Gobierno Nacional encendieron desde ya las alarmas para evitar posibles actos de corrupción en medio de este proceso, en el que algunos mandatarios locales suelen aprovechar el poder de contratación con el que cuentan para tratar de influir en los resultados.

Para evitar estas situaciones, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, anunció que el Gobierno tendrá varios frentes de trabajo con el fin de detectar las amenazas a tiempo.

“En el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) monitoreamos las contrataciones públicas en las regiones, con el fin de identificar posibles atipicidades previas a los comicios, generar alertas tempranas y evitar que el presupuesto público termine en campañas políticas”, explicó Idárraga.

Igualmente, anunció que la administración de Gustavo Petro prepara un botón de alertas para contratistas de la administración pública quienes son constreñidos, en etapa electoral, para movilizar electores, llenar reuniones, difundir publicidad y buscar votos, entre otros.

“Este Botón de Alertas, que se implementará desde el Portal Anticorrupción de Colombia, lo articularemos con la plataforma URIEL del Ministerio del Interior, de la cual somos parte, para coordinar aspectos tecnológicos y jurídicos”, explicó el funcionario.

Idárraga les solicitó a la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía: “Una vez tengamos claro dónde están esas alertas, en clave de la acción preventiva, estemos atentos a estos presuntos actos de constreñimiento”.

Alertas en el CNE

En el Consejo Nacional Electoral, también las alertas están encendidas por la alarmante cifra de inscripción de cédulas en algunos municipios del país.

Lejos de mostrar un gran interés por la democracia, la desproporción que se presenta en varios territorios podría mostrar que algunos avivatos están aprovechando este período para engañar a algunos ciudadanos para que inscriban su cédula en una ciudad distinta de la que residen o trabajan, a cambio de algún incentivo.

Esto es lo que se conoce como trashumancia o trasteo de votos y es un delito castigado con penas de cárcel.

Mediante la Ley 599 de 2000, por medio de la cual se expidió el Código Penal Colombiano vigente, se tipifica como delito esta conducta en el artículo 389, el cual dispone: “El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses”.

La trashumancia electoral es conocida como “trasteo de votos” y es calificada por las altas cortes como una práctica maligna y antigua que es preciso combatir y eliminar.

Ante las denuncias, el CNE abrió en las últimas horas investigación de oficio por la presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía, con el propósito de frenar un posible trasteo para la jornada del próximo 29 de octubre.

Según el reporte revelado por el organismo electoral, el caso más dramático es el de Morichal, un pequeño municipio del Vaupés que hasta octubre del año pasado tenía un potencial electoral (personas habilitadas para votar) de 180 sufragantes, y donde solo en los últimos seis meses se han inscrito 336 personas, es decir un crecimiento del 186 % en el potencial electoral. ¿A qué se debe el inusitado interés por ir a votar a este territorio?